Cúcuta se ha convertido en un laboratorio de la violencia urbana que golpea a Colombia. Así lo concluyeron expertos y analistas durante el II Foro de Violencia Urbana, organizado por la Fundación Progresar, donde coincidieron en que la inseguridad atraviesa una etapa crítica marcada por la expansión del crimen organizado, la corrupción institucional y el fortalecimiento de las economías ilegales.

Según los panelistas, el país enfrenta una reconfiguración del poder criminal, en la que viejas estructuras se transforman y nuevos actores disputan territorios, economías y poder político. Una combinación que, aseguran, deja al Estado con una capacidad de respuesta cada vez más limitada.

El director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, fue enfático al afirmar que Cúcuta vive una crisis estructural de seguridad producto de décadas de abandono institucional. “Los temas de seguridad no han sido prioridad para las autoridades locales. Los alcaldes creen que entregar gasolina o motos a la Policía es suficiente, y eso no soluciona nada”, sostuvo.

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El defensor de derechos humanos advirtió además que la ciudad enfrenta una crisis de legitimidad institucional, agravada por denuncias de corrupción y presuntos vínculos entre funcionarios y redes criminales. “Mientras existan servidores públicos en nómina de las estructuras criminales, no hay nada que hacer”, sentenció.

Cañizares también alertó sobre la nueva generación de narcotraficantes locales, surgidos del Catatumbo, que han escalado posiciones hasta controlar capitales y ejercer influencia política en Cúcuta. “Estos nuevos actores del narcotráfico son más violentos y sofisticados. No solo dominan la economía ilegal, también buscan poder político y social”, explicó.

El activista reveló además que parte del dinero del narcotráfico se mueve y se lava en la capital nortesantandereana, donde se financian campañas políticas y se consolidan alianzas entre el crimen y sectores del poder local.

Durante el foro, el académico Alejandro Blanco, de la Universidad Libre de Barranquilla, amplió la mirada hacia el contexto continental. Señaló que el crimen organizado en América Latina opera hoy como una red empresarial transnacional, aprendiendo de otros países y adaptándose a las estrategias de los Estados.

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“El crimen se ha globalizado, construye redes internacionales igual que las grandes corporaciones”, afirmó Blanco, quien advirtió sobre la llamada ‘tríada del crimen latinoamericano’, conformada por Colombia, Venezuela y Brasil, con Ecuador como posible cuarto vértice.

Estos países —dijo— comparten pobreza, debilidad institucional y fronteras porosas, condiciones que facilitan el avance de las economías ilegales. “La exclusión y la falta de oportunidades son el caldo de cultivo perfecto para que el crimen crezca y se fortalezca”, agregó.

Respecto a Norte de Santander, el académico subrayó su papel como epicentro del narcotráfico y las redes ilegales, gracias a su ubicación estratégica y a la compleja geografía fronteriza. “Aquí convergen múltiples actores armados y economías ilegales. Es un corredor clave para el tránsito de drogas, armas y mercancías”, precisó.

Blanco concluyó que la paz en la región solo será posible con políticas sostenidas que enfrenten las causas estructurales de la violencia. “La violencia hoy está atomizada. No basta con acuerdos políticos, se necesita una transformación social e institucional profunda”, advirtió.

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Por su parte, George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana del departamento y coronel retirado de la Policía Nacional, reconoció que Colombia aún no dimensiona la magnitud del crimen transnacional.

“Aquí no han querido entender cómo mafias de distintos países —mexicanas, rusas, turcas o marroquíes— están operando en Colombia, no solo en el narcotráfico, sino en delitos de trata, informáticos y financieros”, aseguró.

El funcionario advirtió que reducir la inseguridad a los delitos comunes o al conflicto armado entre el Eln y las disidencias de las Farc es un error. “El crimen en Norte de Santander es mucho más complejo: es un fenómeno global que impacta directamente en la vida diaria de los ciudadanos”, concluyó.