Aunque el presidente Gustavo Petro había prometido cortar todo vínculo con la firma Thomas Greg & Sons, el Gobierno nacional extenderá por tercera vez el contrato para la impresión de pasaportes, al menos hasta abril de 2026. Así lo confirmaron fuentes del Ejecutivo, quienes aseguran que aún no está listo el nuevo modelo de producción anunciado por el mandatario.
La decisión contradice la instrucción pública del presidente, quien en varias ocasiones ha cuestionado duramente a la empresa encargada de fabricar las libretas de pasaporte. No obstante, la administración se ve obligada a mantener la operación actual ante la imposibilidad de implementar a corto plazo el denominado «modelo Petro«, que incluye convenios con Portugal y la Imprenta Nacional.
Según fuentes citadas por El Tiempo, esta semana comenzarían reuniones entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería y Thomas Greg para definir dos asuntos clave: la firma de un nuevo contrato, esta vez por 9 meses, y la hoja de ruta del empalme con los nuevos operadores.
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Aunque el jefe de despacho de la Cancillería, Alfredo Saade, evitó pronunciarse sobre un nuevo contrato con la firma, en entrevista con La W Radio confirmó que el acuerdo actual se extenderá hasta abril de 2026. No obstante, otros funcionarios señalan que la prórroga sería inicialmente por 8 meses, con posibilidad de ampliación.
Este sería el tercer alargue del contrato con Thomas Greg, luego de que la licitación abierta por 599 mil millones de pesos fuera declarada desierta por el entonces canciller Álvaro Leyva. La decisión provocó una crisis en el abastecimiento de pasaportes y desencadenó una tormenta política que aún deja coletazos.
La Procuraduría mantiene varias investigaciones abiertas en torno al manejo del proceso. Entre ellas, analiza por qué el modelo alternativo no se implementó este año como estaba previsto, y cómo se comprometieron vigencias futuras sin un aval del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).
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Además, el ente de control indaga la actuación de la excanciller Laura Sarabia, quien anticipó anoche su respaldo a esta nueva prórroga con Thomas Greg, asegurando que esa fue justamente la solución que ella propuso y que, según dijo, motivó su salida del Gobierno. Sarabia es investigada por no abrir un nuevo proceso licitatorio a tiempo, pese a saber que el modelo alternativo no estaría listo.
También está bajo la lupa Luis Gilberto Murillo, su antecesor, por los retrasos en la estructuración del nuevo modelo, y el actual jefe de despacho, Alfredo Saade, a quien se señala por dar instrucciones que habrían extralimitado sus funciones, como modificar el uso de libretas para que «rindieran más«.
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Saade fue citado este martes ante la Procuraduría, y tres exfuncionarios de la Cancillería, que hacían parte del equipo de Sarabia, serían claves en su contra.
Mientras tanto, el país seguirá dependiendo de la cuestionada empresa Thomas Greg para la expedición de pasaportes, al menos por varios meses más, a pesar de las promesas presidenciales de terminar con ese contrato.



