Un nuevo golpe sacude el círculo más cercano del presidente Gustavo Petro. La Fiscalía General solicitó este viernes la captura del dirigente santandereano Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y antiguo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, por su presunto rol en una red de corrupción que habría desviado recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La solicitud judicial se da tras las declaraciones del exdirector de esa entidad, Olmedo López, quien asegura que González coordinó pagos ilegales por al menos 70.000 millones de pesos en contratos y 4.000 millones en efectivo a congresistas clave para asegurar respaldo legislativo a las reformas del Gobierno.
De confirmarse la orden del Tribunal Superior de Bogotá, el antiguo estratega político del petrismo y excuadro del M-19 podría enfrentar una orden de captura internacional. Actualmente su paradero es incierto, y aunque su abogado afirma que salió del país por «motivos personales», fuentes judiciales advierten que estaría tramitando asilo en España, pero en las últimas horas la revista Semana publicó que González se encuentra en Nicaragua donde estaría en condición de protegido.
Únase AQUÍ al canal de WhatsApp de METROPOLITANO y reciba en su celular nuestras mejores historias
Del Palacio de Nariño a la lista de capturas
González, figura de bajo perfil pero de enorme influencia, construyó durante años una red de alianzas políticas que lo convirtieron en uno de los artífices del ascenso del partido Alianza Verde y del ingreso del petrismo a ese sector en 2013. Fue también pieza clave en la recordada ‘Ola Verde’ que llevó a Antanas Mockus a rozar la presidencia en 2010.
En el actual gobierno de Petro, asumió primero como director del Dapre y luego fue designado como jefe de Inteligencia. Su cercanía con el presidente, forjada desde los tiempos del M-19, lo convirtió en un operador de confianza en las negociaciones más sensibles del Ejecutivo.
Pero ahora, los audios revelados por la Fiscalía muestran una cara distinta. En una declaración bajo juramento, Olmedo López afirmó que González le ordenó personalmente concretar los pagos a congresistas como Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara. El propósito, según el testigo, era destrabar el trámite de las reformas en el Congreso.
“Había tensión en el Capitolio, el presidente del Senado no caminaba… y me dijo: ‘hay que cumplirles’”, relató López, indicando que los encuentros con González se habrían realizado a puerta cerrada en el Palacio de Nariño, fuera de la agenda pública.
Otro alfil caído en el caso de la Ungrd
Carlos Ramón González no es el único salpicado. La exconsejera presidencial Sandra Ortiz ya fue capturada por su papel como supuesta intermediaria en el pago de las coimas. La Fiscalía, en voz de su delegado Mario Burgos, advirtió que estos hechos podrían configurar delitos de peculado, cohecho y concierto para delinquir.
El escándalo por el saqueo a la Ungrd sigue creciendo, mientras el Gobierno enfrenta una crisis política interna cada vez más profunda. González, que por años tejió desde las sombras los acuerdos que hicieron posible la gobernabilidad de sectores alternativos, hoy aparece como una de las fichas más comprometidas en uno de los mayores casos de corrupción del actual mandato.
Si el tribunal avala la solicitud de la Fiscalía, Colombia podría ver en los próximos días la emisión de una circular roja de Interpol contra uno de los operadores más influyentes del actual proyecto político del presidente Gustavo Petro.
