La Fiscalía General de la Nación dará este lunes un nuevo paso en el proceso judicial que rodea a Juliana Guerrero, al anunciar la imputación de cargos por presuntas irregularidades en la obtención de su título profesional como contadora pública de la Fundación San José, un caso que sacudió al Gobierno y frustró su llegada al Viceministerio de la Juventud.
Según confirmó la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, el ente acusador radicó ante la Judicatura la solicitud formal de imputación por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. En la misma actuación serán judicializados Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación San José.
Además de la imputación, la Fiscalía pedirá que Juliana Guerrero sea cobijada con medida de aseguramiento de detención domiciliaria, solicitud que deberá ser sustentada ante un juez de control de garantías en los próximos días.
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De acuerdo con la investigación, la Fiscalía logró acreditar que el título de contadora pública habría sido expedido sin que se cumplieran los requisitos legales y académicos exigidos. Estos señalamientos ya habían salido a la luz pública cuando Guerrero fue postulada para ocupar el Viceministerio de la Juventud en el gobierno del presidente Gustavo Petro.
El caso tomó mayor relevancia luego de que la propia Fundación de Educación Superior San José anulara el título profesional de Guerrero, tras concluir que no existía evidencia suficiente de actividad académica que respaldara su graduación.
Este episodio se suma a una serie de cuestionamientos sobre el rápido ascenso de Guerrero dentro del sector público, donde pasó de ser contratista a ocupar cargos estratégicos en menos de dos años, pese a contar con experiencia limitada y un título que hoy es objeto de investigación penal.
En paralelo, un tribunal ordenó a la Universidad Industrial de Santander (UIS) entregar información sobre los contratos que suscribió con Guerrero durante 2023 y 2024, luego de que la institución se negara inicialmente a revelarlos alegando confidencialidad. La decisión judicial se produjo tras una demanda interpuesta por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza.
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Los contratos, que superan los 12 millones de pesos, están relacionados con un convenio interadministrativo por 14.500 millones de pesos firmado en plena Ley de Garantías, un mecanismo que, según expertos, podría configurar una triangulación para evadir las restricciones a la contratación pública.
Documentos conocidos por este medio indican que Guerrero fue vinculada como enlace territorial para proyectos de convivencia ciudadana, pese a no contar con un título profesional validado al momento de su contratación. Funcionarios consultados aseguraron no haber tenido contacto directo con ella ni conocer resultados concretos de su labor durante la ejecución de los convenios.
Con la imputación anunciada, el caso entra ahora en una fase judicial clave que podría tener repercusiones penales y políticas, mientras la Fiscalía avanza en el esclarecimiento de uno de los escándalos más sensibles recientes en materia de educación y contratación pública.
