Tras más de dos décadas siendo protagonistas de la política y las movidas de poder en Santander, el clan Aguilar atraviesa uno de sus momentos más críticos por cuenta de procesos judiciales contra sus figuras más representativas, tres exgobernadores: padre y dos hijos, y los fracasos en recientes elecciones.
Ahora, la casa Aguilar busca reconfigurarse de cara a las elecciones regionales del 2027 con una estrategia que ya había ejecutado, intentando llegar nuevamente al poder en cuerpo ajeno.
Durante más de dos décadas, la estructura política liderada por el exgobernador Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo configuró una de las hegemonías regionales más férreas y duraderas de Colombia. Entre 2004 y 2023, la familia gobernó el departamento de Santander en tres periodos alternos a través del patriarca y dos de sus hijos, consolidando una fuerte red clientelar caracterizada por el control presupuestal de grandes obras públicas, la colonización de entidades territoriales y una notable ductilidad partidista.
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- Contexto:
- Richard Aguilar ‘aterriza’ en el Partido Liberal para las legislativas de 2026
- Hugo Aguilar, a juicio por corrupción en millonario contrato de juguetes ‘fantasmas’
- Exgobernador Mauricio Aguilar, acusado formalmente de tres delitos ante la Corte Suprema
Sin embargo, la acumulación de investigaciones y medidas judiciales contra los tres exmandatarios, el creciente rechazo del voto de opinión en las principales áreas urbanas y la derrota sin atenuantes en los recientes comicios legislativos profundizaron una fase crítica que analistas califican como el ocaso de la dinastía Aguilar.
Pero, pese a perder el acceso directo al Congreso de la República y sufrir la desarticulación de su plataforma electoral uninominal, el clan Aguilar no ha desaparecido del mapa del poder regional. La estructura atraviesa una mutación táctica hacia la intermediación burocrática y el ejercicio de la influencia a través de terceros.
Al amparo de acuerdos estratégicos con figuras que tomaron fuerza en el nuevo panorama nacional, particularmente con el exalcalde de Bucaramanga y actual ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán, la red de operadores y contratistas afines al clan Aguilar preserva nichos claves en gobiernos locales, corporaciones ambientales y entes de control, ‘escampando’ mientras reconfigura sus apoyos territoriales de cara a las elecciones regionales del 2027.
Del relato del Bloque de Búsqueda a la cooptación del poder
A diferencia de las élites liberales y conservadoras tradicionales que dominaron Santander durante el siglo XX, el arraigo electoral de Hugo Aguilar se construyó sobre la explotación propagandística de su rol operativo en la muerte del narcotraficante Pablo Escobar, en diciembre de 1993, cuando integraba el Bloque de Búsqueda.
Apalancado en esa imagen de autoridad y orden, Aguilar incursionó en la arena pública de la mano de Luis Alberto, el ‘Tuerto’ Gil y la plataforma de Convergencia Ciudadana, alcanzando primero un escaño en la Asamblea Departamental en 2000 y luego coronando la Gobernación de Santander para el periodo 2004–2007.
La maquinaria institucional se cimentó sobre dos mecanismos concurrentes. En la periferia y los municipios rurales de las provincias del Magdalena Medio, Guanentá y Comunera, la gobernabilidad de Hugo Aguilar dependió de acuerdos electorales y operativos con los frentes paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, comandados por Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, y alias ‘Camilo Morantes’.
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Paralelamente, en los centros urbanos se desplegó un modelo de populismo de infraestructura enfocado en megaobras de alto impacto turístico y simbólico, entre las que sobresale el Parque Nacional del Chicamocha, Panachi. Dicha gestión legitimó una fidelización popular basada en la entrega de dádivas y en la tolerancia ciudadana hacia la malversación de fondos públicos. A través de esta base electoral cautiva, el clan garantizó un relevo generacional cerrado.
Richard Alfonso Aguilar Villa heredó el caudal político de su padre y asumió la Gobernación en el periodo 2012–2015 mediante el movimiento por firmas Santander en Serio, saltando en 2018 al Senado de la República con el aval de Cambio Radical.
Posteriormente, su hermano Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, quien ya había ocupado dos veces una curul en el Senado, cerró el ciclo hegemónico al consagrarse gobernador departamental para el cuatrienio 2020–2023 con una coalición conservadora y tradicional. Esta sucesión familiar aseguró dos décadas de continuidad burocrática y contractual ininterrumpida en el Palacio Amarillo.
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Los Aguilar en el banquillo
El detonante fundamental del declive de la dinastía política santandereana ha sido la confluencia de procesos penales de gran envergadura contra sus tres gobernantes, erosionando de manera irreversible la imagen de la familia ante el electorado y la dirigencia nacional.
Hugo Aguilar fue condenado en agosto de 2013 por la Corte Suprema de Justicia a nueve años de prisión por concierto para delinquir agravado en el marco del escándalo de la “parapolítica”, al probarse la coordinación electoral sistemática con el Bloque Central Bolívar para llegar al poder regional.
Si bien recobró la libertad condicional en 2016 tras cumplir las tres cuartas partes de la pena, en 2018 fue recapturado al detectarse un incremento patrimonial injustificado superior a los $15.000 millones, lo que dio origen a un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito a través de una red de testaferros familiares y societarios. Asimismo, enfrenta cargos por presuntas irregularidades y apropiación indebida de dineros en un contrato de dotación de juguetes infantiles firmado al cierre de su mandato en 2007.
En enero de 2024, en una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el excoronel confesó formalmente haber recibido el respaldo electoral de alias ‘Ernesto Báez’ y las estructuras de las AUC, desvirtuando sus reiteradas negativas ante la justicia ordinaria en un intento de eludir sanciones carcelarias mediante el régimen transicional.
Por su parte, Richard Aguilar Villa vio interrumpida su carrera parlamentaria en julio de 2021 cuando la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura inmediata por presuntos actos de corrupción durante su mandato como Gobernador.
Para evitar el fuero constitucional del alto tribunal, renunció a su curul en el Senado, remitiendo el caso a la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador lo llamó formalmente a juicio penal por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
El expediente judicial detalla un entramado estructurado para direccionar pliegos de licitación a cambio de retribuciones ilegales de entre el 15 % y el 16 % del valor total de megaproyectos.
Entre las obras comprometidas figuran:
- La rehabilitación del Corredor Vial San Gil–Charalá–Límites, por más de $185.000 millones.
- La pavimentación del Corredor Agroforestal, por $146.500 millones.
- El reforzamiento estructural del Estadio Departamental Alfonso López, (hoy Américo Montanini), cuyo costo superó los $24.266 millones tras sucesivas adiciones presupuestales.
- La red de acueducto de Landázuri.
Los testimonios directos de su exsecretaria de Infraestructura, Claudia Toledo, y el contratista Lenin Pardo Pulido resultaron determinantes para el juicio oral, proceso en el que Richard Aguilar enfrenta en libertad por vencimiento de términos de detención preventiva, mientras los testigos están en el exilio por reiteradas amenazas de muerte.
El lastre judicial se replicó con Mauricio Aguilar Hurtado al término de su mandato como gobernador (2020–2023). A finales del 2025, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación y la Sala Especial de Primera Instancia lo declaró formalmente acusado por delitos contra la administración pública en la adjudicación de contratos estatales.
El proceso contra Aguilar Hurtado gira en torno a convenios interadministrativos por más de $8.000 millones celebrados con el canal de televisión regional TRO para el Plan de Medios de la administración departamental.
La semana anterior la Fiscalía Delegada nuevamente le imputó cargos a Mauricio Aguilar, esta vez por presuntas irregularidades en la contratación del proyecto educativo del Colegio Lucas Caballero, en Suaita, cuyas instalaciones nunca pasaron de la fase de diseño a pesar de los desembolsos, presupuestado en más de $15.280 millones provenientes del Sistema General de Regalías, obras que presentan graves fallas constructivas y requerimientos de demolición parcial.
A estos procesos se suman indagaciones por delitos contractuales durante la urgencia manifiesta por la pandemia y un presunto prevaricato en la designación de directivos de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).
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El fracaso parlamentario
La fragilidad política acumulada por la dinastía se hizo visible en las elecciones legislativas de marzo. En un intento por regresar al Senado y conseguir un nuevo fuero de protección procesal, Richard Aguilar selló un acuerdo cupular con el expresidente César Gaviria Trujillo, jefe único del Partido Liberal.
La decisión de Gaviria de abrir las puertas de la colectividad al clan Aguilar, su enemigo electoral histórico en el departamento, y otorgarle a Richard el renglón número tres en la lista al Senado, sumado a la imposición de Cristian Argüello (hijo del megacontratista Jorge Argüello ‘el bachiller’), a la Cámara de Representantes por Santander, provocó una fractura interna en las bases liberales de la región.
La directiva central desoyó las advertencias de las dirigencias locales y las cartas de impugnación de la militancia santandereana. Esto desencadenó el éxodo masivo del clan Tavera, otro de los núcleos tradicionales del departamento, cuyos cuadros emigraron hacia otros sellos partidistas.
Como resultado directo de la estampida, Nelson López Rodríguez, hermano del empresario Martín Tavera, saltó a la lista de Cambio Radical y capturó 70.503 votos que le valieron una curul en el Senado, mientras que Diego Fran Ariza, impulsado por el exgobernador Didier Tavera, obtuvo una curul en la Cámara de Representantes bajo el Partido de la U con 64.378 sufragio.
El escrutinio del 8 de marzo de 2026 arrojó un desenlace catastrófico para la alianza entre el liberalismo oficial y el clan Aguilar. Por primera vez en la historia de la democracia representativa nacional, el departamento de Santander quedó sin representación senatorial de origen liberal en el Capitolio.
Aunque el Partido Liberal sumó más de 2.275.000 sufragios en el país para conservar 13 curules en el Senado, ninguna correspondió a la circunscripción santandereana. Richard Aguilar apenas obtuvo 25.894 votos en el departamento, una cifra insignificante frente a sus registros históricos que evidenció la deserción de sus antiguos cuadros y el castigo de los electores en las urnas.
Paralelamente, Cristian Argüello naufragó en su aspiración a la Cámara, pues de los 16.000 votos que obtuvo en Barrancabermeja, escasamente logró transferirle 1.600 a Richard Aguilar.
La crisis arrastró la aspiración del exsenador Jaime Durán Barrera, quien perdió su curul al conseguir solo 38.054 apoyos en Santander, permitiendo únicamente la supervivencia liberal del representante a la Cámara Mario José Carvajal, con 61.313 votos en Santander. Durán Barrera contó con el apoyo del exgobernador Mauricio Aguilar, muy mermado electoralmente.
La convergencia con Jaime Beltrán
La clausura de su representación parlamentaria aceleró la reconfiguración política del clan Aguilar hacia esquemas de supervivencia basados en la intermediación burocrática y la captura de espacios institucionales descentralizados.
El eje de articulación de esta transición ha sido su convergencia pragmática con el hoy ministro Jaime Beltrán, pastor y comunicador social que construyó su perfil político desde el Concejo de Bucaramanga bajo banderas ultraconservadoras con énfasis en la seguridad ciudadana.
Durante la campaña por la Alcaldía de Bucaramanga en 2023, Beltrán promovió una imagen de independencia frente a las maquinarias tradicionales, recurriendo a consignas como la «paloterapia» y prometiendo emular los métodos autoritarios de Nayib Bukele. Sin embargo, tras bambalinas formalizó una alianza transaccional con la casa Aguilar para compensar su debilidad de estructura.
Mientras la dirigencia de los Aguilar instruyó el respaldo territorial de su base a la aspiración de Beltrán, las listas de concejo y asamblea sellaron candidaturas coordinadas: cuadros de los Aguilar compartieron tarima junto a aspirantes beltranistas, al tiempo que fichas de su núcleo cerrado, como el concejal de la U, Gustavo Ardila, y la cuñada de Hugo Aguilar, Andrea Blanco, recibieron el impulso de su red religiosa y comunitaria.
Aunque la gestión de Beltrán en la Alcaldía fue interrumpida el 21 de agosto de 2025, fecha en que la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló su elección por incurrir en doble militancia, el control del aparato municipal no se diluyó.
En las elecciones atípicas celebradas el 14 de diciembre de 2025, el grupo de Beltrán conservó la administración municipal al imponer a Cristian Portilla Pérez, su exsecretario privado, manteniendo incólumes los acuerdos contractuales y los pactos con las fuerzas tradicionales afines a los Aguilar.
El ascenso de Jaime Beltrán al escenario nacional en agosto de 2026, cuando el presidente electo Abelardo de La Espriella lo posesionó como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, transformó esa articulación local en una correa de transmisión hacia el presupuesto nacional.
Los Aguilar recibieron ‘oxígeno’ político ahora con Reynaldo D’silva como su ficha directa en el viceministerio de Vivienda. D’Silva fue director de impuestos y rentas tanto en la administración de Richard como en la de Mauricio Aguilar.
Los ciclos de poder del clan
La evolución del clan Aguilar entre 2004 y 2026 ofrece un modelo representativo de los ciclos de auge, estancamiento y fragmentación de los cacicazgos hegemónicos en Colombia.
El declive de la dinastía no ha sido producto de una sola variable, sino de la confluencia entre la acción sostenida de las altas cortes y la transformación del comportamiento electoral en los centros urbanos.
Frente al veto ciudadano hacia sus líderes fundadores, el clan Aguilar ha adoptado una estrategia de supervivencia parasitaria: sustituyó la ambición hegemónica directa por la colonización de cargos de control fiscal, el respaldo a mandatos en cuerpo ajeno y la subordinación colaborativa a liderazgos emergentes como el del nuevo ministro Jaime Andrés Beltrán.
Con miras a las elecciones regionales de 2027, el clan no aspira a recomponer su dominio absoluto, sino a consolidarse como un nodo imprescindible de intermediación territorial y presupuestal, demostrando que en la política regional las estructuras tradicionales subsisten mientras retengan ascendencia sobre la contratación pública y los presupuestos locales.
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