Una red que habría utilizado empresas legalmente constituidas para importar toneladas de sustancias químicas y abastecer laboratorios de cocaína en el nororiente del país fue desarticulada por la Fiscalía, que judicializó a seis presuntos integrantes de la organización con operaciones en Norte de Santander (Catatumbo) y Cesar.
La investigación estableció que la estructura adquiría productos químicos en China y otros países de Suramérica, pero en lugar de distribuirlos a través de los establecimientos autorizados, los trasladaba a depósitos clandestinos en Ocaña y Aguachica.
Desde estos municipios, los insumos serían enviados a laboratorios para el procesamiento de cocaína en el Catatumbo y el sur de Bolívar, territorios donde tienen presencia estructuras armadas ilegales como el Eln.
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Según las pesquisas, la organización utilizaba dos empresas como fachada para realizar las importaciones y facilitar el movimiento de los productos químicos controlados.
Para evitar que las autoridades detectaran el verdadero destino de la mercancía, los integrantes de la red presuntamente registraban exportaciones ficticias hacia Venezuela, operaciones que no eran reportadas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
La Fiscalía señaló que los involucrados tenían responsabilidades específicas dentro de la estructura, desde la financiación y adquisición de los insumos hasta su transporte y almacenamiento.
De acuerdo con el material probatorio, Yorjan Palacio Villalba sería el encargado de dirigir y financiar la organización, además de gestionar las importaciones mediante las empresas utilizadas para encubrir las operaciones.
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Wilson Castillo Lindarte presuntamente coordinaba las rutas y los mecanismos para ocultar el recorrido de los productos químicos, mientras que Calderón Martínez apoyaba la logística.
Sebastián Contreras Tamayo habría participado en el acondicionamiento de los cargamentos, el retiro de etiquetas y la coordinación de los procedimientos de cargue. Javier Angarita y Yesid Franco Ramírez, por su parte, estarían vinculados al transporte de las sustancias hacia los depósitos clandestinos.
La Fiscalía les formuló cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.
Ninguno de los seis procesados aceptó los señalamientos. Sin embargo, un juez de control de garantías ordenó que todos fueran enviados a establecimientos carcelarios mientras avanza el proceso judicial.


