En las últimas semanas, mientras la atención de la opinión pública se enfocó en la álgida y polarizada campaña presidencial y los resultados de la primera vuelta, en la Procuraduría Regional de Santander se registraban una serie de movimientos que más allá de obedecer a cambios de índole operativo están siendo interpretados en círculos locales como movidas con intereses políticos y burocráticos.
Tras el sorpresivo despido de la procuradora regional de Juzgamiento de Santander, Ileana María Boada Harker, en plena Ley de Garantías, el Procurador General, Gregorio Eljach, designó al abogado Julio César Serrano Carreño en el cargo, clave para el control disciplinario de los servidores públicos en el departamento.
El nombramiento de Serrano llamó de entrada la atención pues venía de ser contratista en la Gobernación de Santander y porque en el mundo político regional se le relaciona con el clan Tavera. Además, el nuevo procurador Serrano venía actuando como apoderado judicial personal de la exgerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, Ana María Martínez.
Tras el sorpresivo despido de la procuradora Ileana María Boada, en plena Ley de Garantías, el Procurador General designó al abogado Julio César Serrano Carreño
Martínez, quien salió de la gerencia del hospital de Barrancabermeja en medio de cuestionamientos y la intervención de la Supersalud, es la exesposa de Sneyder Pinilla, a quien el país recuerda como el operador del saqueo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGRD, quien confesó y fue condenado en el mayor escándalo de corrupción en el gobierno del presidente Gustavo Petro.
En este informe METROPOLITANO presenta los detalles del polémico despido de la procuradora Boada Harker, pocas horas después de haber ratificado una sanción a varios exdirectivos del Indersantander implicados en el sonado caso de corrupción de las raquetas, ocurrido durante la administración del gobernador Mauricio Aguilar, y las posibles maniobras políticas en el nombramiento del nuevo Procurador Regional de Juzgamiento de Santander.
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La salida de Boada y el caso ‘raquetas’
La génesis de esta historia comienza a mediados de mayo, un par de semanas antes de los comicios de primera vuelta presidencial.
Como lo contó en su momento METROPOLITANO, el Procurador General de la Nación removió fulminantemente de su cargo a la Procuradora Regional de Santander, Ileana Boada Harker, apenas horas después de ratificara una dura sanción a varios exdirectivos del Instituto de Recreación y Deportes del departamento, Indersantander, involucrados en un caso de corrupción relacionado con la compra de implementos deportivos a precios excesivamente inflados.
El contrato en cuestión fue celebrado por un valor de 500 millones de pesos, y tenía como objeto dotar escuelas deportivas. El presupuesto incluyó valores cuestionados como raquetas a 4 millones de pesos cada una y pelotas de tenis a más de 260 mil pesos.
La procuradora Boada Harker confirmó la sanción contra el exdirector del Indersantander, Pedro Belén Carrillo Cárdenas, con destitución e inhabilidad por 10 años. Además, fueron sancionados otros exfuncionarios y exasesores de la entidad como Mayra Téllez Romero, asesora jurídica, Miguel Ángel Remolina, Ramiro Andrés Pabón y Raúl Enrique Gutiérrez, con inhabilidades que alcanzan hasta los 15 años.
Sumado a lo anterior, la exprocuradora regional compulsó copias a la Fiscalía para que continúe investigando penalmente a los disciplinados.
La determinación de despedir a la procuradora, además de suscitar controversia ya que se adoptó en plena Ley de Garantías, generó suspicacias en círculos políticos que vieron el nombramiento del reemplazo de Boada como un guiño para favorecer al clan político regional de los Tavera, cuyo sector más poderoso hoy está encabezado por el polémico empresario Martín Tavera.
El Procurador General removió fulminantemente a Boada Harker horas después de que ratificara una dura sanción a varios exdirectivos del Indersantander por el escándalo de las raquetas
¿Represalia?
La resolución de declaratoria de insubsistencia de Boada como procuradora regional fue notificada el pasado viernes, pocas horas después de haberse conocido el fallo en el que sancionó a Carrillo y compañía.
Aunque por tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción el Procurador General no tiene que justificar ni sustentar la declaratoria de insubsistencia, el hecho de que el acto administrativo de despido haya sido expedido en plena Ley de Garantías y justo después de sancionar a los exfuncionarios del Indersantander, suscitó teorías al interior del Ministerio Público que no descartan una posible injerencia externa de índole político.
La anterior hipótesis se sustenta en que tanto Pedro Belén Carrillo como Mayra Téllez habrían estado apoyando activamente la candidatura del hoy senador electo Nelson López Rodríguez, hermano de Martín y alfil del clan Tavera, quien resultó ganador en las elecciones legislativas consiguiendo una curul como senador.
En las redes sociales del exdirector Carrillo se le vio respaldando activa y públicamente la campaña del hoy senador electo por Cambio Radical.
Así lo confirmó el propio senador Nelson López a METROPOLITANO, asegurando que si bien Carrillo y Téllez pudieron haber apoyado su campaña en las pasadas elecciones legislativas, ni él ni su hermano, Martín Tavera, incidieron en la salida de la procuradora regional.
«No tengo esos ‘tentáculos’, yo soy nuevo en la política, me estoy estrenando, no tengo esos alcances. Ellos (Pedro Carrillo y Mayra Téllez) sí me acompañaron en campaña, especialmente el hermano de Mayra, pero ni sabía que tenían investigaciones ni mucho menos que fueron sancionados. Por otra parte, mi hermano es un empresario, no un político, nada tiene que ver en esas cosas«, afirmó el senador electo, consultado por este medio.
Por otro lado, la exasesora jurídica del Indersantander, Mayra Téllez, expresa públicamente una relación de amistad muy cercana con Angie Natalia Tavera, hija de Martín Tavera.
Pedro Belén Carrillo y Mayra Téllez apoyaron activamente la campaña del hoy senador electo Nelson López, hermano de Martín tavera y alfil del clan
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De contratista a Procurador
La polémica por las recientes movidas con tintes burocráticos y posibles intereses políticos en la Procuraduría Regional de Santander no terminaron con el retiro de Ileana Boada de su cargo como procuradora de juzgamiento.
Esta semana se conoció que el procurador general, Gregorio Eljach, nombró a Julio César Serrano Carreño en el cargo.
Aunque en la última década Serrano ha desarrollado su vida laboral en el sector público, ejecutando más de 23 contratos de prestación de servicios firmados con entidades estatales que suman cerca de 530 millones de pesos, paralelamente el nuevo procurador regional de juzgamiento también tenía negocios con privados.
Uno de sus contratos como abogado independiente era la representación jurídica de Ana María Martínez Galvis, exgerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, en Barrancabermeja, quien enfrenta investigaciones disciplinarias por presuntas irregularidades durante su gestión a la cabeza de la ESE.
Además, Ana María Martínez es la exesposa de Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de la UNGRD, denominado judicialmente como el cerebro del escándalo de corrupción en esa entidad.
METROPOLITANO conoció que Julio César Serrano es el abogado apoderado en cinco procesos disciplinarios, que precisamente la Procuraduría Regional de Santander adelanta en contra de la exgerente Martínez.
El nuevo procurador Serrano ejerció hasta hace poco como apoderado de Ana María Martínez, exgerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, quien enfrenta investigaciones disciplinarias por presuntas irregularidades durante su gestión en la ESE
En otras palabras, en su nuevo cargo como Procurador Julio César Serrano tendrá que investigar disciplinariamente a la que fue su cliente, la exesposa de Sneyder Pinilla, quien ya fue condenado por hechos de corrupción en la UNGRD.
Además, Serrano Carreño tiene una relación indirecta con Martín Tavera, el mismo que habría presionado la salida de Ileana Boada del cargo.
El enlace entre Serrano y Tavera es el exalcalde de Girón, Carlos Román Ochoa, quien hasta hace poco fungió como director de la Oficina de Contratación de la Gobernación de Santander, precisamente, como cuota de Martín Tavera.
Desde el inicio del actual gobierno departamental Román Ochoa fue nombrado como director de la Oficina de Contratación de la Gobernación, por recomendación de Martín Tavera. Pero estuvo en el palacio amarillo hasta mayo pasado, cuando fue retirado de la entidad por respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella y no alinearse con las instrucciones que respaldaban la aspiración presidencial de Paloma Valencia.
Precisamente, desde la llegada de Carlos Román Ochoa a la Gobernación de Santander Julio César Serrano ha suscrito tres contratos con la administración departamental para prestar sus servicios como profesional en la Oficina de Contratación, bajo la dirección de Román Ochoa.
De hecho, el pasado 4 de diciembre Julio César Serrano suscribió el contrato de prestación de servicios, CPS, AD-CD-25-1616 con la Gobernación de Santander, por valor de 29 millones de pesos y un plazo de ejecución de cinco meses. Aunque el plazo inicial terminó el pasado 4 de mayo, ese mismo día Carlos Román Ochoa prorrogó el contrato por un mes más, es decir, hasta el pasado jueves 4 de junio, y lo adicionó en 8 millones 700 mil pesos, por lo que el valor total es de 37 millones 700 mil pesos.
La conexión entre Serrano y el clan Tavera es el exalcalde de Girón, Carlos Román Ochoa, quien hasta hace poco fungió como director de la Oficina de Contratación de la Gobernación de Santander, precisamente, como cuota de Martín Tavera
Aunque uno de los contratos de prestación de servicio con la administración departamental se cruzó con su nombramiento como procurador regional, al cierre de este informe en la plataforma de contratación pública Secop no se había cargado la modificación o notificación oficial sobre la terminación anticipada del contrato AD-CD-25-1616.
Caso contrario ocurrió con el contrato CPS que suscribió el hoy procurador regional Julio César Serrano con el municipio de Rionegro, Santander, para prestar sus servicios como asesor jurídico del alcalde, Héctor Johanny Santana Muñoz, también cercano a los Tavera.
En este caso, el pasado 19 de mayo Serrano Carreño presentó la cesión de dicho acuerdo contractual debido a situaciones de carácter personal que le impedía continuar con la ejecución del contrato.
La relación de Julio César Serrano y Carlos Román Ochoa se remonta a tiempo atrás, tanto así que durante el periodo de Román Ochoa como alcalde de Girón Serrano fue el secretario jurídico de la Alcaldía.
METROPOLITANO intentó comunicarse con el procurador regional, Julio César Serrano pero no respondió las llamadas ni los mensajes.
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Esposa contratista
Sulay Eliana Triana, esposa del nuevo procurador Serrano se estrenó el año pasado como contratista del Estado. En 2025 Triana firmó un contrato de prestación de servicios con la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB (entidad controlada por los Tavera), por un valor de 20 millones de pesos y un plazo de ejecución de cinco meses, para prestar sus servicios como ingeniera industrial.
Posteriormente, en enero de este año, antes de iniciar la Ley de Garantías suscribió dos contratos de prestación de servicios, uno con la Alcaldía de Floridablanca y otro con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.
En el caso de Floridablanca, el contrato entre Triana y el municipio se firmó bajó el radicado FLO-CONT-CD-1485-2026, por valor de 10 millones y medio de pesos, con un plazo de ejecución de tres meses. Para la Dirección de Tránsito, el contrato fue suscrito bajo la referencia 220-2026, por un costo de 24 millones de pesos, con un plazo de ejecución de seis meses.
Si bien los contratistas no son sujetos de investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría, salvo ciertas excepciones contempladas en la Ley, la Procuraduría Regional de Santander sí puede investigar eventualmente a funcionarios como el director de Tránsito de Bucaramanga.
Así las cosas, mientras el pulso de la campaña por la Presidencia de la República en la segunda vuelta es cada vez más intenso y concentra la atención de la mayoría de los ciudadanos, en Santander se han venido dando movidas al interior de una entidad tan importante para la democracia como la Procuraduría, con tintes de burocracia e intereses de un clan político regional, en una entidad que precisamente es la encargada de vigilar disciplinariamente a los funcionarios públicos en la región.
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