La historia de la adhesión del municipio de Cúcuta como socio del fondo mixto E-desarrollo, un ‘contratadero’ con origen en Bucaramanga que se convirtió en el ejecutor del presupuesto preferido por la administración del alcalde Jorge Acevedo, tiene como protagonista no solo al mandatario local sino a un joven político que lideró en el Concejo la aprobación flash del proyecto de acuerdo que viabilizó la iniciativa.
Como lo contó METROPOLITANO en un reciente informe, desde junio del 2025 Cúcuta tiene el 25 % de participación en la Empresa Nacional Estatal de Desarrollo Territorial SAS, E-desarrollo, lo que le permitió al gobierno Acevedo en solo diez meses entregar a ese fondo directamente, sin licitación, varios contratos que suman unos 150 mil millones de pesos.
Esta es la historia del papel que jugó el concejal del Centro Democrático Carlos Alberto Dueñas Yaruro, quien lideró la aprobación ‘exprés’ del proyecto de acuerdo, y quien en julio de este año tuvo que enfrentar un lío judicial de graves consecuencias: fue denunciado y detenido por violencia intrafamiliar.
Dueñas, además de haber sido el ponente del proyecto de Acuerdo 017 del 2025, presentado por el alcalde Acevedo, también se encargó de organizar las mayorías necesarias para que se autorizara que el municipio hiciera parte de E-desarrollo.
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Aprobación ‘exprés’ en el Concejo
En cuestión de tres meses el alcalde Jorge Acevedo logró que el municipio de Cúcuta tuviera su propio ‘contratadero’ y comenzar a ejecutar un millonario presupuesto sin licitación pública.
La expresión ‘contratadero’ ha sido acuñada en el país para referirse a entidades de carácter público-privado, contempladas en la normatividad actual, pero cuya utilización se ha venido tergiversando y se han convertido en herramienta para evadir la Ley 80.
La historia de conexión entre la Alcaldía de Cúcuta y E-desarrollo comenzó el 20 de marzo de 2025, cuando el fondo de origen bumangués, envió formalmente una propuesta de asociación para que la Alcaldía de Cúcuta hiciera parte del fondo en calidad de socio accionista.
Quince días después, el 5 de abril, la administración Acevedo ya había radicado el proyecto de Acuerdo solicitándole al Concejo facultades para crear su propio ‘contratadero’. Al día siguiente, el 6 de abril de 2025, la Comisión del Plan del Concejo de Cúcuta comenzó el trámite y discusión del proyecto de Acuerdo 017 de 2025, radicado por la Alcaldía.
El concejal ponente encargado de argumentar y defender la iniciativa fue Carlos Alberto Dueñas Yaruro, militante del Centro Democrático, que hace parte de la coalición mayoritaria que respalda al actual gobierno en todas sus iniciativas en el cabildo municipal.
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En su rol, encomendado por la entonces presidenta del Concejo, Yanet Carime Rodríguez, del Partido Liberal, Dueñas Yaruro defendió a ‘capa y espada’ el proyecto. Según argumentaba, la autorización buscaba que la administración gestionara y gerenciara proyectos de infraestructura en general, incluyendo infraestructura cultural, turística, ecológica y de economía circular para preservar el medio ambiente e impulsar el desarrollo económico y territorial de la ciudad.
“Permite también una agilidad contractual y autonomía financiera, lo cual, este tipo de asociación, que resulta en la ejecución mediante un ente con Personería jurídica, tendrá autonomía financiera y podrá celebrar contratos y ejecutar obras, tanto con capital público como con capital privado”, dijo el concejal Dueña en una de las sesiones del trámite.
También afirmó que la iniciativa no tendría impacto fiscal para el municipio y que la sede del fondo debía estar establecida en Cúcuta, para mayor control por parte de la administración local, esta condición un año después no se cumple.
A pesar de no hacer parte de la Comisión de Planeación, el concejal de la oposición José Leonardo Jácome Carrascal fue el único en oponerse al proyecto de Acuerdo. Jácome cuestionó el modelo al que estaba entrando el municipio con un ‘contratadero’ para evadir las licitaciones públicas y los parámetros de la Ley 80.
Además, criticó que el proyecto de acuerdo les fue entregado a los concejales apenas el día anterior y se buscara aprobar de forma apresurada un domingo por la mañana en una sesión que calificó de «puerta cerrada» sin la presencia ni el acceso de la comunidad, los gestores culturales o los medios de comunicación.
Finalmente, señaló que existe un desequilibrio en la participación accionaria: criticó que la participación del municipio en el fondo mixto fuera de apenas el 25 %, dejando el 75 % en manos del sector privado, lo que generaría serias dudas sobre los intereses particulares detrás de la aprobación.
A pesar de la oposición del concejal Jácome, la Comisión de Planeación aprobó con cinco votos a favor el proyecto de que la ciudad de Cúcuta integrara un ‘contratadero’.
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Los concejales Victor Guillermo Caicedo, (Partido Verde); Albert Lufrandy Casadiegos, (Cambio Radical); Carlos Luis Chacón Contreras, (Partido Conservador); Carlos Alberto Dueñas Yaruro, (Centro Democrático); y Jesús Alberto Sepúlveda Bermonth, (Colombia Renaciente), votaron a favor del proyecto de Acuerdo.
Nidia Gimena Camacho Villamizar, (Partido Conservador); y Carlos Eduardo García Alicastro, (Cambio Radical), no votaron porque estuvieron ausentes en la sesión.
Con el visto bueno de la Comisión en primer debate la iniciativa pasó a consideración de la plenaria del Concejo de Cúcuta, que el 10 de abril de 2025 (cuatro días después), discutió en pleno la viabilidad del proyecto de Acuerdo 017.
Aunque en la plenaria hubo más resistencia, finalmente tras siete horas de discusión la administración Acevedo cumplió su cometido al recibir el respaldo de 14 de los 19 concejales.
Los concejales que dieron el visto bueno al controvertido proyecto fueron:
Victor Guillermo Caicedo (Partido Verde)
Albert Lufrandy Casadiegos (Cambio Radical)
Jefferson Castellanos Silva (Conservador)
Carlos Luis Chacón (Conservador)
Edison Ernesto Contreras Rodríguez (GSC Todos por Cúcuta)
Jair Antonio Díaz Ardila (partido Verde)
Carlos Alberto Dueñas (Centro Democrático)
Guillermo León Báez (Coalición Partido de la U, Colombia Justa Libres y AICO)
Sergio David Matamoros Rueda (Partido Alianza Democrática Amplia, ADA)
Álvaro Andrés Raad Forero (Centro Democrático)
Yanet Carime Rodríguez Rodríguez (partido Liberal)
José Julián Rolón Conde (Colombia Justa Libres)
Jesús Alberto Sepúlveda Bermonth (Colombia Renaciente); y
Jhon Jairo Villamizar Mora (Partido liberal)
Por su parte, Vanessa Arenas González (Coalición Partido de la U, Colombia Justa Libres y AICO); Nidia Gimena Camacho Villamizar, (Partido Conservador Colombiano); José Leonardo Jácome Carrascal, (Partido Cúcuta Avanza); y Alonso Eliseo Torres Herrera, (partido Liberal), fueron los únicos concejales que votaron en contra de la adhesión al ‘contratadero’.
Carlos Eduardo García Alicastro, concejal de Cambio Radical, se abstuvo de votar.
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El escándalo que rodea a Dueñas
En ambos debates el concejal Carlos Alberto Dueñas fue el ponente y encargado de conseguir los votos necesarios para que el proyecto 017 fuera viabilizado por el Concejo.
Dueñas Yaruro está siendo investigado penalmente por presunta violencia intrafamiliar luego de haber sido detenido por la Policía la madrugada del miércoles 24 de junio de 2026, tras la celebración de uno de los partidos de la Selección Colombia en el Mundial.
Según el informe de las autoridades, después de la 1:00 de la mañana, una patrulla que adelantaba labores de registro y control encontró a una mujer que manifestó haber sido víctima de violencia por parte de su esposo, a quien identificó como Carlos Alberto Dueñas Yaruro. De acuerdo con los datos preliminares, el concejal señalado presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y en estado de alteración alto.
Aunque un juez de garantías resolvió negar la solicitud de medida de aseguramiento en centro de reclusión presentada por la Fiscalía, el proceso penal en contra del polémico concejal continúa vigente.
Esta no es la primera ocasión que Dueñas Yaruro es procesado penalmente, en 2018 ya había sido investigado por delitos contra la vida y la integridad personal, específicamente lesiones personas culposas. Aunque el hoy concejal fue condenado en primera instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior con ponencia del magistrado Édgar Manuel Caicedo Barrera revocó la sentencia.
Cúcuta en E-desarrollo
Al día siguiente de la sesión plenaria, el 11 de abril de 2025, el alcalde Jorge Acevedo sancionó el Acuerdo municipal 009 de 2025, mediante el cual el Concejo sustentaba jurídicamente el ingreso del municipio al fondo mixto E-desarrollo.
Ante este panorama, la administración municipal no demoró en expedir la invitación pública para establecer una alianza estratégica con la Empresa Nacional Estatal de Desarrollo Territorial SAS, condicionando su llegada a mantener una participación accionaria de al menos el 25 %.
Con todo dado, el 4 de junio la asamblea de accionistas de E-desarrollo sesionó de manera extraordinaria con el objetivo de reformar los estatutos de la compañía y así poder abrir paso para que la Alcaldía de Cúcuta ingresara como nuevo socio accionista de la empresa de economía mixta.
Si bien la convocatoria pública había sido firmada por el jurídico de la Alcaldía, Misael Alexánder Zambrano Galvis, actuando como alcalde encargado de Cúcuta, todo el proceso de ingreso a la asamblea de accionistas de E-desarrollo fue adelantado personalmente por el alcalde Acevedo.
Las gestiones del mandatario cucuteño, en persona, quedaron en evidencia en las actas de la asamblea del fondo mixto en la que consta que Acevedo intervino personalmente para asegurarse del ingreso del municipio de Cúcuta como socio accionista en el ‘contratadero’.
Según el Acta Número 3 de la reunión extraordinaria de la asamblea de accionistas de E-desarrollo, sobre las 10:00 de la mañana del 3 de junio de 2025, el alcalde Jorge Acevedo llegó hasta la sede de la empresa de economía mixta, en el sector de Cabecera, en Bucaramanga, para solicitar el ingreso del municipio de Cúcuta como accionista del ‘contratadero‘.
En una de sus intervenciones, el alcalde Acevedo advirtió que había sido autorizado por el Concejo municipal mediante el Acuerdo 009 de 2025, y que dejaba claro que la iniciativa que sustentó el proyecto de Acuerdo contemplaba condiciones que se debían cumplir.
«El municipio de San José de Cúcuta debe ingresar en calidad de socio activo, por ende respetuosamente solicito tener en cuenta tales condiciones”, señaló el mandatario en la reunión, según el acta.
A la reunión extraordinaria también asistió Misael Alexánder Zambrano Galvis, asesor jurídico de la Alcaldía de Cúcuta, quien había firmado el documento de invitación pública para adherirse a E-desarrollo.
Tras la intervención del alcalde Acevedo, de manera unánime los cuatro socios accionistas del ‘contratadero’ votaron a favor del ingreso de la Alcaldía de Cúcuta como nuevo socio de la compañía.
Para tal fin, el municipio de El Playón cedió el 50 % del total de sus acciones. Así las cosas, los municipios de Cúcuta y El Playón quedaron ambos con el 25,5 % de las acciones de la Empresa Nacional Estatal de Desarrollo Territorial, mientras que Fomcolombia, (otro ‘contratadero’), con el 40 %;
En la confirmación de la entidad de economía mixta también aparecen Funproin, con el 5 % y Semes con 4,95 %. Estas firmas quedaron con la misma participación accionaria que tenían.
Maquinaria burocrática
La decisión del alcalde Acevedo de tener su propio fondo mixto para delegar gran parte de la contratación de los últimos meses en Cúcuta, sin licitaciones, evadiendo la Ley 80, terminó coincidiendo perfectamente con la campaña que adelantaba su esposa, aspirando al Senado con aval del Partido Liberal, que resultó muy exitosa.
Con 123.731 votos, Álix Yirley Vargas Torrado, esposa del mandatario, dio la sorpresa electoral en Norte de Santander al lograr su elección, sin mucha experiencia política, incluso superando a caciques de la colectividad roja como su paisano, Alejandro Carlos Chacón, figura del liberalismo en el nororiente del país, quien se quemó en su intención de mantener la curul.
El fenómeno electoral de Vargas Torrado, siendo la cuarta votación más alta del Partido Liberal en las pasadas elecciones al Senado, estuvo marcada por una serie de cuestionamientos, controvertidas alianzas políticas, pero sobre todo por la utilización de la maquinaria de la Alcaldía de Cúcuta a su favor.
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Aunque el alcalde Jorge Acevedo, de personalidad muy mediática, respondió en su momento que de ninguna manera utilizó su poder en favor de la candidatura de su esposa, los resultados mostraron una realidad, la votación de la candidata Vargas, siendo de circunscripción nacional, fue mayormente en el municipio donde su esposo es el alcalde, de los 123.731 votos que obtuvo, 66.470 fueron en Cúcuta.
Lo anterior se suma a varias denuncias de veedurías y opositores de la administración municipal sobre un presunto aumento exponencial de la contratación de personal por prestación de servicios en la Alcaldía en la época electoral.
Y todo esto coincide en tiempo y lugar con la tercerización de la millonaria contratación que desde mitad del año 2025 e, incluso, a pocos días de las elecciones de marzo pasado, en plena Ley de Garantías, delegó la alcaldía de Cúcuta al ‘contratadero’ E-desarrollo.
En menos de un año la administración municipal de Cúcuta ha tercerizado siete contratos de obra por más de 150 mil millones de pesos a través de ese fondo mixto, cuatro de ellos suscritos en vísperas de los comicios parlamentarios.
Mientras el concejal del Centro Democrático Carlos Dueñas, ‘cerebro’ detrás de la creación del ‘contratadero’ en Cúcuta y aliado del alcalde Jorge Acevedo, continúa siendo investigado por presunta violencia intrafamiliar, la administración Acevedo sigue tercerizando millonarios contratos a través de su propio ‘contratadero’.
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