La emergencia vial en el sur de Santander reavivó el llamado de los gremios económicos al Gobierno nacional para que destine, de manera inmediata, los recursos recaudados por los peajes de la Ruta 45A al mantenimiento y recuperación de la vía Bucaramanga–Bogotá, una de las más importantes del nororiente colombiano.
El más reciente derrumbe en el sector de La Charca, Oiba, donde el pavimento comenzó a hundirse, dejó paso restringido y generó largas filas de vehículos. Transportadores y viajeros denuncian que el deterioro acumulado de la carretera ha convertido el trayecto en un riesgo constante, especialmente para el transporte de carga pesada.
La Alianza por Santander, que agrupa a los principales gremios y Cámaras de Comercio del departamento, envió una carta al presidente Gustavo Petro; a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; y al director del Invías, Jhon Jairo González, exigiendo atención prioritaria a los corredores Bucaramanga–Bogotá (Ruta 45A) y Transversal del Carare, ambos afectados por socavaciones y pérdida de calzada.
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El documento advierte que el deterioro de estos ejes estratégicos está provocando un impacto económico superior a los 75.000 millones de pesos diarios por sobrecostos logísticos, desvíos y paralización de la carga. Según los empresarios, los fletes se han incrementado hasta en un 40%, afectando la competitividad y sostenibilidad de las empresas santandereanas.
Los gremios piden que el Gobierno active el convenio Vías de los Comuneros, firmado en 2024, para garantizar que los recursos de los peajes del corredor Bogotá–Bucaramanga–San Alberto, que ya han recaudado más de $326.000 millones, se reinviertan directamente en variantes, mantenimiento y terceros carriles.
En Santander, este plan contempla inversiones por más de $2,4 billones a lo largo de los próximos 20 años. Sin embargo, solo se ha ejecutado cerca del 20% de lo recaudado, según cifras oficiales.
La situación ha generado un efecto dominó en la movilidad del oriente colombiano. La Terminal de Transportes de Bucaramanga suspendió temporalmente las salidas hacia Bogotá, mientras las empresas optan por desviar sus rutas por la Troncal del Magdalena Medio, un recorrido que puede tardar más de 14 horas.
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Además, las vías alternas como San Gil–Charalá–Duitama presentan riesgos por su estrechez y limitaciones para vehículos de carga.
El Invías confirmó que mantiene maquinaria trabajando en el punto crítico de Oiba y que evalúa la estabilidad del terreno, pero no hay una fecha definida para la reapertura total del corredor. En paralelo, la entidad también enfrenta el cierre completo del tramo Landázuri–Barbosa, en la Transversal del Carare, tras un deslizamiento que destruyó la calzada entre los kilómetros 27 y 29.
La Alianza por Santander alertó que el aislamiento amenaza la capacidad productiva del departamento, especialmente del sector avícola, que distribuye el 40% del pollo y huevo que consume el centro del país. El bloqueo podría causar un desabastecimiento en los próximos días y presionar al alza los precios de la canasta familiar en Bogotá, Boyacá y Bucaramanga.
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También se estima que más de 60.000 pasajeros diarios están afectados por las interrupciones en la movilidad entre Bucaramanga, Tunja y Bogotá, así como más de 50 municipios que enfrentan problemas de acceso a servicios médicos y educativos.
“Perder la conectividad con Bogotá y el Magdalena Medio no es una opción. Está en juego la competitividad, la seguridad vial, el abastecimiento y el empleo de miles de santandereanos”, señala la carta enviada al Gobierno.
Los gremios como Camacol, Fenalco, Comité de cafeteros, Fenavi, Acodrés, Cotelco y Prosantander, entre otros, esperan la presencia inmediata del alto Gobierno en el territorio y decisiones urgentes que permitan recuperar la conectividad y salvaguardar la economía regional.
