A pocas semanas de asumir la Presidencia de la República, Abelardo De La Espriella encendió las alertas sobre los procesos de contratación que actualmente adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP) y pidió la intervención de la Procuraduría General de la Nación para vigilar de cerca varias de estas actuaciones.
A través de un comunicado oficial, el mandatario electo informó que instruyó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, para presentar una solicitud formal ante el procurador general, Gregorio Eljach, con el fin de que el organismo ejerza una vigilancia preventiva y urgente sobre contratos que considera sensibles para la seguridad del Estado.
Según explicó De La Espriella, la petición busca garantizar transparencia en procedimientos que involucran recursos públicos y aspectos relacionados con la protección de altos funcionarios del próximo gobierno.
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Uno de los procesos que genera mayor preocupación para el equipo de empalme corresponde a la Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, una contratación que supera los 78.000 millones de pesos y cuyo objetivo es asegurar la prestación del servicio de escoltas para el esquema de protección del presidente electo y de los integrantes del gabinete que asumirá funciones a partir del 7 de agosto.
El futuro jefe de Estado señaló que la vigilancia preventiva de la Procuraduría permitirá verificar que las actuaciones se desarrollen con apego a la ley y bajo criterios de transparencia, dada la relevancia estratégica de los servicios que serán contratados.
La solicitud se produce en medio del proceso de transición entre el gobierno saliente y la administración entrante, un escenario en el que la seguridad presidencial y ministerial se ha convertido en uno de los temas prioritarios de la agenda de empalme.
Por ahora, se espera que la Procuraduría evalúe la petición y determine si inicia un acompañamiento especial a los procesos contractuales que adelanta la UNP antes de la posesión del nuevo Gobierno.
