Bajo un fuerte operativo de seguridad y en un momento políticamente sensible para Colombia, Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, fue trasladado en la madrugada de este martes en Bogotá como paso previo a su extradición a Estados Unidos, justo cuando el presidente Gustavo Petro se prepara para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington.

El movimiento se realizó desde la estación de Policía de Los Mártires hasta la sede de la Dirección de Antinarcóticos, contigua al aeropuerto El Dorado. El procedimiento estuvo acompañado por más de 70 uniformados, apoyo aéreo del helicóptero Halcón y vigilancia con drones, en un despliegue que reflejó el alto perfil del extraditable.

Alias Pipe Tuluá es señalado como el máximo cabecilla de La Inmaculada, una de las estructuras criminales más violentas del Valle del Cauca. En Colombia cumple una condena de 30 años de prisión por homicidio, extorsión y concierto para delinquir. Pese a estar privado de la libertad, las autoridades sostienen que continuó dirigiendo la organización desde distintos centros de reclusión, razón por la cual permanecía bajo custodia especial en instalaciones policiales y no en una cárcel convencional.

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Desde prisión, Marín habría mantenido control sobre acciones criminales atribuidas al grupo MAGO (Muerte a Guardianes Opresores), considerado un brazo armado de La Inmaculada. Esta estructura difundió panfletos, amenazas y ejecutó ataques contra funcionarios del INPEC que se negaban a recibir sobornos, con el objetivo de frenar los controles al accionar delictivo desde las cárceles.

La violencia asociada a la organización trascendió el ámbito penitenciario. El propio ‘Pipe Tuluá’ reconoció haber ordenado un atentado contra el alcalde de Tuluá como mecanismo de presión. A La Inmaculada también se le atribuye el homicidio del concejal Carlos Arturo Londoño, asesinado tras un acto oficial, así como la muerte de otro cabildante en un atentado sicarial, hechos que golpearon directamente a la institucionalidad local.

La extradición quedó en firme luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera concepto favorable por tres cargos relacionados con narcotráfico, el presidente Gustavo Petro firmara la orden correspondiente y el Gobierno resolviera las apelaciones presentadas por la defensa del procesado.

De acuerdo con el expediente del Tribunal del Distrito Este de Texas, Marín está acusado de coordinar el envío de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, en alianza con organizaciones criminales de México y Colombia, entre ellas los carteles de Sinaloa, La Línea y la Oficina de Envigado.

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Para la justicia estadounidense, ‘Pipe Tuluá’ era el principal articulador de La Inmaculada en el negocio del narcotráfico internacional. El indictment señala que dirigía la logística para transportar y distribuir cargamentos de varios kilogramos de cocaína mediante rutas marítimas hacia Centroamérica y corredores terrestres por México, con destino final a ciudades como Dallas y Denver.

La investigación fue liderada por la DEA e incluyó interceptaciones legales, seguimientos a miembros de la organización y la infiltración de un agente encubierto que se hizo pasar por comprador de droga en México. Según el expediente, varias de las operaciones habrían sido autorizadas directamente por Marín.

El traslado del capo ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas y en la antesala del encuentro entre Petro y Trump, donde la extradición de jefes criminales y la cooperación antidrogas figuran como puntos sensibles de la agenda bilateral.

Aunque el Gobierno colombiano ha insistido en que las extradiciones se han mantenido —con más de 800 personas enviadas a otros países en los últimos tres años—, el caso de ‘Pipe Tuluá‘ generó especial atención debido a su interés en ser reconocido como gestor de paz dentro de la política de ‘paz total’, una figura que en otros procesos ha frenado extradiciones. Sin embargo, los acercamientos con La Inmaculada no prosperaron y el proceso quedó congelado.