El 13 de septiembre se conmemoraron tres años del fallecimiento de Alonso Cárdenas Pinilla, un excolaborador de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, seccional Bucaramanga, quien fue despedido de su cargo tras 23 años de servicio y en medio del padecimiento de un cáncer en etapa terminal.
En medio de su lamentable situación el trabajador emprendió una disputa por sus derechos, pero falleció en plena contienda legal y la compensación a su viuda se redujo a escasos 13 millones de pesos.
El caso Cárdenas marcó la historia laboral de la universidad y dejó al descubierto una serie de presuntas irregularidades administrativas durante la rectoría del presbítero Gustavo Méndez Paredes, al frente de la seccional por tres periodos, que estuvieron marcados por varias controversias: sectores estudiantiles lo acusaron de represiones y algunos trabajadores de persecución. Además, una decisión trascendental que tomó terminó causando un grave impacto ambiental en el campus universitario.
Vinculado a la institución desde el 10 de febrero de 1999, Cárdenas trabajó en la universidad por más de dos décadas, en las cuales ascendió desde el cargo de auxiliar de servicios hasta desempeñarse como Tecnólogo de Planta Física, con la responsabilidad de administrar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, de la sede campestre.
Sin embargo, su despido en enero de 2022 lejos de ser una reestructuración ordinaria constituyó una medida contundente contra una persona en situación de alta vulnerabilidad. Más que un yerro en el trámite, su salida respondió a la visión administrativa trazada bajo la rectoría del padre Méndez, en la que el rendimiento financiero primó sobre el amparo a un colaborador con quebrantos de salud.
METROPOLITANO tuvo acceso al expediente judicial que encaró Alonso Cárdenas contra la Universidad Pontificia Bolivariana, que reconstruye decisiones de la rectoría que derivaron en denuncias de persecución sindical, el reemplazo de personal especializado por contratistas externos y las consecuencias del desmonte de una infraestructura indispensable para el campus universitario como la PTAR.
23 años de trabajo y un despido injustificado
El 7 de marzo de 2026, el padre Gustavo Méndez Paredes concluyó su gestión de nueve años al frente de la rectoría de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Su salida se produjo en medio de cuestionamientos y acciones legales motivadas por denuncias de persecución a estudiantes, daños ambientales y presunto acoso laboral.
Una de las denuncias más graves es el caso del que se ocupa este informe, que terminó trágicamente con el fallecimiento de un trabajador de la prestigiosa entidad académica.
Aunque en sus tres periodos consecutivos como rector la universidad obtuvo logros importantes como la Acreditación de Alta Calidad Multicampus o la modernización académica a través de planes de transformación curricular y fortalecimiento de la investigación en el campus, bajo la rectoría de Méndez en la UPB Bucaramanga se implementó una reestructuración sistemática de infraestructura técnica.
- Tres recientes investigaciones de Metropolitano:
- Los líos de Metrolínea para reconstruir siete estaciones: $12 mil millones, un contratista cuestionado
- El guiño a Omar Lengerke: clan Tavera mueve primeras fichas mirando a la Gobernación de Santander
- Caso UNGRD: el aval a Elkin Bueno, mil millones y el control del hospital del Magdalena Medio
La transición en la sede de la UPB lejos de ser un proceso meramente administrativo ha revelado una fractura entre los valores misionales de la institución y sus prácticas operativas.
Ese fue el mensaje principal de un histórico plantón estudiantil realizado en abril de 2022 que buscaba respaldar a docentes y empleados ante las presiones de las directivas.
En el mitin la comunidad universitaria exigía garantías para la libre asociación sindical y el cese de los despidos injustificados que, según denunciaban, afectaron a personal bajo la rectoría de la época.
El caso de Alonso Cárdenas Pinilla reflejó al pie de la letra las denuncias. Cárdenas se vinculó a la UPB el 10 de febrero de 1999, mediante contrato de trabajo a término fijo a un año. Dedicó 23 años de su vida a la universidad, escalando desde auxiliar de servicios hasta convertirse en Tecnólogo de Planta Física, responsable de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, en el campus.
Aunque su contrato se pactó a término fijo, siempre se renovaba cada año. Sin embargo, la estabilidad laboral de Cárdenas en la Pontificia Bolivariana empezó a verse amenazada al finalizar la pandemia cuando el entonces rector Méndez dio la orden de acabar con la PTAR argumentando que la sede estaba sin utilizarse por cuenta de las medidas preventivas por el COVID.
“El rector Méndez sabía que don Alonso estaba respaldando la propuesta para crear un sindicato en la Universidad y dio la orden de desmantelar la PTAR y venderla como chatarra con la excusa de que no habían ni estudiantes, ni trabajadores yendo al campus, estábamos en teletrabajo. Entonces, sin PTAR ya no había puesto para don Alonso y así sucedió”, contó a METROPOLITANO un funcionario que tuvo conocimiento del desmonte de la PTAR y la venta de los materiales inservibles.
El 8 de junio de 2021 Cárdenas Pinilla se inscribió formalmente a la Asociación Sindical de Trabajadores de la Universidad Pontificia Bolivariana, Asintupb, intentando blindar jurídicamente sus derechos laborales.
- Le puede interesar: Tres colegios de Bucaramanga, una promesa incumplida y una costosa deuda
En julio de 2021 Alonso Cárdenas inició chequeos médicos por la aparición de una masa extraña en su pierna derecha. Su estado médico se deterioró tan rápido que el 5 de agosto de ese mismo año tuvo que someterse a una intervención quirúrgica para extirpar el tumor que tenía en su pierna.
Un mes después, el 17 de septiembre de 2021, Cárdenas fue elegido como integrante de la junta directiva del sindicato, lo que le dio un fuero especial.
Sin embargo, a pesar de su condición como directivo sindical e incluso las buenas calificaciones en evaluaciones de desempeño, la universidad, con el aval del exrector Méndez, decidió dar por terminado su contrato, después de 23 años de servicio, todo bajo el argumento de una “reestructuración” administrativa derivada del desmonte de la PTAR.
- Lea también: Pulso de poder en la CDMB por licencia ambiental para el Anillo Vial Externo Metropolitano
Demandas y muerte
El despido de Alonso Cárdenas no fue una simple «reestructuración«; habría sido un golpe calculado contra un hombre en estado de vulnerabilidad extrema.
El destino de Cárdenas no fue un error procedimental, sino la consecuencia de una visión estructural impuesta por la rectoría de la época en la que la eficiencia económica se impuso sobre la protección de un trabajador enfermo.
Aunque en Colombia, la estabilidad laboral reforzada es un mandato constitucional diseñado para evitar que la enfermedad sea causa de descarte. La UPB, ignorando la protección al trabajador en debilidad manifiesta, procedió a su desvinculación sin la autorización del Ministerio del Trabajo, desencadenando un litigio que sacó a la luz las irregularidades administrativas que se venían cometiendo.
Por lo anterior, Alonso Cárdenas comenzó una serie de estrategias jurídicas para tratar de recuperar su trabajo hasta cumplir la edad de pensión. El 31 de agosto de 2022 el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga admitió la demanda ordinaria laboral de Alonso Cárdenas Pinilla contra la UPB por despido injustificado.
En la querella, conocida por METROPOLITANO, Cárdenas solo tenía una solicitud: ser reintegrado en sus labores para poder pensionarse.
De acuerdo con la demanda, la terminación unilateral del contrato habría tenido una doble motivación: además de su estado de salud, el trabajador representaba una ‘piedra en el zapato’ para la rectoría por su rol activo en la Asociación Sindical De Trabajadores de la Universidad Pontificia Bolivariana, Asintupb.
- Le puede interesar: Caso estadio Alfonso López: la pieza que falta en un gran entramado de corrupción en Santander
La demanda destaca que su despido ocurrió en el marco de un fuero circunstancial, dada la inminencia del inicio de negociaciones colectivas.
Al decapitar una parte de la dirigencia de Asintupb en un momento tan crítico, la rectoría no solo vulneró el derecho al trabajo, sino que ejecutó un acto de amedrentamiento contra la libertad de asociación, debilitando la voz de los trabajadores frente a las reformas administrativas que se realizaban.
Mientras el proceso comenzaba a surtir su trámite correspondiente en los juzgados laborales, Alonso Cárdenas tuvo otra intervención quirúrgica para la amputación de su pierna derecha.
A pesar de ello, la defensa de la Universidad Pontificia Bolivariana, representada por el abogado Carlos Andrés Peña, sostuvo en el trámite de la demanda que la institución solo había conocido la patología de Cárdenas el 11 de enero de 2022, es decir, un mes después del preaviso de la terminación unilateral del contrato de Alonso Cárdenas.
No obstante, METROPOLITANO revisó documentos del sistema interno de la universidad que contradicen la narrativa de la rectoría y, por el contrario, dejan en evidencia que la institución educativa tenía pleno conocimiento sobre el estado de salud de su exempleado.
- Julio de 2021: el jefe inmediato, Juan Carlos Villadiego Dominguez, aprobó permisos para «cita examen médico – radiografía».
- Agosto a noviembre de 2021: el sistema registró y autorizó múltiples salidas para «cirugía», «curación post-cirugía» y «quimioterapia».
- 8 de noviembre de 2021: el director de Planeación, Nelson Enrique Moreno Gomez, aprobó explícitamente una movilidad bajo el concepto de «cita médica oncología».
En otras palabras, mientras la universidad enviaba el preaviso de terminación de contrato el 13 de diciembre de 2021, sus directivos ya habían validado en sus plataformas digitales que Cárdenas luchaba contra un Rabdomiosarcoma pleomórfico, un tumor maligno infiltrante diagnosticado por el doctor Eduardo Javier Arias Quiroz. Negar el conocimiento de la enfermedad no fue un descuido; fue una estrategia jurídica para evadir la protección constitucional.
La batalla judicial de Alonso Cárdenas fue, en última instancia, una carrera contra el tiempo y contra la muerte. Mientras la UPB dilataba el proceso con nulidades y tecnicismos, la salud de Cárdenas se desvanecía.
Finalmente, a pesar de las pruebas testimoniales y documentales, Cárdenas no pudo ser reintegrado a su empleo en la UPB Bucaramanga, el 13 de septiembre de 2023 murió en medio de su lucha contra el sarcoma que las directivas de la época fingieron no conocer.
Le puede interesar: El nepotismo de John Abiud Ramírez desde su poderoso cargo en la Cámara de Representantes
Justicia póstuma y el precio de una vida
Una semana después, el 22 de septiembre de 2023, Nohora Milena Manjarrez, esposa de Alonso Cárdenas, solicitó la sucesión procesal debido al fallecimiento de su cónyuge con el fin de que el caso no quedara en nada y defender sus derechos. El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga la reconoció como sucesora procesal del fallecido.
Ya como sucesora procesal, Manjarrez presentó ante el despacho una solicitud de indemnización y reparación a su familia por los perjuicios causados por la terminación unilateral e injustificada de su difunto esposo.
En la demanda, Manjarrez solicitaba el pago de una indemnización de 30 millones de pesos, lo que representa apenas un millón trescientos mil pesos por cada año de servicio de su esposo a la universidad.
No obstante, para la Universidad Pontificia Bolivariana, representada por Carlos Andrés Peña Moreno y Margarita Rosa Arredondo Lobo, el monto solicitado por la viuda de Cárdenas era «extravagante» por lo que hicieron una contrapropuesta de entregar 10 millones de pesos.
Tras media hora de audiencia, finalmente la UPB Bucaramanga subió su oferta a 13 millones de pesos. “Es lo máximo que podemos pagar y se los consignamos mañana mismo a su cuenta”, afirmó el abogado Peña apoderado de la UPB durante la diligencia.
Aunque inicialmente había rechazado la propuesta, finalmente la señora Manjarrez Hernández aceptó la oferta de 13 millones de pesos, “Quiero cerrar este ciclo”, manifestó con resignación.
El Juzgado aprobó el acuerdo conciliatorio, dando por terminado y archivado el proceso. El 23 de abril de 2024, el Tribunal Superior de Bucaramanga declaró la sustracción de materia en la apelación, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Sexto Laboral.
El enigma de la PTAR y el impacto ambiental
Durante la rectoría del padre Méndez Paredes no solo se presentó una persecución laboral contra Alonso Cárdenas, sino que el caso tuvo un episodio que devino en un problema de impacto ambiental y normativo que persiste hasta el día de hoy.
El desmantelamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, del campus no fue una simple reestructuración ni una medida operativa aislada, sino la maniobra central para justificar la eliminación del puesto de trabajo de Cárdenas Pinilla e invalidar su fuero. Sin embargo, la ejecución de esa estrategia dejó una secuela crítica para la institución y la comunidad.
Tras la remoción de la PTAR y el posterior despido de Cárdenas la UPB Bucaramanga comenzó a descargar la totalidad de sus residuos líquidos directamente a la red de alcantarillado público de la Empas.
Así lo confirmó la propia institución educativa a METROPOLITANO en respuesta a un derecho de petición.
No obstante, dichos vertimientos se estarían haciendo a los afluentes de la zona sin un tratamiento previo ni revisión por parte de las autoridades ambientales, únicamente se tiene como base los monitoreos anuales de la calidad de sus aguas residuales no domésticas que realiza la misma universidad a través de su Laboratorio de Estudios Ambientales.
Aunque los resultados de los monitoreos de las vigencias 2024 y 2025 estuvieron en rangos permitidos por la normativa para poder ser descargados en las redes de alcantarillado, los resultados no serían lo más fiables teniendo en cuenta que el proceso de recolección de las muestras habría estado viciado por orden del entonces rector.
Así lo denunció una ingeniera perteneciente al laboratorio de la universidad, quien contó a este medio que las muestras fueron tomadas en fechas con poca asistencia de estudiantes y empleados para asegurar que los niveles no superaran los límites.
“Cuando se desmontó la PTAR no habían estudiantes porque estábamos en teletrabajo, sin embargo, después regresamos a la normalidad y la universidad no implementó una acción preventiva más allá de unas trampas de arena para tratar las aguas previo a la recolección en las redes de la Empas. Ante esa situación, se decidió que las pruebas se realizaran los días que hay poco flujo de la comunidad estudiantil, así las descargas son menores y los índices estarían controlados”, dijo la especialista, pidiendo reserva su identidad.
Las muestras del monitoreo de la vigencia 2024 se llevaron a cabo el miércoles 17 de abril, mientras que las del año 2025 fueron tomadas el 14 de junio, un sábado.
METROPOLITANO intentó en múltiples ocasiones comunicarse con el exrector, Padre Gustavo Méndez, para conocer su versión del caso Cárdenas y el desmonte de la PTAR, pero no obtuvimos respuesta a los mensajes y llamadas.
De esta manera, lo que inició como una estratagema para desvincular a un colaborador en estado de vulnerabilidad se agravó con una dinámica de vertimiento directo de aguas negras al alcantarillado de la ciudad, que hoy no tiene auditoría ni controles efectivos, configurando un escenario de omisión institucional y desamparo ecológico en el campus.
La historia de Alonso Cárdenas queda como la evidencia de un modelo de gestión que prefirió el desmonte de su infraestructura ambiental y la persecución de sus líderes sindicales antes que la compasión y la justicia, que que finalmente llegó en forma de un cheque póstumo, que pare su familia fue poco para indemnizar las injusticias laborales cometidas.
—
¿Tiene una denuncia o una historia para contar? Escríbanos al correo info@metropolitano.com.co
Aquí otras investigaciones de METROPOLITANO:
- Los líos de Metrolínea para reconstruir siete estaciones: $12 mil millones, un contratista cuestionado
- El ‘contratadero’, el concejal y un escándalo por violencia intrafamiliar en Cúcuta
- Pulso de poder en la CDMB por licencia ambiental para el Anillo Vial Externo Metropolitano
- El ‘cortocircuito’ de la movilidad eléctrica en el área metropolitana de Bucaramanga
- El guiño a Omar Lengerke: clan Tavera mueve primeras fichas mirando a la Gobernación de Santander
- El apartamento secreto de John Abiud Ramírez en Bucaramanga
- El Entramado Guajiro: la sombra de Martha Peralta en el saqueo de la UNGRD
- Recusaciones del más allá: un muerto tiene frenada la elección de Contralor de Bucaramanga
- El ‘contratadero’ de Cúcuta: $150 mil millones tercerizados y una curul en el Senado
- El rastro de Aremca en Santander: en vilo un acueducto de $1.183 millones en Rionegro
- Muelle de Topocoro: líos, retrasos y una adición de tres mil millones
- La ‘avalancha’ de contratos en el Ministerio de Minas en vísperas de la Ley de Garantías
- El ‘yo con yo’ en el contrato del megacentro de eventos Arena Bonita
- Un cartel de contratación de Pymes ‘nómadas’ en Santander
- El lío del baldío del congresista santandereano Luis Eduardo Díaz
- Richard Aguilar ‘aterriza’ en el Partido Liberal para las legislativas de 2026
- Corredor Agroforestal: $180 mil millones, un primo contratista y un regalo de cumpleaños para Richard Aguilar
- Los contratos ‘fantasma’ de la poderosa Juliana Guerrero con la UIS
- Golpe de mano en la CAS: alcalde de Barrancabermeja quiere su propia autoridad ambiental
- Un puente ‘invisible’ en Santander que costaría más de $4 mil millones
- Los juguetes ‘fantasma’ de Hugo Aguilar y una nueva imputación por corrupción
- Caso chatarra se quedó sin testigo estrella: Edgardo Rodríguez desiste del principio de oportunidad
- El pasado en presente: Carlos Ramón González y su condena por corrupción hace 25 años en Bucaramanga
- Girón: un alcalde en vilo, el negocio de los servicios públicos en la mira y dos ‘contrataderos’
- Un polémico contratista en la nueva operación del peaje de la Mesa de Los Santos
- La ‘feria’ de problemas de ‘Topito’, el polémico alcalde de El Playón que con una condena encima sigue gobernando
- Un ‘pacto’ que no cuadra en la UTL de la representante Mary Anne Perdomo
- Las cuentas no tan claras en la campaña de Ferley Sierra
- Carlos Ramón González: poder, nepotismo y los testimonios que lo enredan en el escándalo de la Ungrd
- Caso ‘La Cerve’: impunidad en la Cuadra Play de Bucaramanga
- Tres mil millones en alquiler de helicópteros para el gobernador: gasto por las nubes y un contrato con inconsistencias
- Los ‘fichos’ y la presunta compra de votos del alcalde de Barrancabermeja
- Caso estadio Alfonso López: la pieza que falta en un gran entramado de corrupción en Santander
