En 2022 la Contraloría General de la República calificó la fallida construcción del portal de Metrolínea ‘Papi Quiero Piña’ (PQP), como uno de los peores ‘elefantes blancos’ del país y lo incluyó en el Top 10 de obras inconclusas, considerando este caso como un verdadero desastre fiscal y el principal problema del sistema de transporte masivo desarrollado hace dos décadas para el área metropolitana de Bucaramanga.

Metrolínea fracasó, sus operadores quebraron y se quedó sin buses para ofrecer el servicio en la troncal. Después del intento fallido de liquidación del ente gestor, hoy trata de revivir con buses alquilados mientras busca apoyo del Gobierno nacional.

Sin duda el gran problema del Portal PQP fue el lastre más pesado que hundió a Metrolínea.

Pues bien, METROPOLITANO encontró que la firma contratista detrás de la millonaria obra inconclusa, que tiene hoy a tres de sus exgerentes en juicio por un millonario desfalco, fue en su momento uno de los principales socios de los primos Nule, penosamente célebres contratistas condenados por diversos escándalos de corrupción en el país.

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Aunque inicialmente el megaproyecto de infraestructura PQP, presentado como la estación principal para la operación de Metrolínea comenzó costando cerca de $100 mil millones, hoy, quince años después de su concesión, su valor presente supera los $450 mil millones, pero en deudas e intereses, a pesar de su irrisoria ejecución física.

Detrás de la construcción del ‘elefante blanco’ de PQP está la firma cucuteña Vergel y Castellanos V&C SA, una de las principales socias de los primos Nule, condenados por corrupción en el caso denominado ‘Carrusel de la contratación de Bogotá’, en la administración de Samuel Moreno Rojas.

La relación entre Vergel y Castellanos V&C SA y los Nule, es tal, que cuando las autoridades comenzaron a escudriñar las operaciones de los primos contratistas, varias de las empresas que hacían parte del Grupo Empresarial S&C, en el cual se encontraba el concesionario Estaciones Metrolínea, junto a otras nueve empresas controladas por la firma cucuteña, fueron suspendidas como medida cautelar por parte de la Superintendencia de Sociedades, por las relaciones comerciales entre ambas empresas en distintos contratos de obras en el país.

En un caso paralelo al de PQP, tres exgerentes del concesionario Estaciones Metrolínea (controlado por Vergel y Castellanos V&C SA), fueron llamados a juicio desde el año pasado por el presunto desfalco de más de mil millones de pesos de las arcas de Metrolínea.

Si bien varias administraciones del sistema de transporte masivo de Bucaramanga han intentado recuperar la siniestrada obra, la falta de recursos y la nula voluntad política mantienen el proyecto de la Estación PQP convertido en un ‘elefante blanco’ visible a todos los ciudadanos que transitan por la autopista entre Bucaramanga y Floridablanca, sin solución a la vista. Una de las peores vergüenzas en infraestructura que ha tenido la ciudad.

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Del Banco Mundial a controvertidos contratistas

El 21 de septiembre de 2004, el gobierno colombiano recibió del Banco Mundial un préstamo por 250 millones de dólares para el proyecto del Sistema Integrado de Transporte Masivo, SITM, en Colombia, el empréstito fue adicionado en 507 millones dólares en 2009.

En la ejecución de la iniciativa nacional, el Ministerio de Transporte distribuyó los recursos en subproyectos para las regiones aplicando uno de ellos en la ciudad de Bucaramanga, en donde se creó la agencia implementadora denominada Estaciones Metrolínea SA, EMSA, la cual recibió financiamiento mixto, parte de los préstamos del Banco Mundial y del Estado colombiano.

Para garantizar el pleno desarrollo de los programas de los sistemas masivos de transporte, Metrolínea llevó a cabo licitaciones públicas para la concesión de dos millonarios contratos.

El primero de ellos fue la licitación M-LP-001-2008, por valor de $96 mil millones, con la cual concesionó la construcción de la estación de ‘la cabecera’ y los patios de operación y talleres de Floridablanca para el Sitm.

Aunque al cierre del proceso licitatorio se presentaron dos oferentes, el Consorcio Transmasivo de Bucaramanga y la Promesa de Sociedad Futura Estaciones Metrolínea Ltda, finalmente Metrolínea, en ese momento dirigida por Félix Francisco Rueda, le adjudicó la millonaria concesión a Estaciones Metrolínea Ltda, ya que Transmasivo no aportó los documentos mínimos necesarios para un proceso licitatorio, como certificación del pagos de parafiscales, la acreditación de la existencia, capacidad y representación legal del proponente, así como tampoco presentó disponibilidad efectiva de recursos, ni el capital de trabajo.

Así las cosas, Metrolínea terminó descalificando al Consorcio Transmasivo de Bucaramanga, representado legalmente por Leonardo Rodríguez Médano, y le adjudicó la millonaria concesión a Estaciones Metrolínea, promesa futura integrada por Vergel y Castellanos SA y Urbanas SA.

Unos meses después, en plena Navidad, el 24 de diciembre de 2009, el Ente Gestor de Metrolínea dio apertura a un nuevo proceso licitatorio para la culminación de las obras dejadas de ejecutar en el contrato 007 de 2006, entre el Puente vehicular Cañaveral hasta el sitio Papi Quiero Piña.

Si bien en el proceso licitatorio LPN003-2008 hubo cuatro oferentes, no existió proceso de evaluación, o al menos no se cargó en el Secop, hoy no hay información más allá de la que se conoció en la audiencia de adjudicación donde solo se ponderó la oferta más económica, sin revisar la capacidad técnica, jurídica y financiera del oferente. 

Ante este escenario el proponente ganador fue precisamente Vergel y Castellanos V&C SA, ya en ese momento representada legalmente por Diana Patricia Gil, con su oferta económica de $10.333 millones.

Es decir, en menos de seis meses la firma cucuteña se adjudicó dos contratos por más de $100 mil millones con Metrolínea.

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El socio de los Nule

Vergel y Castellanos V&C fue constituida en febrero de 1989 por Alfonso Vergel Hernández, y José Javier Castellanos Bautista con un capital de $2 millones, en la ciudad de Cúcuta.

Aunque en 1994 los socios de Vergel y Castellanos ya habían aumentado el capital de la empresa a $25 millones, el incremento más significativo de la compañía se dio en 2003, solo dos años después del cambio de domicilio a Bogotá, cuando V&C SAl incrementó su patrimonio a $1.625millones.

Sin embargo, el vertiginoso crecimiento económico de la firma cucuteña se consolidó gracias a sus alianzas comerciales con empresa de los Nule.

Es así, como en diciembre del 2007, unos días antes del comienzo del gobierno de Samuel Moreno Rojas como alcalde Bogotá,  Vergel y Castellanos SA volvió a aumentar su capital, esta vez a $100 mil millones autorizados, de los cuales sus socios pagaron $26 mil millones así: Alfonso Vergel Hernández, José Javier Castellanos Bautista, Yanett Cecilia Vergel Hernández, Hugo Iván Vergel Hernández, aportaron $13.460 millones, mientras que José Gilberto Hernández Lara, aportó $13.881 millones restantes.

Con el aumento exponencial de su capital y su alianza con los Nule, Vergel & Castellanos se convirtió en uno de los conglomerados económicos más poderosos de Bogotá y Cúcuta, incluso con alcance en Santander.

Así quedó demostrado en septiembre de 2010, justo unos meses antes de estallar el escándalo del ‘carrusel de contratos’ de Bogotá, cuando Vergel y Castellanos Ingenieros Asociados inscribió ante la Cámara de Comercio su Grupo Empresarial V&C, a través del cual controlaba diez empresas, entre ellas: Aguas Kpital Cúcuta, con el 76,77 %, (similar a Aguas Kpital de Los Nule, protagonista de otro escándalo de corrupción); Aguas de los Patios SA ESP, donde emite los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios; Kapital Energy SA, con el 99.95 %; Arqciviles SA, con el 51 %; Oilequip SA, 57 %; Roadco SA, socia propietaria con el 100 %; Transivic, con el 100 %; Vía de Cali SAS, con el  61 %; Vías del Valle, con el 62 %.

En todos los casos Vergel & Castellanos participaba como socia mayoritaria de cada una de las empresas.

Dentro del amplio portafolio de compañías, Vergel & Castellanos también inscribió ante la Cámara de Comercio su control sobre Estaciones Metrolínea Ltda, Promesa de Sociedad Futura que creó con la reconocida firma constructora de Santander, Urbanas SA, en 2008, para llevar a cabo la construcción de la estación de Metrolínea Papi Quiero Piña, PQP, en Floridablanca.

No obstante, tres semanas después , a través del acto administrativo 126007070 la Superintendencia de Sociedades ordenó la exclusión en la situación de control y grupo empresarial registrado con el número 01415915 de las sociedades: Aguas Kpital Cúcuta S.A. ESP, Aguas de Los Patios S.A. ESP y Kapital Energy S.A. ya que dichas empresas estaban siendo intervenidas por la Superintendencia de Sociedades contra Manuel Nule Velilla y Miguel Eduardo Nule Velilla y Guido Alberto Nule Mariño, los primos Nule.

Si bien la medida cautelar de la Superintendencia no afectó la situación de control de Vergel & Castellanos sobre Estaciones Metrolínea, sí hubo repercusiones indirectas que terminaron afectando el crecimiento exponencial y el poder de la firma cucuteña. Es por eso, que en 2013 V&C S.A. le vendió el total de sus acciones a Urbanas, por lo que Estaciones Metrolínea pasó a manos de Urbanizadora David Puyana S.A. con el 40 % y Urbanas Maquinaria e Ingeniería SAS, con el 60 %.

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Peculado en Metrolínea

A pesar de haber vendido el total de sus acciones como socio de Estaciones Metrolínea LTDA, los líos judiciales en contra de varios exgerentes de Vergel & Castellanos por presuntas irregularidades administrativas y financieras cuando operaban el concesionario de Metrolínea hoy continúan.

Se trata del proceso penal en contra de Daniel Carvajal Rey, Daniela Patricia Gil López y Pablo Emilio Bustamante Arango quienes son señalados de haberse aprovechado de su poder como representantes legales del consorcio para desviar más de mil millones de pesos de los recursos públicos del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga. El presunto desfalco habría ocurrido en solo un año.

Según la investigación de la Fiscalía, los tres acusados habrían desviado los millonarios recursos a través del pago de cheques que iban dirigidos de la cuenta corriente de Estaciones Metrolínea a terceros, varios de ellos empleados de las propias empresas consorciadas, Vergel & Castellanos y Urbanas.

Aunque el pago de los cheques era registrado debidamente en la contabilidad de Estaciones Metrolínea, posteriormente, los tres sindicados habrían adulterado la contabilidad de la compañía para cubrir cualquier rastro del ilícito.

“Se ejecutaron varias actividades para la apropiación de los recursos, lo que condujo a una división de trabajo entre los imputados, con el debido conocimiento de ejecución de conductas ilícitas que comprendió; primero, colocar como beneficiarios de los cheques a Pablo Emilio Bustamante, socio de Daniel Carvajal Rey en otras empresas y los empleados de Urbanas, Mauricio Villar Romero y Óscar Jesid Niño Celis. Segundo, se registraron estos cheques en la contabilidad de la empresa Metrolínea Ltda; y tercero, se cambiaron las anotaciones en los registros en el sistema contable por la empresa Ingsas, la cual presentó la factura No 0078 de 2009, con el objeto de cambiar en el sistema contable los beneficiarios, por servicios que nunca realizó”, señala el escrito de acusación del caso.

Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que a Mauricio Villar Romero le giraron $538 millones, en varios cheques, de los cuales Villar cobró cuatro. Los otros dos los endosó a favor de Óscar Jesid Niño Celis, por valor de $153 millones.

Por otro lado, a Pablo Bustamante le habrían girado cuatro cheques, por valor de $400 millones. Los títulos valores le fueron endosados a Mauricio Villar Romero, quien realizó el respectivo cobro.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó el cargo de peculado a Daniel Carvajal Rey, Daniela Patricia Gil López y Pablo Emilio Bustamante Arango. Ninguno de los tres aceptó la acusación.

Aunque el proceso se encuentra en fase de audiencias preparatorias para el juicio oral en contra de los implicados, el cambio de juzgados ha impedido que las diligencias continúen con normalidad.

En mayo de 2024 el expediente le fue remitido finalmente al Juzgado 14 Penal del Circuito  Bucaramanga para que continuara con el conocimiento del proceso, pero no ha tenido mayores avances.

Las deudas de PQP

En 2016 un fallo del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, obligó a Metrolínea a cancelar a Urbanas – Estaciones Metrolínea, $134 mil millones, más intereses, como compensación por la las fallida construcción de todas las obras de la Estación de Papi Quiero Piña en Floridablanca.

Según el laudo arbitral, Metrolínea tendría 18 meses para pagar el 50 % del monto total de la condena, es decir, una cifra cercana a los $70 mil millones. El plazo se cumplió el 9 de septiembre de 2022, una vez ejecutoriada la decisión del laudo arbitral.

Para la Contraloría General de la República, la fallida construcción del portal de Metrolínea Papi Quiero Piña, es uno de los mayores ‘elefantes blancos’ de Colombia, con un valor total de $98.499 millones, que tiene un avance físico de solo 24 % y financiero de 41 %.

Según datos oficiales, las deudas de Metrolínea alcanzan los $450.000 millones, solo en laudos arbitrales.

La situación financiera de Metrolínea es tal que la firma calificadora de riesgos Fitch Ratings mantuvo en 2024 la calificación negativa de largo plazo, justamente haciendo referencia a la incertidumbre por la situación financiera de Metrolínea, entidad en la que el municipio es el socio mayoritario.

El informe de Fitch Ratings señala que, si bien Bucaramanga mantiene una calificación AAA (máxima asignada por Fitch en la escala nacional), basado en el buen desempeño fiscal que continúa presentando el municipio, también mantiene la «Observación Negativa» de la calificación nacional de largo plazo debido a la incertidumbre sobre la situación financiera de Metrolínea.

«Si bien no se puede afirmar que este será responsable por los pasivos de Metrolínea, Fitch opina que existe un riesgo aún no cuantificable para Bucaramanga por la inviabilidad financiera de la empresa, dada su condición de accionista principal», advierte la calificadora de riesgo.

En el proyecto de Acuerdo que tramitó el Concejo de Bucaramanga para la autorización de la liquidación de Metrolínea, la administración municipal reveló que a 31 de mayo de 2024 las deudas del ente gestor, solo por concepto de condenas judiciales, superaban los $519 mil millones.

«Lo anterior, se soporta sobre el balance expuesto de los años 2021, 2022, 2023, de los cuales se concluye que, si bien Metrolínea S.A., se encuentra desarrollando el objeto social, económicamente no es viable puesto que sus pasivos, entre otros, su pasivo contingente para el caso de condenas en contra actualizadas asciende a la suma de $519.973.723.008 según consta en el informe de Metrolínea S.A., – relación de condenas pendientes de pago– liquidación a 31 de mayo 2024, lo cual es visible en los anexos del presente Acuerdo«, se lee en la ponencia del mencionado proyecto.

Aunque el Concejo de Bucaramanga dio vía libre al proyecto de liquidación de Metrolínea el proceso no se pudo llevar a cabo por la objeción del gobierno Petro que se opuso a dicha liquidación y por el contrario propuso un nuevo modelo de transporte, un tranvía, aprovechando la infraestructura que actualmente tiene Metrolínea. Sin embargo, dicha propuesta no se consolidó y por ahora la administración municipal recurrió a alquilar unos buses de la flota de Transportes Medellín Castilla S.A para reactivar la operación del Sistema Integrado de Transporte.

Vergel & Castellanos y el Corredor Agroforestal 

Pero esta no es la única obra fallida en la que ha participado la firma de origen cucuteño Vergel & Castellanos.

En 2014, en el gobierno de Richard Aguilar Villa, la controvertida empresa que ya estaba en el ojo del huracán por su estrecha relación comercial y contractual con los primos Nule, logró que le adjudicaran el contrato de $180 mil millones, (incluidos adicionales), del Corredor Agroforestal, con el fin de rehabilitar y mejorar la red secundaria para la conectividad regional en municipios como Gámbita, Suaita, Oiba, Guadalupe, Contratación, Chima, Simacota, Socorro, Páramo, Guacamayo, Santa Helena del Opón y el Carmen de Chucurí.

Según las condiciones iniciales, el megaproyecto tenía que estar listo en 36 meses, es decir, para diciembre de 2017 las obras del Corredor Agroforestal y Energético del departamento debieron estar plenamente habilitadas. No obstante, a la fecha las obras continúan inconclusas.

Precisamente el controvertido contrato del Corredor Agroforestal, que según confesó ante la Fiscalía la exsecretaria de Infraestructura, Claudia Toledo, fue adjudicado irregularmente a un ‘ungido’ de Aureliano Naranjo, primo de Richard Aguilar, como regalo de cumpleaños al exgobernador, hace parte de la investigación penal que actualmente adelanta la Corte Suprema en contra del exgobernador, quien en los próximos días se inscribirá como aspirante al Senado en las elecciones de marzo de 2026, con aval del Partido Liberal.

¿Tiene una denuncia o una historia para contar? Escríbanos al correo info@metropolitano.com.co

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