Un archivo oculto durante más de un año dentro de la Fiscalía destapó un escándalo de proporciones inéditas: dos altos funcionarios del Estado habrían sostenido comunicaciones directas, reuniones y hasta acuerdos operativos con jefes de las disidencias de las Farc. Así lo reveló una investigación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que accedió a correos, chats, fotografías y memorias digitales incautadas en un operativo militar en Antioquia.
El material compromete al general del Ejército Juan Miguel Huertas, actual jefe del Comando de Personal, y a Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Ambos aparecen mencionados en una extensa red de mensajes donde insurgentes describen encuentros en Bogotá, solicitudes de apoyo y presuntos beneficios operativos.
Las evidencias surgieron del decomiso de más de cien dispositivos electrónicos realizados el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia. Ese día, una caravana con siete jefes de disidencias fue detenida por el Ejército mientras se desplazaba con armas, dinero y un menor de edad, escoltada por funcionarios de la UNP. Aunque la flagrancia era evidente, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó liberar a cuatro de los capturados tras declararlos “gestores de paz”.
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Lo que nunca se contó públicamente es que en ese retén se encontraron cartas, unidades de memoria y celulares con información sensible que detallaba un nivel de penetración de las disidencias en instituciones del Estado. Según los documentos, insurgentes tenían trato directo con funcionarios de la Fiscalía, el Ejército, la Policía y agencias de inteligencia.
Una de las piezas más delicadas es una carta enviada el 8 de febrero de 2024 por un miembro de las disidencias a alias Calarcá. En ella relata reuniones sostenidas en Bogotá con el general Huertas. El oficial —entonces asesor de oficinas del Ministerio de Defensa y de la inteligencia estatal— habría propuesto crear una empresa de seguridad como fachada para operar legalmente, replicando modelos usados por estructuras paramilitares en el pasado.
El documento asegura que Huertas ofrecía permisos, armas, vehículos blindados y apoyo logístico a cambio de un negocio compartido. La intención, según el reporte insurgente, era contar con “hombres legales” si las negociaciones de paz con el Gobierno no prosperaban.
La carta también menciona supuestas gestiones para facilitar movilidad, evitar controles en retenes y activar contactos en la Presidencia con el fin de garantizar pasos sin contratiempos. El vínculo entre Huertas y el presidente Gustavo Petro aparece referenciado por los insurgentes, quienes recuerdan que el oficial ingresó a la campaña presidencial en 2022 tras ser retirado del Ejército por el general Eduardo Zapateiro. En agosto de 2024, ya bajo el actual Gobierno, Huertas regresó a la institución y asumió uno de los cargos más estratégicos: el Comando de Personal.
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El nombre de Wilmer Mejía también aparece repetidamente en los archivos. Aunque su formación es en educación física, Mejía ascendió durante el gobierno Petro a posiciones de alto poder dentro de la inteligencia del Estado. Fuentes consultadas por Noticias Caracol aseguran que estuvo involucrado en decisiones de ascensos, traslados y retiros de oficiales, al punto de que varias dependencias debían enviarle hojas de vida para autorización.
En los mensajes incautados, insurgentes mencionan su participación en posibles viajes a Venezuela junto al general Huertas para obtener información sobre la muerte de un miembro de su estructura armada.
Pese a la gravedad de los hallazgos, la investigación no registra avances dentro de la Fiscalía, que tendría conocimiento de las evidencias desde mediados de 2024. Entre los documentos incautados incluso figuran referencias a una presunta financiación de la campaña Petro Presidente, asunto sobre el cual tampoco se ha abierto un proceso formal.
El escándalo abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre la seguridad institucional y la capacidad del Estado para blindarse ante redes de infiltración. Las revelaciones, de confirmarse, comprometerían a dos figuras con acceso privilegiado a decisiones estratégicas y dejarían en evidencia fallas profundas en los controles de la inteligencia colombiana.
