A menos de un mes del cierre de la actual legislatura, el Gobierno nacional volvió a la carga con su consulta popular, radicando una versión ampliada que incorpora cuatro nuevas preguntas relacionadas con la salud. El documento, presentado por los ministerios de Salud, Trabajo e Interior, incluye ahora 16 puntos que serán sometidos a revisión del Congreso, pese a que el primer intento fue rechazado por una votación ajustada en el Senado la semana pasada.
Las nuevas preguntas apuntan a transformar estructuralmente el sistema de salud colombiano: proponen que el Estado produzca o adquiera directamente medicamentos, elimine el papel financiero de las EPS, fortalezca la atención primaria y establezca un régimen laboral especial para trabajadores del sector salud. «Necesitamos soberanía sobre los medicamentos, que hoy se entregan tarde o no llegan, y eso solo se logra si el Estado tiene control«, defendió el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Entre los puntos más sensibles está el que sugiere eliminar la intermediación financiera de las EPS y convertirlas en gestoras de salud, mientras que el sistema público Adres asumiría los pagos directos a clínicas y hospitales. «Todas las EPS están de acuerdo en transformarse. No desaparecerán, pero tampoco seguirán siendo aseguradoras«, agregó Jaramillo.
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Esta segunda radicación se produce en medio de tensiones crecientes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Armando Benedetti, ministro del Interior, fue enfático en que es el pueblo quien debe decidir sobre el futuro de las reformas: «Esta es una disputa entre el Congreso y el Ejecutivo que solo los ciudadanos pueden resolver. Ambas propuestas siguen vivas«.
Ya hay críticas
Pero las críticas no se han hecho esperar. Desde la oposición, el representante Andrés Forero (Centro Democrático) denunció que la consulta es una «reforma camuflada» que podría costar más de $750.000 millones. «El Ministerio de Salud insiste en empujar un modelo fracasado que ya ha colapsado EPS intervenidas», afirmó.
El exministro Alejandro Gaviria calificó las nuevas preguntas como «engañosas» y cuestionó la viabilidad técnica de propuestas como la producción estatal de medicamentos. “¿Con qué capacidades se haría? ¿Qué institución lo asumiría? Es una ilusión peligrosa”, escribió en X.
Otros sectores, como el empresarial y académico, también han levantado alertas. José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, opinó que la consulta es innecesaria y jurídicamente redundante, al tocar temas ya contemplados en leyes vigentes. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, advirtió que la crisis del sector salud se profundiza por la falta de recursos, no por ausencia de normas.
Las 16 preguntas
Mientras tanto, la Comisión Cuarta de la Cámara, presidida por la representante Angélica Lozano, será la encargada de debatir los aspectos económicos de la iniciativa. La reforma laboral, por su parte, sigue técnicamente con vida gracias a un recurso de apelación, aunque el margen para discutirla es estrecho: la actual legislatura concluye el 20 de junio.
Estos son los 16 puntos de la consulta, que ahora mezclan temas laborales con propuestas clave en salud, agro y derechos sociales. La tensión entre ramas del poder promete escalar si el Congreso no actúa pronto. El reloj político sigue corriendo:
*¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?
*¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?
*¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?
*¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?
*¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
*¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?
*¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?
*¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?
*¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?
*¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?
*¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
*¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?
*¿Está de acuerdo con que el Gobierno compre o produzca medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes?
*¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y el Adres paguen directamente a hospitales y clínicas?
*¿Está de acuerdo en un modelo de atención primaria en salud preventivo y resolutivo?
*¿Está de acuerdo en un régimen laboral especial, que garantice vinculación formal a los trabajadores de la salud y sus derechos laborales, además de un salario justo?
