Tres décadas de silencio institucional llegaron a su fin. El Estado colombiano admitió su responsabilidad por el asesinato de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, ocurrido el 24 de abril de 1991 en Segovia, Antioquia, mientras realizaban un trabajo sobre el conflicto armado.
El reconocimiento se dio durante un acto simbólico celebrado en el Festival Gabo de Periodismo, en Bogotá, como parte de un acuerdo de solución amistosa entre las familias de las víctimas y el Estado colombiano, avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Chaparro, cronista y poeta de 29 años, y Torres, reportero gráfico de 38, fueron asesinados cuando buscaban información sobre la masacre de 1988 en Segovia, donde más de 54 personas fueron asesinadas.
RECOMENDAMOS: Únase aquí al canal de YouTube de Metropolitano y active las notificaciones
La defensora del Pueblo, Iris Marín, destacó la lucha incansable de los familiares y su «persistencia y dignidad». A ellos les dijo: «Este acto no borra el dolor, pero representa un paso hacia la verdad, la justicia y la garantía de no repetición«.
Por su parte, la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, indicó que «El Estado falló en prevenir el crimen, en investigar los hechos y en sancionar a los responsables«, al leer el pronunciamiento oficial. La funcionaria también lamentó que el caso haya permanecido impune por más de tres décadas, dejando sin justicia a las familias, al gremio periodístico y al país.
En su intervención, Daniel Chaparro, hijo del cronista, evocó el legado ético y estético de su padre: «Supo mostrar la violencia sin mostrar a los muertos y sin hacer protagonistas a los villanos”.
Alexandra Torres, hija del fotógrafo, lo recordó como «un hombre apasionado que hizo millones de disparos y ráfagas de fotografías, las que sí deben existir”.
RECOMENDAMOS: Únase aquí a la cuenta de X (Twitter) de Metropolitano
El vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Andrés Mompotes, subrayó que este crimen fue un ataque directo al periodismo valiente que busca contar la verdad. «Cuando se mata a un periodista y el crimen queda impune, se envía el mensaje de que callar la verdad no tiene consecuencias”, advirtió.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que ha acompañado el caso, lamentó que la investigación haya tenido múltiples fallos judiciales y contradicciones, como la liberación de presuntos responsables por supuesta invalidez en las pruebas.
El acuerdo de reparación contempla además la creación de un premio honorífico que llevará los nombres de Chaparro y Torres, en las categorías de crónica y fotografía, así como la construcción de un mural conmemorativo en Bogotá.
A 34 años del crimen, la memoria de estos dos periodistas continúa viva, como símbolo del compromiso con la verdad y la libertad de prensa en Colombia.
