Sin esperar una nueva discusión legislativa, el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió avanzar con su reforma a la salud por decreto, reactivando el debate sobre el alcance de sus facultades y el rol del Congreso. El Ministerio de Salud expidió el Decreto 0858 de 2025, con el que redefine pilares del sistema actual, tras el reiterado hundimiento del proyecto en el Senado.

La medida fue firmada por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo el mismo día en que se eligió al senador santandereano Miguel Ángel Pinto como nuevo presidente de la Comisión Séptima del Senado, la misma donde el articulado ha fracasado en más de una ocasión. El gesto ha sido interpretado como un movimiento estratégico para evitar un nuevo naufragio político en el Congreso.

La norma establece un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, que transforma la función de las EPS, las cuales ahora pasarán a ser “gestoras de salud y vida”, un concepto impulsado por la exministra Carolina Corcho. Las IPS del nivel primario, por su parte, deberán reorganizarse como Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), base del nuevo sistema territorial.

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“El Ministerio definirá en tres meses los requisitos para que los prestadores públicos, privados y mixtos se adecuen a los Caps”, indica el decreto. Sin embargo, se aclara que esta reorganización no afectará la naturaleza jurídica de las instituciones.

Uno de los puntos más sensibles es la eliminación de la intermediación financiera de las EPS, lo que permitirá que el Gobierno gire recursos directamente a las IPS, a través de la ADRES y otras fuentes presupuestales. Esto marca un cambio radical en la manera en que se han manejado los fondos del aseguramiento en salud.

El documento también dedica un capítulo al “trabajo digno y decente” para el personal médico y trabajadores del sector, tema que había generado amplio debate en las versiones anteriores de la reforma que no prosperaron en el Legislativo.

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A pesar de los esfuerzos por justificar el alcance del decreto, la decisión generó reacciones inmediatas. El congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, anunció que emprenderá acciones judiciales para frenar la norma. “Implementan la reforma a la fuerza, desconociendo al Congreso. Demandaremos ese esperpento”, sentenció.

La polémica se agudizó aún más por la aparente contradicción dentro del gabinete. Mientras el ministro del Interior, Armando Benedetti, hablaba de diálogo y concertación con el Congreso, su colega de Salud avanzaba con una decisión unilateral que cambia el juego del sistema de salud en Colombia.

Las entidades del sector tienen ahora un año para adecuarse a este nuevo modelo. Entre tanto, se anticipa una fuerte batalla jurídica y política en torno a la legalidad del decreto y a la posibilidad de que la reforma avance sin el visto bueno del Congreso.