La Fiscalía General de la Nación anunció que, por ahora, no suspenderá las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias Chiquito Malo, máximo jefe del grupo armado y solicitado en extradición por Estados Unidos.
La decisión fue dada a conocer este martes 12 de mayo mediante un comunicado oficial, en respuesta a la resolución expedida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en la que el Gobierno nacional aceptó el listado de integrantes del grupo armado para iniciar su traslado hacia Zonas de Ubicación Temporal como parte del proceso de paz.
Sin embargo, el ente acusador explicó que no aplicará medidas automáticas para suspender las capturas hasta verificar el cumplimiento de varios requisitos legales y avances concretos del proceso.
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Según la Fiscalía, actualmente se adelanta una revisión individual de las 29 personas incluidas en el listado para confirmar plenamente su identidad, situación jurídica, órdenes de captura vigentes y posible pertenencia al grupo armado ilegal.
La entidad sostuvo que la información entregada hasta el momento por el Gobierno no permite establecer con claridad el alcance real de los acuerdos ni comprobar avances efectivos en el desmantelamiento de la estructura criminal.
Entre los aspectos que deberán ser evaluados antes de considerar beneficios jurídicos, la Fiscalía mencionó avances en la desarticulación armada del grupo, suspensión de acciones violentas, entrega de menores reclutados, ubicación de desaparecidos, desminado y transición de economías ilegales.
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El organismo también precisó que, de acuerdo con la resolución del Gobierno, los efectos relacionados con inmunidad de tránsito y suspensión de órdenes de captura comenzarían únicamente a partir del 25 de junio de 2026 y no antes.
Uno de los puntos más sensibles del caso es la inclusión de ‘Chiquito Malo’ dentro del listado presentado por el clan del Golfo. La Fiscalía recordó que el cabecilla tiene una solicitud de extradición vigente por parte de Estados Unidos, respaldada además por un concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia emitido en diciembre de 2025.
Frente a este escenario, el ente investigador señaló que debe garantizarse el cumplimiento de los compromisos internacionales de cooperación judicial relacionados con delitos transnacionales, especialmente los vinculados al narcotráfico.
La decisión marca un nuevo capítulo en las tensiones jurídicas alrededor de la política de paz total impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que busca avanzar en negociaciones con distintos grupos armados antes de finalizar el actual mandato presidencial.
