Casi seis meses después de la activación del Plan Catatumbo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) presentó avances significativos en la legalización de predios rurales en una de las regiones más golpeadas por la violencia. La estrategia territorial, puesta en marcha en el marco de la Conmoción Interior, ha permitido a comunidades campesinas y firmantes del Acuerdo de Paz dar pasos concretos hacia la estabilidad jurídica y la consolidación de una paz con tierra.

En total, 603 levantamientos topográficos han sido realizados en siete municipios del Catatumbo, cubriendo 8.278 hectáreas, y se han entregado títulos de propiedad a 492 familias, quienes ahora son dueñas legítimas de sus parcelas. Esta formalización alcanza más de 6.200 hectáreas, beneficiando a campesinos, víctimas del desplazamiento forzado y cultivadores de hoja de coca en procesos de sustitución.

«La tierra ahora tiene dueño legal. Antes todo era palabra y lucha; hoy tenemos documentos que nos abren la puerta a créditos y apoyo productivo«, expresó Gerson Albeiro García Pérez, líder comunal de la vereda Borra, en Ábrego.

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Uno de los pilares del Plan ha sido el programa ‘Fincas para la Paz’, mediante el cual se han adjudicado siete predios —por un total de 1.256 hectáreas— a asociaciones campesinas, firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades desplazadas. Cuatro de esos predios, equivalentes a 950 hectáreas, fueron destinados a excombatientes ubicados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio.

Además, dos fincas fueron entregadas a la Asociación para la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), beneficiando a 70 personas, y otro predio más, de 500 hectáreas, fue destinado a 62 familias en condición de vulnerabilidad.

Otro hito importante fue la aprobación de la primera Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, con más de 59.000 hectáreas distribuidas en los municipios de La Playa de Belén, Ábrego, Bucarasica y Hacarí. Esta figura busca asegurar el uso colectivo de la tierra para más de 1.800 familias, protegiendo el arraigo campesino y fomentando la producción sostenible.

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También se avanzó en la formalización de tierras en zonas de reserva forestal, mediante la aplicación del Acuerdo 315 de 2023. Este mecanismo legal habilita la titulación de predios baldíos ocupados de forma histórica por comunidades rurales, especialmente en municipios como Teorama, donde ya se han iniciado procesos piloto.

En paralelo, se reactivaron los Comités Municipales de Reforma Agraria y se retomaron los encuentros presenciales en ocho municipios del Catatumbo. Estas jornadas permiten a las comunidades ejercer veeduría, recibir información directa y participar en la planeación de las intervenciones.

«El trabajo articulado con juntas de acción comunal y líderes rurales ha sido clave. Nos permite entrar con seguridad a zonas sensibles y priorizar las veredas más necesitadas», explicó Javier Santiago Velásquez, coordinador de la Unidad de Gestión Territorial Nororiente de la ANT.