Mientras el conflicto armado sigue profundizando la emergencia humanitaria en el Catatumbo, una comisión integrada por la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de la ONU recibió este viernes a 13 integrantes de las disidencias de las Farc que permanecían en poder del Eln.
La liberación se llevó a cabo en una zona de la región del Catatumbo y estuvo acompañada por representantes de organismos humanitarios y de la Iglesia, quienes facilitaron la entrega de los retenidos y verificaron su estado de salud. La comisión estuvo encabezada por monseñor Orlando Olave, obispo de la Diócesis de Ocaña, junto con delegados de la Defensoría del Pueblo y de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
Según explicó el prelado, la participación de la Iglesia respondió a una invitación realizada por el Eln para acompañar el proceso de liberación de las 13 personas. “Nos alegra contribuir en este gesto de paz, pero ante todo celebramos el respeto a la vida”, expresó monseñor Olave al referirse a la entrega de los jóvenes.
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El obispo también manifestó su preocupación por la situación que enfrentan las comunidades del Catatumbo, una de las regiones más afectadas por la confrontación armada en el país. “El desplazamiento, el secuestro, el reclutamiento de menores y la muerte de cientos de personas son hechos que golpean profundamente a las familias campesinas”, señaló.
Durante el acto de entrega, alias Ricardo, segundo comandante del Frente Nororiental del Eln en el Catatumbo, aseguró que los liberados habían sido retenidos en medio de los combates que sostienen con las disidencias de las Farc en varios municipios de la región. El jefe guerrillero confirmó además que las personas entregadas pertenecían al Frente 33 de las disidencias y afirmó que fueron liberadas en cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario.
“Regresan sanos y salvos a sus hogares y recuperan la libertad”, manifestó el integrante del Eln durante la jornada. La liberación ocurre en un contexto de creciente escalada violenta entre ambos grupos armados ilegales, enfrentados por el control territorial y de corredores estratégicos en Norte de Santander.
El Eln responsabilizó a las disidencias de las Farc de recientes hechos violentos ocurridos en la vereda Kilómetro 84 y en Puerto Catatumbo, zona rural del municipio de El Tarra, donde tres personas fueron asesinadas.
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A su vez, la organización insurgente lanzó acusaciones contra la Fuerza Pública, señalando una supuesta colaboración con sus adversarios, afirmaciones que no han sido respaldadas por las autoridades. La confrontación entre estos grupos armados continúa generando graves consecuencias para la población civil. Solo durante la última semana, 453 familias tuvieron que abandonar sus hogares en varias veredas rurales de El Tarra debido a los combates.
Los desplazamientos afectaron comunidades de sectores como Kilómetro 84, Kilómetro 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo. La crisis humanitaria en la región sigue agravándose. De acuerdo con los reportes más recientes, más de 100.000 personas han sido desplazadas desde enero de 2025 como consecuencia de la guerra entre el Eln y las disidencias de las Farc.
Además, durante los primeros meses del año, las acciones violentas han impactado directamente a más de 2.400 habitantes de las zonas rurales de Tibú y El Tarra, consolidando uno de los episodios más críticos de violencia registrados recientemente en el Catatumbo.
