Una fuerte disputa institucional sacudió este jueves el panorama de seguridad en Santander, luego de que el gobernador, Juvenal Díaz Mateus, denunciara una aparente contradicción del Gobierno nacional frente al manejo de recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia (Fonsecon).
El mandatario cuestionó que, mientras se aprobaron más de 80 convenios por cerca de $480.000 millones antes de la Ley de Garantías, se negara la financiación de un proyecto estratégico para el área metropolitana de Bucaramanga.
La molestia del funcionario se centra en el rechazo al Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (Ceges), una infraestructura valorada en $53.000 millones y diseñada para modernizar la vigilancia urbana con más cámaras, equipos de patrullaje, analítica de datos, reconocimiento facial y tecnología de respuesta temprana. Según la Gobernación, el proyecto llevaba más de 18 meses de preparación técnica junto con los municipios de la región.
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Díaz Mateus recordó que la propuesta ya tenía definidos los aportes locales: Bucaramanga había confirmado $9.000 millones, la Gobernación aportaría $3.000 millones y los municipios de Piedecuesta y Lebrija sumaban $400 millones y $100 millones, respectivamente. El resto del presupuesto, equivalente al 80 % del costo total, debía provenir del Fonsecon.
El Gobierno, sin embargo, negó el apoyo alegando falta de recursos en el fondo. Pero, tras la revelación periodística de los más de 80 convenios aprobados por casi medio billón de pesos, el gobernador aseguró que esta explicación “no corresponde a la realidad”, según un comunicado oficial.
Para el mandatario, el revés al Ceges representa un golpe a la estrategia de seguridad regional, pues el proyecto cumplía —dijo— con todos los requisitos técnicos, jurídicos y financieros. “Es incomprensible que una iniciativa tan necesaria para proteger a miles de familias santandereanas no recibiera luz verde”, expresó.
A pesar del rechazo, Díaz Mateus afirmó que insistirá en la puesta en marcha del Ceges. Señaló que buscarán alternativas con recursos propios, de los municipios o de futuros gobiernos, con el fin de garantizar la modernización de los sistemas de seguridad en Santander.
