La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema presentó el escrito de acusación en contra del exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, señalado de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Se trata de un proceso judicial que avanza en el alto tribunal, en el que el exmandatario vuelve a ser enjuiciado como presunto responsable de hechos de corrupción que habrían ocurrido durante su gobierno en el departamento (2004 – 2008).
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CONTEXTO: Los juguetes ‘fantasma’ de Hugo Aguilar y una nueva imputación por corrupción
En la más reciente actuación penal, la Fiscalía llamó a juicio al jefe del clan Aguilar por presuntas irregularidades en el Contrato 1724, suscrito en 2007, que tuvo un presupuesto de $650 millones, para la adquisición de regalos que serían entregados en el aguinaldo navideño en esa vigencia.
Según la investigación, aunque la administración departamental pagó todo el contrato los juguetes jamás llegaron ni fueron entregados porque ni siquiera se suministraron por el contratista, terminaron siendo regalos ‘fantasma’.
Por estos hechos la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Aguilar Naranjo, casi dos décadas después, los delitos de peculado y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
La teoría de la acusación argumenta que al parecer hubo una falsa denominación contractual y una adquisición irregular de juguetes. Por lo anterior el jefe del otrora poderoso clan político regional, que ya estuvo en prisión condenado por vínculos con paramilitares, podría enfrentar una pena de hasta 22 años cárcel.
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Direccionamiento de contrato
Para la Fiscalía el exgobernador Aguilar Naranjo, en su rol como ordenador del gasto y representante legal del departamento de Santander, tuvo un papel trascendental en las omisiones y presunto direccionamiento durante la estructuración del contrato 1724 de 2007.
Según el expediente, el exgobernador a través de su entonces secretario de Desarrollo Social, Holger Díaz, condenado por el escándalo de corrupción de Saludcoop, recurrió a una falsa denominación contractual y un trámite incorrecto para evadir la Ley 80 y no realizar una licitación pública.
En tal sentido, el ente investigador señaló que el contrato 1724 de 2007 debió tramitarse bajo las reglas de la Ley 80 de 1993, ya que era claramente un contrato de compraventa de juguetería para niños, no un «contrato de apoyo a programas de interés público«, de hecho, la administración departamental asumió una obligación del pago de todos los juguetes, lo que no corresponde a un convenio de asociación.
“La utilización de una figura contractual que no correspondía a la realidad jurídica y económica de la operación implicó un ocultamiento, impidiendo el control y la fiscalización, y vulnerando los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad”, indicó la Fiscalía.
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Aguilar negó los cargos
Al ser cuestionado por el alto tribunal, el exgobernador Hugo Aguilar negó los cargos que le endilgó la Fiscalía y aseguró que es inocente.
Paralelamente, el abogado Sergio Augusto Ramírez Mantilla, apoderado judicial, enfatizó que estas aclaraciones eran cruciales para el cumplimiento irrestricto de la formulación de imputación en cuanto a la definición concreta y precisa de los hechos jurídicamente relevantes, y para evitar que el silencio de la defensa en la audiencia fuera tomado como una convalidación de una irregularidad sustancial.
Mientras comienza la fase de juzgamiento en su contra, Hugo Aguilar Naranjo está de correría por el departamento haciendo campaña por su hijo, el también exgoberandor Richard Aguilar Villa quien busca reelegirse como Senador de la República a pesar de que al igual que su padre, también enfrenta un juicio penal en su contra por presuntos actos de corrupción en su administración como mandatario de los santandereanos, (2012 – 2015).
