Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema la Fiscalía acusó al excanciller Álvaro Leyva por el delito de prevaricato en un proceso que gira en torno a decisiones adoptadas durante la fallida licitación para la expedición de pasaportes en Colombia.
El expediente fue asignado a la magistrada Blanca Nélida Barreto, quien programó la audiencia de formulación de acusación para el próximo 23 de abril a las 3 de la tarde.
De acuerdo con el ente acusador, Leyva habría emitido varios actos administrativos contrarios a la ley en el proceso contractual, incluyendo la declaratoria desierta de la licitación en septiembre de 2023, pese a que la empresa Thomas Greg & Sons cumplía con los requisitos establecidos.
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Según la Fiscalía, estas decisiones habrían sido tomadas de manera arbitraria, ignorando conceptos técnicos que recomendaban adjudicar el contrato y advertían sobre riesgos en la continuidad del servicio, el cual está ligado a derechos fundamentales como la libre movilidad de los ciudadanos.
Además, el exfuncionario habría rechazado un recurso de reposición presentado por la empresa interesada, lo que para el ente investigador constituye un uso indebido de sus facultades como canciller.
En paralelo al proceso penal, Leyva ya enfrenta sanciones disciplinarias. La Procuraduría lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos, decisión que fue confirmada en segunda instancia por la procuraduría el 2 de septiembre del 2025.
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El caso también está relacionado con la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de no continuar con el contrato con Thomas Greg, firma que durante años estuvo encargada de la impresión de pasaportes en el país.
Asimismo, el órgano de control mantiene abiertas otras investigaciones relacionadas con este caso, en las que también figuran funcionarios como Laura Sarabia, Alfredo Saade y Luis Gilberto Murillo.
