La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los riesgos que podría acarrear la instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Tibú, anunciada recientemente por el Gobierno nacional como parte de su estrategia de paz con el frente disidente 33 de las Farc.

Durante una visita a Cúcuta, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, aseguró que aunque la decisión tiene respaldo legal y se alinea con los propósitos de la Ley de Paz Total, su implementación en el Catatumbo, una de las regiones más afectadas por la confrontación armada, debe ser evaluada con mayor rigor.

«Tenemos esperanza, sí, pero también inquietudes muy claras«, manifestó Marín desde la Quinta Teresa, donde sostuvo encuentros con autoridades locales y representantes sociales.

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Uno de los puntos críticos señalados por la funcionaria es que, según la información disponible, la ZUT no contemplaría un proceso previo de dejación de armas, lo que podría escalar las tensiones entre estructuras armadas como el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc, que hoy se disputan el control territorial en Tibú y zonas vecinas.

Además, la Defensoría alertó que la medida podría aumentar el riesgo para comunidades estigmatizadas y afectadas por desplazamientos, confinamientos y ataques recientes. Por ello, pidió que se adopten acciones preventivas inmediatas para garantizar la seguridad y los derechos de la población civil.

«No estamos objetando la legitimidad de la decisión, pero sí hacemos un llamado a mirar el contexto real del territorio«, subrayó la defensora.

El llamado de la Defensoría del Pueblo se suma a las voces que han pedido al Gobierno actuar con responsabilidad y enfoque diferencial en una región donde, lejos de haberse superado, la violencia se mantiene activa y las comunidades siguen pagando el precio del conflicto.

Extenso informe de la crisis en la región

La Defensoría del Pueblo dio a conocer su más reciente informe, ‘El Catatumbo después de la crisis: desafíos en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario‘, en el que advierte sobre la emergencia humanitaria más grave registrada en Colombia desde que existen cifras oficiales.

Entre el 16 de enero y el 28 de abril de 2025, se contabilizaron en esta subregión del norte de Santander 64.783 personas desplazadas forzosamente, 12.913 confinadas y 117 homicidios, además de múltiples infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), atribuibles principalmente a la acción de grupos armados ilegales.

La magnitud de la crisis queda en evidencia al comparar estas cifras con los 25.611 desplazamientos forzados ocurridos en todo el país durante el 2024.

El informe señala que el conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 33 de las disidencias de las extintas Farc ha escalado de forma inédita, agudizando el conflicto armado interno en la región. A pesar de la declaratoria de conmoción interior por parte del Gobierno Nacional, la respuesta estatal no ha logrado contener las violencias ni garantizar los derechos fundamentales de la población civil.

La Defensoría advirtió sobre tres escenarios de riesgo que agravan la situación en el Catatumbo:

*Intensificación de la disputa territorial: Tibú y El Tarra registran los mayores niveles de violencia, con uso de métodos de guerra no convencionales.

*Consolidación del control del Eln: El grupo insurgente ha afianzado su presencia en Ocaña, Convención y Sardinata, ejerciendo control social y limitando libertades básicas.

*Posible ingreso del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC): Esta estructura podría extender su accionar desde el sur del Cesar, Bolívar y el Magdalena Medio hacia el Catatumbo.

Otros hallazgos críticos

El informe documenta también prácticas que constituyen graves violaciones a los derechos humanos:

*Uso de drones explosivos, minas antipersonal y armamento cerca de escuelas y zonas pobladas.

*Casos de violencia sexual, trata de personas y trabajo forzado. Al menos 62 mujeres han presentado denuncias, y se identificaron «campos de resocialización» utilizados por actores armados.

*Persistencia del reclutamiento forzado de menores: 42 niñas, niños y adolescentes fueron desvinculados entre enero y febrero.

*Desprotección de líderes sociales, comunidades indígenas –particularmente el pueblo Barí– y firmantes del Acuerdo de Paz.

De los 464 firmantes de paz que había en el Catatumbo en diciembre de 2024, solo 41 permanecían en marzo de este año en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Caño Indio. Según la Defensoría 223 han sido desplazados junto con sus familias, 172 se encuentran confinados, 18 fueron trasladados por razones de seguridad, seis han sido asesinados y dos están desaparecidos.

Recomendaciones clave de la Defensoría

El informe plantea una serie de recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales, territoriales y organismos internacionales para enfrentar la crisis:

*Garantizar el retorno seguro y digno de las comunidades desplazadas.

*Proteger a líderes sociales, pueblos étnicos y firmantes del Acuerdo de Paz.

*Reforzar la acción humanitaria con enfoque diferencial.

*Fortalecer la Fuerza Pública, asegurando el respeto al DIH y los DD. HH.

*Implementar rutas de protección para docentes, víctimas de trata de personas y menores en riesgo de reclutamiento.

*Avanzar en la caracterización y atención integral de víctimas.

*Esclarecer la finalidad de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de integrantes del Frente 33.

*Desestigmatizar a organizaciones sociales y funcionarios públicos señalados sin fundamento.

*Acompañar la judicialización de responsables y apoyar a la Fiscalía en las investigaciones.

*Implementar el Decreto 137 de 2025 y formalizar el Pacto Social del Catatumbo, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo.

Gobernador de Santander pide no bajar la guardia

#Bucaramanga l El gobernador de Santander @GralJuvenalDiaz precisó que no ve viable mover en poco tiempo al Catatumbo las estructuras de las Farc del Magdalena Medio, para que se ubiquen en la zona temporal donde se instalará el frente que está en proceso de paz con el Gobierno. pic.twitter.com/pvN5o4WY40

— Metropolitano Noticias (@metropolitano_X) May 6, 2025

Refiriéndose a la concentración de guerrilleros de las Farc en el Catatumbo, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, considera que el tiempo de traslado a Tibú de todas las disidencias de las Farc es muy corto, porque la resolución de cese al fuego se dio por un mes y ya han transcurrido casi dos semanas.

«Creo que eso va a aplicar para las disidencias de Norte de Santander que sufrió unos golpes muy fuertes por parte del Eln. Ellos se van a concentrar en un sitio y creo que mover (los guerrilleros) del Magdalena Medio en 15 días no va a ser posible. Nosotros seguimos con el problema en el Magdalena Medio porque allá están las disidencias queriéndose meter a Santander y el Eln peleando con el Clan del Golfo, y con los dos últimos no hay ningún proceso», concluyó el funcionario, exgeneral del Ejército.