La reciente arremetida del ELN contra la Fuerza Pública en Norte de Santander, con un ataque de drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, y la estación de Policía de Guamalito, en El Carmen, sumado a otros recientes hechos violentos en la región, provocó la reacción del Gobierno que anunció un plan especial para controlar la situación.
En los hechos de Ocaña y El Carmen fueron asesinados tres uniformados, el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlo Marrugo Manjarrez, y aumentó la tensión en la región del Catatumbo, en la que históricamente han confluido guerrilla y narcotráfico.
Tras los atentados, ocurridos el viernes por la noche y atribuidos al ELN, el ministro de Defensa, Jorge Mora, viajó a Ocaña y tras un consejo de seguridad de alto nivel anunció un paquete de medidas para retomar el control territorial.
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Operación ‘Esparta’
La medida principal anunciada por el jefe de la cartera de Defensa es la reestructuración, reorganización y reactivación inmediata de la campaña militar y policial ‘Esparta’ .
Según se conoció, la sede de esta campaña será instalada permanentemente en el municipio de Ocaña. Esta decisión busca centralizar y concentrar de manera directa la coordinación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra los grupos armados ilegales que operan en la región.
Ocaña, debido a su ubicación geográfica, funciona como un corredor neurálgico que conecta la convulsa región del Catatumbo con el resto del nororiente del país.
Como segundo eje de esta contraofensiva, el ministro ordenó el reforzamiento del cerco territorial en los corredores viales. La instrucción consiste en intensificar el bloqueo y la contención de las rutas que enlazan el sur del Cesar con Ocaña. Este dispositivo especial priorizará limitar la movilidad y la capacidad de transporte de hombres, armamento, explosivos y recursos financieros que las estructuras delictivas intenten desplazar entre ambas zonas.
El tercer pilar de la respuesta estatal se enfocará de lleno en el terreno de la inteligencia militar y el proceso judicial. Para ello, operarán desde Ocaña dos nuevos organismos de carácter permanente: el Centro Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia Territorial (CICOT) y el Centro de Integración Judicial Territorial (CIJUT).
El CICOT centralizará y cruzará la información recogida por el Ejército, la Policía y otras agencias estatales con el objetivo de anticipar amenazas y orientar operaciones con precisión.
Por otra parte, el CIJUT trabajará estrechamente con la Fiscalía General de la Nación para asegurar que la evidencia obtenida en el terreno se traduzca rápidamente en procesos penales efectivos y capturas, no solo de los combatientes directos, sino también de sus redes de apoyo logístico.
Finalmente, el Ministerio de Defensa ratificó que se mantendrá activo el programa de recompensas económicas para dar con el paradero de los principales líderes del ELN en el Catatumbo. La estrategia apunta ahora a desmantelar integralmente sus mandos y golpear sus finanzas derivadas de economías ilícitas.
