El Gobierno de Abelardo De la Espriella encontró, durante el proceso de empalme, una serie de situaciones que califican como cuestionamientos a la delimitación del páramo de Santurbán y las decisiones adoptadas por el anterior Ministerio de Ambiente en sus últimos días.
Uno de los principales hallazgos quedó consignado en el llamado Libro de la Verdad: la delimitación ordenada por la Corte Constitucional en 2017 seguía sin resolverse de manera integral al momento del cambio de Gobierno, pese al paso de nueve años y a posteriores decisiones judiciales.
El documento señala que el Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 863 de 2026, mediante la cual estableció una metodología de delimitación progresiva de los páramos. Posteriormente, un día antes de entregar el poder, expidió la Resolución 992 de 2026, con la que delimitó 29.199 hectáreas de Santurbán en 19 municipios.
Para el Gobierno entrante, la decisión dejó áreas consideradas críticas sin resolver y generó interrogantes debido al momento en que fue adoptada. El informe también advierte que esa metodología parcial había sido considerada inviable por el propio Ministerio en una actuación ante el Tribunal de Santander en 2023.
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Minería ilegal, otro de los puntos críticos
El diagnóstico también pone la lupa sobre la protección efectiva del ecosistema. Según el documento, la Fiscalía había identificado más de 200 bocaminas ilegales que estarían liberando mercurio y arsénico al río Suratá, una fuente hídrica estratégica para Santander y Norte de Santander.
Para el nuevo Gobierno, la demora en las decisiones sobre la delimitación coincidió con dificultades para enfrentar la minería ilegal y garantizar la protección del ecosistema.
El Equipo Élite Anticorrupción del empalme presentó el 19 de julio una queja disciplinaria por presuntas omisiones relacionadas con el cumplimiento de decisiones judiciales y la protección del páramo. Posteriormente, la Procuraduría anunció la apertura de expedientes disciplinarios contra las exministras de Ambiente Susana Muhamad e Irene Vélez.
El caso tomó un nuevo giro con las medidas adoptadas durante los últimos días del Gobierno anterior. Entre ellas estaba la intención de establecer una reserva definitiva de 1.499 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja, en California, además de mantener una reserva temporal de más de 75.400 hectáreas mientras avanzaban estudios técnicos, ambientales, sociales y económicos.
Sin embargo, el nuevo Gobierno revocó la decisión sobre La Baja mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026. La medida dejó sin efecto la Resolución 0994, expedida apenas días antes del cambio de administración.
El Ministerio de Ambiente argumentó que durante el trámite se presentó una irregularidad relacionada con una recusación contra la entonces ministra encargada y que, además, un juzgado administrativo había ordenado garantizar nuevamente derechos de participación, acceso a la información y debido proceso.
La revocatoria, no obstante, no significa que La Baja haya quedado automáticamente habilitada para nuevos proyectos de minería. El propio Ministerio indicó que será necesario adelantar nuevamente las evaluaciones jurídicas, técnicas y ambientales y garantizar la participación de las comunidades.
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Un conflicto que sigue abierto
El panorama deja a Santurbán nuevamente en medio de una discusión que enfrenta la protección de una de las principales fuentes de agua de los Santanderes con las actividades económicas de municipios como California, Vetas y Suratá.
El Libro de la Verdad sostiene que el nuevo Gobierno recibió un escenario marcado por decisiones fragmentadas, demoras en el cumplimiento de órdenes judiciales y dificultades para controlar la minería ilegal. Su diagnóstico plantea que la delimitación del páramo deberá retomarse con criterios jurídicos, técnicos y ambientales.
Así, la disputa por Santurbán no quedó cerrada con la delimitación de 29.199 hectáreas ni con la revocatoria de la reserva de La Baja. Por el contrario, el Gobierno De la Espriella abrió un nuevo capítulo en uno de los conflictos ambientales y económicos más sensibles de Santander.
Mientras los ambientalistas aseguran que está en riesgo el agua que consumen más de 2,5 millones de personas, los mineros insisten en que su actividad se puede mantener sin riesgos para el ecosistema.
La oposición y detractores de De la Espriella cuestionan el documento entregado por el presidente a los órganos de control por considerarlo más político que técnico y con «información imprecisa«, tal y como lo calificaron varios dirigentes.
