Con altas expectativas y bajo la presión de los bloqueos que mantienen paralizada buena parte de Santander, este lunes se instaló en Bogotá la Mesa Nacional de Negociación y Concertación entre líderes del paro catastral, autoridades regionales y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
El encuentro, que comenzó sobre las 10:00 a. m. en la sede principal del IGAC, es visto como un punto de quiebre en la crisis, al reunir al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus; al alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez Calderón —uno de los municipios más impactados por las protestas—, y a una delegación de entre seis y siete voceros del comité del paro.
La principal apuesta de los manifestantes y de la delegación santandereana será lograr la derogatoria de la resolución 2057 de 2025, que fija los incrementos en los avalúos catastrales rurales en todo el país y que ha sido el detonante de las protestas.
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Desde el Gobierno nacional, el director del IGAC, Alfonso Marulanda, ha defendido la medida señalando que busca actualizar los valores comerciales de los predios con vigencia a 2026, luego de un rezago que en algunas zonas supera los 30 años.
En medio de este pulso, el gobernador Díaz Mateus acordó asistir a la reunión acompañado de siete delegados del comité del paro, en una estrategia que busca dar legitimidad a las discusiones y abrir la puerta a soluciones concertadas.
De manera paralela, se planteó la creación de un equipo técnico regional que comenzaría a trabajar desde ya en la estructuración de una nueva resolución del IGAC para Santander, con la que se podrían ajustar los avalúos en casos específicos, como predios con afectaciones geográficas o baja productividad.
“Se debe conformar un equipo que empiece a estructurar una resolución regional que permita bajar los avalúos en situaciones particulares”, explicó el mandatario departamental, quien insistió en la necesidad de avanzar en soluciones diferenciadas.
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La conformación de esta delegación se dio tras acuerdos del Comité Nacional del Catastro, que definió la participación de representantes locales dentro de un listado nacional que llevará las principales inquietudes de las regiones a la mesa de diálogo.
En este equipo también se contempla la participación de entidades públicas, como la Secretaría de Planeación de Santander, en cabeza de Diego Arturo Tamayo, con el fin de aportar criterios técnicos a las posibles modificaciones.
Mientras tanto, en Santander crece la expectativa por los resultados de esta reunión, que podría marcar el inicio de una salida negociada a una crisis que ha golpeado la movilidad, la economía y el abastecimiento en el departamento.
El desarrollo de la mesa en Bogotá será determinante para definir si se logra destrabar el conflicto o si, por el contrario, las protestas continúan escalando en los próximos días generando en Santander pérdidas diarias por más de $120 mil millones.
