Tres demandas de nulidad buscan tumbar la elección de Gloria Milena Durán Villar como directora de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, por presuntas irregularidades en el proceso que se realizó para su elección.
Las tensiones internas y guerra jurídica no son nuevas en la entidad ambiental, pero ahora hay un elemento nuevo, detrás de una de las querellas estaría un funcionario del círculo cercano de la recién elegida directora Durán.
Durán Villar lleva poco más de un mes en el cargo y ya hay una ‘avalancha’ de demandas ante el Consejo de Estado que pretenden la nulidad de su elección como directora de la CAS para lo que resta del periodo institucional.
La primera demanda fue interpuesta por William Mantilla Osuna, un ciudadano residente en Barranquilla, quien argumenta que no hubo un debido proceso en la elección y que se habrían violado los principios de publicidad y transparencia, y el derecho constitucional a ser elegido.
«Si la CAS deseaba aperturar un nuevo proceso de elección, no podía desconocer la lista definitiva de 53 candidatos elegibles, por el contrario, invocando el artículo 56 de los estatutos limitó la lista a sólo los funcionarios del nivel directivo y asesor que cumplieran requisitos, siendo únicamente cuatro«, se lee en la demanda de Mantilla.
Aunque la querella fue firmada e presentada por Mantilla Osuna, ésta no habría sido elaborada por el ciudadano residente en Barranquilla sino por un funcionario de la misma corporación ambiental.
METROPOLITANO pudo constatar que el documento que contiene la demanda de nulidad contra Gloria Durán tiene en sus datos de origen técnico a Fabián Mauricio Castellanos García, actual subdirector de la Corporación ambiental.
Así quedó en evidencia al revisar la metadata del documento PDF de la demanda cargada en el sistema del Consejo de Estado. Allí, se describe que el autor del documento sería Fabián Mauricio Castellanos García, actual subdirector, muy cercano al exdirector de la misma CAS, Raúl Durán Parra, quien ahora tiene un contrato de prestación de servicios, CPS, con la Gobernación de Santander.
Castellanos García estuvo en su momento nominado para ser el director encargado en reemplazo de Raúl Durán, en mayo pasado, sin embargo, los conflictos entre Durán y la mayoría de consejeros de la entidad impidieron que esto ese nombramiento se concretara.
Esta no es la primera polémica que lidera Fabián Mauricio Castellanos García, el funcionario ya está bajo la mira del Ministerio de Ambiente por rehusarse constante y flagrantemente a entregarle al Ministerio la información relacionada con las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias a través de las cuales la Asamblea de la CAS decidió cambiar los estatutos, al parecer de manera irregular, y que hoy tienen a la corporación en medio de una ‘avalancha’ de demandas.
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Demandas idénticas
Pocos días después, ante el Consejo de Estado, el expresidente del PIN, Ángel Alirio Moreno, también interpuso una demanda de nulidad del acto de elección de Gloria Durán como directora de la CAS.
Para Moreno, el proceso de elección de Durán Villar como Directora de la CAS no solo violó el debido proceso sino que además vulneró el derecho constitucional a ser elegido, principalmente al desconocer una lista previa de elegibles y rechazar una recusación contra el Consejo Directivo.
Aunque la metadata de la demanda de Ángel Alirio Moreno no tiene autor definido, llama poderosamente la atención la similitud entre las dos querellas radicadas tanto por William Mantilla como por Moreno. Desde el mismo número de páginas, hasta exactamente las mismas pruebas, en el mismo orden y sin cambiarle un punto o una coma. Tan solo modificaron los datos de los demandantes.
El Minambiente también demandó
La más reciente demanda fue presentada por el Ministerio de Ambiente al considerar que el nombramiento de Durán Villar en la dirección de la corporación ambiental vulneró los principios de legalidad, debido proceso, publicidad y transparencia, ya que eligió a un nuevo director de una lista restringida de funcionarios, desconociendo una lista de 53 candidatos válidos de un proceso anterior, y porque la elección previa está bajo demanda de nulidad ante el Consejo de Estado.
«Este proceso vulnera los principios de legalidad, debido proceso, publicidad y transparencia, ya que eligió a un nuevo director de una lista restringida de funcionarios, desconociendo una lista de 53 candidatos válidos de un proceso anterior, y porque la elección previa está bajo demanda de nulidad ante el Consejo de Estado«, dicta la demanda el Ministerio.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sostiene que la reforma estatutaria (Acuerdo 011/2024, Art. 56) sirvió como vehículo para restringir de manera inconstitucional y arbitraria el acceso al cargo de Director General de la CAS, vulnerando así los principios de igualdad, participación, debido proceso y transparencia que deben regir la función administrativa y los procesos electorales.
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La lupa del senador Durán
Además de las demandas, los congresistas de la región también comenzaron a ejercer control político y contractual sobre la CAS.
En los últimos días el senador Liberal, Jaime Durán Barrera interpuso un derecho de petición solicitando la información de todos los contratos suscritos por la CAS desde el primero de enero de 2024 hasta la fecha, incluidos los convenios interadministrativos. Sin embargo, el congresista sangileño también solicitó información con respecto a todos los procesos de modificación de los estatutos de la entidad.
«Copia de todos los actos administrativos expedidos por el Consejo Directivo de la entidad que tienen relación directa con modificación estatutaria, nombramiento de director general en calidad de encargo y en propiedad en el lapso comprendido entre el 1° de enero de 2024 y el 1° de septiembre de 2025, así mismo copia de actas donde conste nombramientos en calidad de encargo o en propiedad de director general de la entidad en el mismo lapso y dentro del actual periodo institucional, documentación debidamente certificada por el Secretario General. Antecedentes administrativos a la reforma estatutaria
aprobada mediante Acuerdo No. 011 del 19 de noviembre de 2024. Copia certificada del Acuerdo No. 136 del 6 de agosto de 2025 expedido por el Consejo Directivo de la Corporación«, se lee en el derecho de petición.
Toda esta ‘lluvia’ de acciones judiciales en contra de la dirección de la CAS ocurren mientras la comunidad continúa esperando el fallo definitivo de la sentencia anticipada por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado sobre las cuatro demandas de nulidad de la elección de Raúl Durán como director de la Corporación para el periodo 2024 – 2027, que podría nuevamente cambiar todo el panorama administrativo de la entidad.
