La investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 entró en una nueva fase de tensión política y jurídica. Dos de los tres representantes encargados de analizar el caso solicitaron formalmente vincular al mandatario mediante diligencia de indagatoria, mientras que el tercer investigador concluyó que no existen méritos para abrir una investigación formal en su contra.

La controversia quedó plasmada este miércoles con la radicación oficial de las conclusiones de la investigación preliminar adelantada durante casi dos años en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, proceso que examinó posibles irregularidades en la financiación de la campaña que llevó a Petro a la Presidencia.

El representante Alirio Uribe, quien lideró el triunvirato investigador, presentó un documento en el que reconoce la existencia de irregularidades dentro del proceso de financiación, pero considera que no hay elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal al jefe de Estado.

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En su concepto, el expediente no permite establecer una conducta que justifique abrir una investigación formal contra el mandatario. Por esa razón, solicitó emitir una resolución inhibitoria y cerrar las actuaciones en materia penal a favor de Gustavo Petro.

Sin embargo, la postura no fue compartida por los representantes Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, quienes radicaron un salvamento de voto en el que piden continuar el proceso y vincular formalmente al presidente mediante diligencia de indagatoria.

Los congresistas argumentan que, como candidato presidencial, Petro tenía una responsabilidad directa sobre la transparencia financiera de su campaña. En el documento señalan que esa obligación está respaldada por la legislación electoral, que establece una responsabilidad solidaria entre el aspirante y quienes administran los recursos de la campaña.

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Según el salvamento de voto, aunque las funciones de control financiero hubieran sido delegadas en el gerente, el tesorero o el auditor de campaña, dicha delegación no elimina la responsabilidad del candidato frente a eventuales irregularidades cometidas por sus colaboradores.

La diferencia de criterios deja ahora a la Comisión de Acusaciones frente a una compleja discusión jurídica. Mientras uno de los investigadores considera que no existen fundamentos para avanzar contra el mandatario, los otros dos sostienen que sí hay elementos que justifican su vinculación formal al proceso.

Con la radicación de ambos documentos, también se solicitó programar para la próxima semana el debate en el que la Comisión deberá definir cuál de las dos posiciones prevalece. La decisión será determinante para el futuro de una de las investigaciones más sensibles que enfrenta actualmente el presidente Gustavo Petro y que mantiene la atención de los sectores políticos y jurídicos del país.