El caso Miguel Uribe Turbay atraviesa un momento crítico luego de que se conociera que el equipo de la Fiscalía encargado de la investigación del caso ha sido objeto de amenazas, justo cuando se registran avances determinantes para esclarecer el crimen.
La alerta fue emitida por la fiscal general Luz Adriana Camargo durante un acto público de rendición de cuentas en la capital del país, donde calificó las intimidaciones como “preocupantes” y señaló que estas intimidaciones estarían directamente relacionadas con los progresos alcanzados en la investigación.
La jefe del ente acusador indicó que los fiscales han venido avanzando de manera significativa no solo en este caso, sino también en la identificación de una posible conexión entre la célula que ejecutó el homicidio y otros asesinatos que actualmente son objeto de indagación.
Únase AQUÍ a nuestro WHATSAPP | TIK TOK | INSTAGRAM

El proceso investigativo, liderado por la fiscal Elsa Reyes, ha permitido consolidar elementos que apuntan a la existencia de una estructura criminal organizada detrás del ataque. Según la línea de investigación, la acción habría sido ejecutada por una red delictiva presuntamente coordinada por Elder José Arteaga, quien fue capturado junto a otras personas señaladas de participar en el crimen.
Las autoridades manejan como principal hipótesis la posible participación de las disidencias de las Farc conocida como Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez. Sin embargo, la Fiscalía ha sido enfática en que aún se encuentran en proceso de recolección de pruebas que permitan establecer con precisión las responsabilidades y confirmar si esta estructura armada tuvo injerencia directa en el homicidio.
En medio de este panorama, la Fiscalía decidió reforzar las medidas de seguridad para proteger a los investigadores que adelantan el caso, con el fin de garantizar que puedan continuar su labor sin presiones externas.
La situación ha generado inquietud entre los representantes de la familia de la víctima, quienes han manifestado su preocupación por las posibles afectaciones al proceso judicial.




