El escándalo en el gobierno Petro por reuniones con ‘Papá Pitufo’ se intensificó luego de que se conocieran grabaciones que evidencian encuentros entre altos funcionarios y el círculo cercano de Diego Marín, considerado uno de los mayores contrabandistas del país.
Las grabaciones, reveladas por Noticias Caracol, corresponden a reuniones realizadas a comienzos de 2025 en las que al menos cuatro integrantes del Gobierno habrían sostenido comunicaciones directas con el entorno del contravandista, antes de la intervención de autoridades judiciales.
Uno de los encuentros más relevantes involucró a Jorge Lemus, quien en ese momento se desempeñaba como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y al abogado de Marín, Luis Felipe Ramírez.
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En los audios se sugiere que el funcionario habría planteado la posibilidad de facilitar beneficios judiciales, como interceder ante la Fiscalía General de la Nación o incluso incluir al contrabandista en el programa de “Paz Total”, lo que ha generado cuestionamientos sobre una posible extralimitación de funciones.
Además, se evidencia que Marín tendría información sensible que podría comprometer a distintas figuras públicas, lo que ha aumentado la preocupación sobre el alcance del caso: “Ahora es que, si él va a hablar de todo, mejor dicho, apague y vámonos. Apague y vámonos” afirmó el abogado Ramírez en los audios revelados.
Otro elemento revelado es que el abogado del contrabandista habría entregado información proveniente del “bajo mundo” a funcionarios del Gobierno, especialmente relacionada con temas de seguridad presidencial.
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Frente a las revelaciones, el presidente Gustavo Petro aseguró que los acercamientos tenían un propósito institucional, orientado a lograr que Marín compareciera ante la justicia colombiana.
El mandatario también denunció que algunos agentes de inteligencia habrían aprovechado estos contactos para solicitar dinero, lo que, según indicó, derivó en la salida de dichos funcionarios.
Asimismo, el jefe de Estado cuestionó el papel de la Fiscalía, señalando que el ente investigador estaría enfocando sus acciones en el Gobierno en lugar de combatir el contrabando. Incluso, planteó la posibilidad de acuerdos entre funcionarios para evitar el retorno de Marín al país.
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El caso reavivó las denuncias sobre una supuesta entrega de 500 millones de pesos en efectivo por parte de Marín a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según lo conocido, en las grabaciones se plantea la posibilidad de que personas cercanas al entorno del mandatario, incluyendo ciudadanos españoles, habrían retenido ese dinero.
Aunque el presidente ha negado reiteradamente que su campaña haya recibido recursos provenientes del contrabando, las revelaciones han mantenido el tema en la agenda pública.
En los audios también se mencionan otros presuntos intermediarios que habrían tenido contacto con el entorno de Marín, entre ellos Isaac Beltrán, el ciudadano español Ramón Devesa yAugusto Rodríguez, además de otros contactos no identificados.
