El borrador de decreto con el que el Gobierno nacional busca declarar una emergencia económica abrió la puerta a una amplia reforma fiscal que impactaría directamente a empresas, personas naturales y sectores estratégicos de la economía, en un intento por asegurar los recursos necesarios para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026.

Entre las medidas más relevantes está la ampliación del impuesto al patrimonio, que por primera vez incluiría a las empresas y sociedades, además de personas naturales. La propuesta contempla que quienes tengan un patrimonio líquido igual o superior a 40.000 UVT, es decir, cerca de $2.094 millones, paguen tarifas progresivas que podrían llegar hasta el 5 % del valor de sus activos.

El paquete también contempla el aumento del gravamen a los movimientos financieros (GMF), que pasaría del actual 4×1000 al 5×1000, lo que encarecería las transacciones bancarias tanto para ciudadanos como para empresas, con un impacto directo en el costo de operar dentro del sistema financiero.

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Otra de las iniciativas incluidas en el borrador es la aplicación de un IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar en línea, un sector que hasta ahora estaba exento. Con esta medida, el Gobierno busca equiparar la carga tributaria entre las apuestas virtuales y las presenciales, además de ampliar la base de recaudo.

Adicionalmente, se plantea un incremento en el impuesto al consumo de licores y productos de tabaco, mediante el ajuste de tarifas específicas y ad valorem, con el objetivo de aumentar los ingresos fiscales provenientes de estos bienes de alto consumo.

El documento también propone la creación de un tributo especial para la extracción, primera venta y exportación de petróleo crudo y carbón, con una tarifa cercana al 1 % sobre el valor de venta, enfocada en captar mayores recursos del sector minero-energético.

Aunque el Gobierno no ha revelado aún el monto exacto del recaudo esperado, analistas advierten que el paquete ha generado alertas por su posible impacto en la inversión, la competitividad y su eventual constitucionalidad.