La investigación por el asesinato del periodista y veedor ciudadano Jaime Vásquez dio un giro inesperado. La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar contra William Villamizar Laguado, gobernador de Norte de Santander, para establecer si tuvo algún grado de participación en el crimen ocurrido el 15 de abril de 2024 en Cúcuta.
La decisión del ente acusador se conoció tras una revelación del periodista Daniel Coronell, quien informó en su cuenta de X que la Fiscalía investiga si Villamizar estaría relacionado con el homicidio. La apertura de esta fase preliminar se basa en declaraciones de José Alejandro Arias Alejos, alias El Cojo, señalado como autor material del asesinato e integrante de la banda AK-47, aliada del Tren de Aragua.
Según Coronell, El Cojo envió audios a su defensor público en los que asegura no haber recibido el pago pactado por el crimen —una supuesta suma de 600 millones de pesos— e involucra a Villamizar, al alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, y a un contratista de seguridad, Julio César Casas, como presuntos determinadores del homicidio. El sicario, actualmente recluido en la cárcel de Palogordo, habría solicitado a su abogado interceder ante ellos para exigir el dinero que afirma aún le deben.
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Estas explosivas declaraciones llevaron a la Fiscalía a verificar si altos funcionarios del departamento pudieron estar implicados en el asesinato del periodista, quien dedicó sus últimos años a denunciar irregularidades en contratos públicos de salud, educación y obras viales, generando tensiones con sectores de poder regional.
Frente a los señalamientos, el gobernador Villamizar negó tajantemente cualquier vínculo con el crimen. En un comunicado que había divulgado hace cuatro meses afirmó que las versiones se basan en audios de “origen incierto” y que las acusaciones afectan gravemente su buen nombre. Recalcó que su labor pública siempre ha estado guiada por la legalidad y aseguró estar dispuesto a colaborar plenamente con la justicia.
El alcalde Jorge Enrique Acevedo, también mencionado en las grabaciones, había rechazado de manera categórica cualquier participación. A través de un comunicado emitido en su momento aseguró que los audios “carecen de sustento real o jurídico” y afirmó que ha sido víctima de amenazas que buscan intimidarlo y desviar la atención de sus acciones contra estructuras criminales en Cúcuta.
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El asesinato de Jaime Vásquez —ejecutado dentro de una panadería del barrio La Riviera— conmocionó al departamento. Sus investigaciones periodísticas y denuncias como veedor ciudadano lo habían convertido en una voz incómoda para actores políticos y contratistas en la región.
Mientras la Fiscalía avanza en la indagación preliminar, el caso vuelve a sacudir el panorama político en Norte de Santander, dejando al descubierto las tensiones entre denuncias de corrupción, estructuras criminales y la seguridad de quienes investigan el poder local.
