La historia se repite. Hace 25 años el dirigente político santandereano Carlos Ramón González Merchán, en esa época concejal de Bucaramanga, fue hallado responsable de conformar un entramado de corrupción para desviar recursos públicos en el Instituto Municipal de Salud, ISABU.

Por estos hechos González fue condenado a siete años de cárcel y el pago de una multa de $60 millones, que nunca saldó pues estuvo prófugo por varios años.

Hoy, dos décadas después, y tras haberse convertido en un poderoso protagonista en el proyecto político del presidente Gustavo Petro, Carlos Ramón González fue acusado nuevamente por corrupción: la Fiscalía lo señala de ser el determinador del pago de millonarios sobornos a congresistas en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo, por lo que esta semana fue cobijado con medida de aseguramiento.

Todo indica que este nuevo proceso que enfrenta el exjefe de Inteligencia Nacional y exdirector del Dapre tomará un rumbo similar al de hace un cuarto de siglo pues a comienzos de este año, al enterarse de los graves cargos en su contra, salió del país y es incierto su paradero.

METROPOLITANO investigó el expediente en los juzgados de Bucaramanga que terminó con esa condena hace 25 años, un episodio que el mismo González revivió esta semana al romper su silencio durante la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en la que le fue notificada la orden de detención en su contra. Dijo que ese caso como el de hoy son una persecución política, lo que para muchos es un vaticinio de que podría actuar de la misma manera.

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Año 1997: un concejal, exguerrillero, en líos

“Ya es la segunda vez que me pasa. Hace 25 años exactamente también me montaron un proceso, hubo una persecución política, perdí tres años de mi vida”.

Con esta frase, en una intervención de nueve minutos, haciendo presencia virtual desde un lugar del mundo aún no establecido en la audiencia en la que fue cobijado con medida de aseguramiento, Carlos Ramón González recordó que ya había sido acusado por corrupción, en los años noventa, cuando fungió como concejal de Bucaramanga, como una representación política especial de reinsertados del M-19. 

Era mayo de 1997. El entonces director del Instituto de Salud de Bucaramanga, ISABU, César Augusto Bueno Serrano (cuota de González en el gobierno local), expidió la resolución 0142 mediante la cual declaró una urgencia manifiesta en la entidad, argumentando que se preveían problemas en la prestación del servicio de vigilancia de los puestos de salud del municipio debido a que no se contaba con disponibilidad presupuestal para contratarlos.

Con la urgencia manifiesta decretada, Bueno Serrano pudo evadir la Ley 80 y, en vez de una convocatoria de mínima cuantía, optó por suscribir un contrato verbal con la Fundación Alborada, una empresa recién creada para la época de los hechos, sin experiencia ni licencia para operar.

Lo que hizo entonces fue tercerizar el servicio de vigilancia en los centros de salud de Bucaramanga a partir del 6 de mayo de 1997, que se cancelaría cuando existiera disponibilidad presupuestal en la entidad; sin que la Contraloría ejerciera control fiscal sobre dicho acuerdo.

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Dos meses después, el 24 de julio del mismo año, el director Bueno buscó nuevamente a la Fundación Alborada, representada legalmente en ese momento por Tania Eugenia Cifuentes.

Se firmó del contrato 004 de 1997, que tenía como fin legalizar el cobro del primer contrato verbal suscrito por el ISABU a través de la urgencia manifiesta para la prestación de los servicios de vigilancia, entre el 6 de mayo y el 7 de julio de 1997, por valor de $36 millones.

Aunque la urgencia manifiesta había perdido vigencia, pues el Instituto de Salud ya contaba con los recursos necesarios para adelantar un proceso de selección pública como lo exige la ley, en septiembre de 1997 el ISABU y Alborada, en ese momento representada por Mariela Serrano Avellaneda, suscribieron un nuevo acuerdo contractual, el 017 de 1997, para continuar prestando el servicios de vigilancia en los centros de salud del municipio, para el periodo comprendido entre el 6 de julio y 5 de septiembre de ese año, por valor de $39 millones.

Lo mismo ocurrió con la firma del contrato 18-1 entre el ISABU y Alborada para el servicio de vigilancia, entre el 6 de septiembre y el 5 de noviembre, por $41 millones.

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Ya para el mes de noviembre, el entonces director del ISABU suscribió un quinto contrato para la vigilancia de los centros de salud. Se trató del acuerdo 024 de 1997, para servicios entre noviembre 30 y diciembre 29 de 1997, pero ahora con Jairo Muñiz Sánchez (asistente personal de Carlos Ramón González), quien actuaba como representante de la firma bogotana Metro Ltda.

Las autoridades lograron establecer que en realidad el servicio de vigilancia fue prestado por los empleados de Alborada bajo la coordinación de Jairo Muñiz, quien también figuraba como directivo de la fundación.

Este último contrato fue adicionado cerca de $10 millones más para que el servicio de vigilancia continuara a partir del 30 de diciembre de 1997 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal del ISABU.

La empresa fachada de González 

Para ganarse los contratos con el ISABU, Alborada solo tuvo que presentar su certificado de existencia y representación legal. Es decir, Alborada no presentó certificaciones de su experiencia en la ejecución de contratos de vigilancia, incluso, ni siquiera contaba con la licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

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Pero, ¿cómo Alborada, sin experiencia ni permisos, lograba ganarse los contratos de vigilancia con una entidad pública como el ISABU? La influencia, gestión y el control que ejercía el concejal Carlos Ramón González en la entidad era determinante. 

Alborada fue constituida a mediados de los 90 por María Helena Ávila, Adelaida Rivera, Esperanza Cobos, Martha Moreno, Alba Galván, Hilda Mosquera y Alba Luz Pinilla, como una organización de reinsertados de la recién desmovilizada guerrilla del M-19, aunque solo Hilda Mosquera era militante de dicho grupo subversivo. 

Si bien Carlos Ramón González no aparece en los documentos oficiales de Alborada, la dirección registrada en la Cámara de Comercio como domicilio principal de la Fundación, ubicada en la carrera 25 # 35-65 de Bucaramanga, era al mismo tiempo la sede política del entonces concejal Carlos Ramón González Merchán.

“Cada vez que éste cambiaba su sede política, cambiaba al mismo sitio la sede de Alborada”, se lee en el expediente judicial.

Además, varios de los empleados de Alborada, como Jairo Muñiz, trabajaban para Carlos Ramón. De hecho, Juan Carlos Piedrahita, quien era el contador de Alborada también llevaba la contabilidad personal de González.

Sumado a todo esto, en la investigación las autoridades concluyeron que César Augusto Bueno había sido nombrado en la dirección del ISABU como cuota política del concejal González Merchán. De hecho, Bueno Serrano pertenecía al movimiento M-19 que Carlos Ramón lideró en Bucaramanga.

Carlos Ramón González tenía tanto poder en la Fundación Alborada que, incluso, intervenía directamente en el manejo contable de la entidad.

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Recursos para campaña

Pero en este caso de hace 25 años las autoridades hallaron otras inconsistencias en los contratos de Alborada con el ISABU.

Al hacer el rastreo a las cuentas de la fundación, el Grupo de Investigaciones Financieras de la Fiscalía General de la Nación determinó que los únicos ingresos que tuvo la compañía provinieron exclusivamente de los contratos celebrados con ISABU, constatando que de los $117 millones que recibió la mencionada fundación, $29 millones ingresaron al patrimonio personal de Carlos Ramón González para ser utilizados en su campaña política de octubre de ese mismo año.

Según el expediente judicial, a través del cruce de una serie de cheques expedidos por la Fundación Alborada, endosados a personas como Hender Humberto Flórez Medina, Edwing Marvin Villarreal, Mariela Serrano Avellaneda, Jairo Muñiz Sánchez, Carlos Ramón González logró el desvío de recursos que provenían del ISABU para ser invertidos en su campaña, pues buscaba ser reelegido como concejal.

En la fraudulenta operación también participó Luz Dana Leal, actual pareja sentimental de Carlos Ramón González, quien abrió una cuenta corriente en el extinto Banco Unión, con dineros que pertenecían a González, por $37.597.648, en los cuales estaba incluido un cheque por de $4.866.000 que había sido girado por Alborada a favor de Leal.

Todos esos recursos se utilizaron en la campaña política de González.

Carlos Ramón y Luz Dana intentaron ocultar la existencia de dineros que les fueron girados a través de terceros para esconder que se había superando el tope señalado por el Consejo Nacional Electoral para ese tipo de campañas, pero las autoridades comprobaron la adulteración de los libros de contabilidad, falsos balances y recibos de pago por actividades que no se realizaron.

Todo lo anterior quedó documentado en la investigación penal y administrativa ante el CNE.

Por estos hechos la Fiscalía Cuarta Seccional del Socorro, mediante Resolución del 4 de diciembre de 1998, le imputó a Carlos Ramón González los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.

Sentencias contrarias

Ante este escenario jurídico y tras dos años de proceso penal, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga, en fallo de primera instancia del 16 de mayo de 2000, condenó a González Merchán a una pena principal de 84 meses (7 años) de prisión y una multa de $29 millones, al hallarlo culpable del delito de peculado. 

Además, el juez le ordenó el pago de perjuicios materiales por el delito de peculado a favor del ISABU, por otra suma superior a los $29 millones.

“En conclusión, considerando que sí hubo acuerdo previo entre Bueno y González para la defraudación del erario público, presentándose un concurso homogéneo y sucesivo por cuanto las varias cantidades de dinero que ingresaron a las cuentas del concejal en diferentes épocas, y teniendo en cuenta que la apropiación en el peculado es elemento indispensable, ya sea buscando un provecho para sí o para un tercero (como en éste caso), así mismo establecido el perjuicio que es elemento importante, mas no el único ya que también se requiere el propósito de dañar, vulnerando el buen nombre de la administración pública, estimamos que Carlos Ramón González Merchán debe ser condenado como determinador del delito de peculado a favor de terceros, por cuanto existe no solo la certeza de la comisión del hecho punible, sino también la de la responsabilidad del hoy procesado”, concluyó el juez en su fallo.

A pesar de la sentencia condenatoria, Carlos Ramón no pagó ni un día de cárcel pues huyó de la justicia.

Mientras se encontraba fugitivo de la justicia su defensa apeló el fallo, considerando que en la ruptura de la unidad procesal se quebrantó el debido proceso.

En el estudio en segunda instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga revocó el fallo inicial y absolvió a González de la pena principal, es decir, el delito de peculado por apropiación.

El Tribunal consideró que no hubo apropiación de dineros oficiales. Para la Sala el traslado de fondos del Instituto de Salud de Bucaramanga a las cuentas de la Fundación Alborada se justificó como pago por los servicios de vigilancia que dicha fundación prestó en los centros de salud de la ciudad, en cumplimiento de los contratos celebrados con el ISABU.

En consecuencia, según el fallo de segunda instancia, al no existir apropiación de bienes del Estado, los acusados no podían ser considerados determinadores o cómplices del delito de peculado, ya que la participación criminal requiere que se haya iniciado al menos la acción típica, y la coparticipación está en función del hecho principal.

En otras palabras, como los recursos ya estaban en las cuentas de Alborada ya no eran dineros públicos, a pesar de que dichos recursos hubieran sido obtenidos de manera cuestionada y sin cumplir los requisitos de ley para la transparencia en la contratación pública.

“Bajo tales presupuestos la Sala considera que en el caso concreto el médico César Augusto Bueno Serrano, ni los acusados en este proceso, incurrieron en el delito de peculado, por cuanto no hubo apropiación de dineros oficiales, pues el traslado de caudales del Instituto de Salud de Bucaramanga a la Fundación Alborada se encuentra justificado, ya que obedeció al pago del servicio de vigilancia que dicha fundación prestó en los diferentes puestos e salud de la ciudad, y en cumplimiento de los contratos que había celebrado con Isabú”, determinó el Tribunal.

Por el contrario, la Sala Penal del Tribunal terminó condenando a Carlos Ramón González por el delito de falsedad ideológica en documento privado, al hallarlo culpable de adulterar los documentos contables de la fundación Alborada y su campaña política para no superar los topes de la financiación de campaña impuestos por el Consejo Nacional Electoral.

Así las cosas, González pasó de una condena de 7 años a una de 2 años y una multa que no superaba los $2 millones.

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Inhabilidad electoral

No obstante, esta condena por falsificación en documento privado inhabilitó de por vida a Carlos Ramón González, quien no pudo volver a aspirar a un cargo de elección popular.

Por tal motivo su defensa interpuso una acción de tutela en contra del fallo del Tribunal Superior de Bucaramanga argumentando que el delito por el que fue condenado su apoderado no estaba tipificado expresamente en la legislación penal de 1980 y que su aplicación analógica violó los principios de legalidad y favorabilidad en materia penal.

Aunque el caso llegó hasta la Corte Constitucional, el órgano de cierre confirmó la decisión previa de la Corte Suprema de Justicia que denegó la acción de tutela.

Para la Corte, la excepcionalidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, solo procede cuando hay defectos graves como sustantivos, fácticos, orgánicos o procedimentales, y cuando los jueces se apartan arbitrariamente de la ley o el precedente de las altas cortes.

A pesar de la condena que le impidió volver a aspirar a un cargo de elección popular Carlos Ramón González logró ser un importante jugador electoral y acumular un gran poder en la política nacional. Fue fundador del partido Alianza Verde, una de las principales colectividades del país.

Además, logró acumular una gran fortuna a través del préstamo y financiamiento de campañas políticas. Todo esto, potenciado en los último años con la entrañable amistad que construyó desde épocas de guerrilla con el hoy presidente Gustavo Petro.

González no solo le hablaba al oido al jefe de Estado sino que ocupó dos posiciones de la mayor relevancia en el gobierno, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y fue director de Inteligencia Nacional.

Hoy, 25 años después de los hechos por los que fue condenado en Bucaramanga vuelve a tener serios líos judiciales, esta vez vinculado al mayor escándalo de corrupción del gobierno Petro, el de la Ungrd, imputado de tres delitos: peculado, cohecho y lavado de activos.

¿Dónde está Carlos Ramón González?, las autoridades creen que en Centroamérica o Europa. ¿Se presentará a las autoridades para cumplir la orden de detención o continuará prófugo? ¿Terminará siendo el eslabón más alto en el caso de corrupción de Gestión del Riesgo? Esta es una historia en desarrollo.

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