En lo que representa un giro político y administrativo significativo para su gestión, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, anunció de manera categórica que ha prohibido el uso de fondos mixtos, denominados ‘contrataderos’, para la contratación pública en el departamento.
Justamente, este ha sido uno de los temas más controversiales que ha tenido que enfrentar el actual gobierno departamental, especialmente por un caso que ha tenido connotación nacional: el del fondo mixto Fodecol y el contrato para la construcción del centro de eventos Arena Bonita.
La decisión de no utilizar más fondos mixtos la reveló el mandatario regional en un cruce de mensajes en redes sociales que sostuvo con el experto en contratación pública Jesús Rodrigo Fernández, en el que aclaraba aspectos del proyecto de recaudo a través de una nueva estampilla pro educación escolar, que impulsa la Gobernación en el Congreso de la República.
Díaz negó que para el manejo de los recursos de esa posible nueva contribución se fuera a crear una especie fondo mixto, como algunos lo entendieron de una declaración que la secretaria de Educación departamental, Karina Araujo, dio al periódico Vanguardia.
«Ingeniero Fernández, no se creará ningún fondo, puede que la secretaria haya utilizado el término inadecuado, la intención es pagar la deuda con la educación preescolar, primaria y secundaria. Ademas le cuento que a raíz del concepto del Consejo de Estado sobre los fondos y, pese a que la ley los habilita como una herramienta para contratar, he prohibido el uso de estos en la gobernación«, escribió el gobernador.
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Contexto:
- Fondos mixtos o ‘contrataderos’ deben regirse por la Ley 80, advierte Colombia Compra Eficiente
- Tres expertos cuestionan polémico contrato con FODECOL, el gobernador defiende el proceso
- El pasado de contratistas escogidos por Fodecol para megacentro de eventos de $114 mil millones
El caso Fodecol
La polémica, que venía escalando desde finales de 2025 tras la adjudicación de manera directa, sin licitación, de las obras del Centro de Eventos del Oriente Colombiano —bautizado preliminarmente como Arena Bonita— por más de $114 mil millones de pesos a través del cuestionado fondo mixto Fodecol, terminó por fracturar la férrea defensa que el mandatario departamental sostenía sobre este modelo.
Con el anuncio, Díaz Mateus intenta aplacar una tormenta política y jurídica que no solo ha movilizado a expertos de la academia nacional y organismos de control, sino que ha convertido a Santander en el epicentro de un debate legislativo y administrativo sobre la utilización de ‘contrataderos’.
Díaz reconoce que a raíz del concepto del Consejo de Estado sobre los fondos mixtos y, pese a que la ley los habilita como una herramienta para contratar, ha prohibido el uso de estos en la gobernación.
Este pronunciamiento contrasta radicalmente con las encendidas declaraciones que el mismo gobernador ofrecía a comienzos de 2026, cuando acusaba a sus críticos de «hacer mucha bulla» y afirmaba con vehemencia que quienes se oponían al modelo «parecía que no quisieran que las cosas se hicieran».
En aquel momento, el mandatario defendía que el uso de fondos mixtos era una herramienta legal idónea para garantizar la «eficiencia y rapidez» en la ejecución de los recursos de regalías.
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El Arena Bonita y Fodecol
El origen del descontento ciudadano y técnico tiene nombre propio: Fodecol (Fondo de Desarrollo Colombiano) y el megaproyecto de remodelación de la antigua plaza de toros Señor de Los Milagros en Girón, destinado a convertirse en un gran centro de eventos regional, que tiene un presupuesto que supera los 114 mil millones de pesos.
La controversia, ampliamente denunciada por Metropolitano, radica en que la Gobernación de Santander prefirió entregar este millonario presupuesto «a dedo» a Fodecol, un fondo mixto constituido a toda prisa a finales de 2024 por iniciativa del alcalde de Capitanejo, Jaime Sepúlveda (un devoto aliado político del gobernador), con un capital inicial de apenas 25 millones de pesos.
Apelando a su régimen privado y a sus manuales de contratación internos, Fodecol habría eludió los rigores de la Ley 80. El resultado fue una convocatoria cerrada que se adjudicó a un único proponente: la Unión Temporal CEO.
El proceso se llevó a cabo bajo un absoluto manto de opacidad, omitiendo su publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), lo que impidió conocer la composición, idoneidad o experiencia de los contratistas beneficiados.
Para el abogado Ernesto Matallana, doctor en Derecho por la Universidad Externado de Colombia y autoridad nacional en contratación pública, el argumento del gobernador de que la licitación tradicional retrasaba las obras es técnica y jurídicamente insostenible.
«Se sacrificó el principio de transparencia (igualdad y libre concurrencia) por una contratación directa sin ofertas a un único oferente», sostuvo Matallana en un análisis técnico del caso Fodecol.
El jurista enfatizó que un proceso de licitación pública no demora ocho meses si se planifica de forma adecuada y advirtió que Fodecol actuó simplemente como una fiduciaria sin autorización de la Superintendencia Financiera, tercerizando una obra para la cual carecía por completo de experiencia directa.
Por su parte, Jaime Santofimio Gamboa, reconocido profesor de Derecho Administrativo, sentenció con amargura que este tipo de prácticas significaban la «muerte» de la Ley 80 de 1993, norma diseñada originalmente para defender la moralidad administrativa y la libre concurrencia de oferentes.
El ‘contratadero’ de Capitanejo
En su momento Metropolitano reveló que la creación de Fodecol no fue un mero ejercicio de descentralización administrativa. Detrás del fondo, creado originalmente con un 51 % de propiedad del municipio de Capitanejo y un 49 % repartido entre tres firmas privadas, se tejían hilos que conectaban directamente con la casa política Díaz Mateus.
Una de las firmas fundadoras, D&C Ingenieros Contratistas SAS (propietaria inicial del 16,33% de las acciones), fue constituida por Karol Mishelle Contreras Quintero, pareja sentimental de Luis Eduardo Díaz Chacón, sobrino del gobernador e hijo del representante a la Cámara Luis Eduardo Díaz Mateus.
Contreras Quintero, quien además fue nombrada secretaria de Turismo de Floridablanca como cuota de los Díaz Mateus, administraba una red empresarial que incluía a la firma VDC Proyectos SAS. Esta última empresa fungía recurrentemente como interventora y supervisora de las obras adjudicadas por Fodecol al Grupo Empresarial JASP SAS (antigua Connar Construcciones), la misma firma con la que Contreras había fundado originalmente D&C Ingenieros.
En la práctica, la red empresarial de los Díaz Mateus no solo se beneficiaba de los contratos del fondo preferido de la Gobernación, sino que ellos mismos realizaban el control e interventoría de sus propias obras.
Aunque D&C Ingenieros vendió su participación en Fodecol en septiembre de 2025 en un intento por desmarcarse de las denuncias, el rastro de la contratación directa ya había quedado al descubierto. Actualmente, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga mantiene abierta una indagación preliminar para verificar la transparencia en el trámite de gestación de este fondo en Capitanejo.
Buscan freno a los ‘contrataderos’
El caso de Fodecol en Santander coincide con una reacción institucional a nivel nacional contra los fondos mixtos.
Estas entidades, concebidas originalmente para agilizar proyectos de desarrollo regional, terminaron convirtiéndose en lo que el experto Rodrigo Fernández denominó «contrataderos»: verdaderos agujeros negros presupuestales diseñados para evadir los pliegos tipo de la Ley 80 y direccionar la contratación pública estatal, promoviendo la colusión y erradicando la competencia.
Según un estudio del propio Fernández, en un solo año, 23 de estos fondos ejecutaron más de un billón de pesos en recursos públicos, generando pérdidas de competencia que superaron los $80 mil millones de pesos.
Para frenar este desangre fiscal, la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, emitió recientemente el concepto jurídico 417 el 17 de abril de 2026. La directriz es contundente: cualquier entidad que ejecute recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR), incluyendo de forma explícita a los fondos mixtos, debe someterse estrictamente al Estatuto de Contratación Pública (Ley 80).
Con esto, la entidad determinó que los fondos mixtos no gozan de ningún régimen de excepción sobre regalías y deben garantizar los principios de selección objetiva, transparencia y control sobre el dinero público. Este pronunciamiento fue respaldado por la Procuraduría General de la Nación.
Simultáneamente, en el Congreso de la República se impulsan iniciativas que buscan cerrar definitivamente la brecha legal que permitía a particulares y entidades territoriales reunirse a modificar manuales de contratación internos para «amarrar» licitaciones financiadas con dineros de los contribuyentes.
El reversazo del gobernador Juvenal Díaz confirma que el modelo de los «contrataderos» está en declive. Presionado por el cerco de los entes de control, la jurisprudencia del Consejo de Estado, la opinión técnica de la academia y las revelaciones periodísticas, es posible que se abra paso el fin o una drástica modificación a estas herramientas de contratación pública.
