El Gobierno de Ecuador admitió que la bomba hallada en la frontera con Colombia, en zona rural de Ipiales (Nariño), fue lanzada por sus Fuerzas Armadas durante una operación militar, aunque insistió en que no hubo intención de afectar territorio colombiano.
La información fue entregada por el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, tras una reunión con su homólogo ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo Rendón, y altos mandos militares del vecino país. Según explicó, el encuentro permitió esclarecer lo ocurrido y mantener un diálogo “productivo, respetuoso y franco” entre ambas naciones.
De acuerdo con lo expuesto, el pasado 3 de marzo las Fuerzas Armadas ecuatorianas realizaron un bombardeo en el sector conocido como La Isla, en la provincia de Sucumbíos, muy cerca de la frontera con Colombia. El artefacto hallado días después en territorio colombiano correspondería a uno de los explosivos utilizados en esa operación.
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Aunque el impacto inicial ocurrió en suelo ecuatoriano, donde quedó la espoleta, la bomba no detonó y terminó apareciendo en el corregimiento Jardines de Sucumbíos, donde fue reportada por la comunidad el pasado 16 de marzo.
Frente a este hecho, las autoridades manejan dos posibles hipótesis: que el artefacto haya rebotado accidentalmente hacia territorio colombiano tras el lanzamiento, o que haya sido trasladado posteriormente por terceros desde el punto de impacto.
Por su parte, el Ministerio de Defensa de Ecuador sostuvo que la operación se desarrolló dentro de su jurisdicción y en el marco de un conflicto armado no internacional, por lo que la calificó como legítima. No obstante, ambos países acordaron conformar una comisión técnica binacional que permita verificar en terreno las circunstancias en las que el explosivo terminó en Colombia.
El artefacto ya fue destruido de manera controlada por tropas colombianas, mediante un procedimiento que incluyó su enterramiento y posterior detonación con contracarga para evitar riesgos a la población.
El episodio se suma a las tensiones recientes entre los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa, en medio de una crisis fronteriza que también ha estado marcada por medidas comerciales recíprocas entre ambos países.




