Para este martes, 2 de diciembre, está citada la audiencia de imputación de cargos contra el exsecretario de Infraestructura de Bucaramanga, Iván José Vargas, investigado por presuntas irregularidades en un contrato para obras de modernización de la planta física de la Institución Educativa Tecnológico Dámaso Zapata, uno de los colegios más emblemáticos del municipio.
Vargas será acusado por la Fiscalía de los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin requisitos legales.
El caso por el cual la justicia señala al exsecretario de despacho del gobierno del exalcalde Juan Carlos Cárdenas tiene que ver con presuntas irregularidades en la ejecución de dicho proyecto que inició costando poco más $10 mil millones, pero por el cual la Alcaldía terminó pagando más de $15 mil millones.
Únase AQUÍ a nuestro WHATSAPP | TIK TOK | INSTAGRAM
METROPOLITANO tuvo acceso al expediente en el que no solo se investiga al exsecretario Vargas, sino por lo menos a cuatro personas más entre contratistas, interventores y funcionarios de la Alcaldía.
A pesar de millonarios adicionales en el contrato, que habrían sobrepasado los límites permitidos por la ley, el proyecto siempre estuvo retrasado y los recursos terminaron ejecutándose en obras locativas, sin las especificaciones técnicas requeridas, lo que generó el rechazo generalizado de estudiantes, docentes y padres de familia que, entre otras cosas, se opusieron a la demolición de su auditorio principal, supuestamente para construir un coliseo, que hoy no existe.
El exsecretario de Infraestructura, Iván Vargas, será imputado como presunto responsable de irregularidades en la ejecución del contrato para el mejoramiento de la infraestructura del colegio Dámaso Zapata, conocido popularmente como el Tecnológico.
Por estos hechos también están citados a la audiencia de imputación de cargos Roque Julio Oliveros, profesional de secretaría de Infraestructura de Bucaramanga, quien fungió como supervisor en el contrato cuestionado.
Además, el empresario Manuel Eduardo Vesga Moreno, representante legal del Consorcio Dámaso Zapata, contratista de la obra, y Pedro Mauricio Beltrán Dulcey, representante del Consorcio Intertecnonologico CP, encargado de la interventoría del contrato. También Álvaro Solano Aguilar, quien tuvo papel en la interventoría.
Los cuestionamientos al contrato
En este caso la Fiscalía ha venido investigando a al menos cinco personas que estuvieron involucradas con la ejecución del Contrato 104 de 2021, suscrito por la Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Infraestructura, y que tenía como fin el mejoramiento de las instalaciones del Instituto Tecnológico Dámaso Zapata Fase I, con un presupuesto de $10.161 millones.
Aunque al proceso se presentaron 30 oferentes, finalmente el proponente ganador fue el Consorcio Damaso Zapata, integrado por las firmas AMV S.A. y Vesga Moreno Ingenieros SAS, representado legalmente por Manuel Eduardo Vesga Moreno, que según el reporte del comité evaluador cumplió con los requisitos y obtuvo una calificación casi perfecta.
El contrato debía ejecutarse en siete meses, es decir, en enero del 2022 debieron estar las obras, pero posibles fallas en la planeación y deficientes estudios y diseños retrasaron su desarrollo seis meses.
LE PUEDE INTERESAR: CAI Fluvial de Topocoro, un ‘elefante blanco’ flotante de $1.800 millones en Santander
En la ejecución del contrato fueron intervenidos los edificios Administrativo, de Bienestar, la cancha de arenilla, las zonas comunes peatonales y la demolición de edificaciones independientes en las cuales estaba el teatro, talleres y espacios aledaños a los mismos.
Puntualmente, la Fiscalía habría comprobado que la arena suministrada e instalada en la cancha de fútbol principal del colegio, no habría cumplido con lo requerido en las especificaciones técnicas que hacen parte integral del contrato.
Así lo habría corroborado un estudio de granulometría contratado por la Contraloría municipal con la Universidad Industrial de Santander, UIS, para verificar si la cancha de arenilla cumplía con el material particulado requerido en las especificaciones técnicas para su utilización.
Dicho estudio concluyó que “hay porcentajes más que considerables de suelos gruesos en lo instalado, partículas demasiado gruesas que no deberían estar en un suelo que debió ser tamizado”.
En otras palabras, la arenilla no cumpliría con las especificaciones exigidas en el pliego de condiciones del contrato.
Por otro lado, el ente acusador detectó falta de planeación en la mejora de las condiciones físicas de infraestructura en la institución educativa, incluyendo actividades (como demoliciones) que no estaban contempladas en el proyecto original o fuera del polígono de áreas de intervención estipuladas en el alcance del contrato, generando presuntos sobrecostos y afectaciones de la comunidad estudiantil.
Noticia en desarrollo…
