La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará cargos al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de construcción del megacolegio Lucas Caballero, en el municipio de Suaita, Santander, en el que se invirtió un presupuesto superior a los 16 mil millones de pesos.
Para este miércoles, 23 de septiembre, está prevista la audiencia de presentación de cargos en contra del exmandatario santandereano.
METROPOLITANO conoció que la Fiscalía busca imputarle el delito de peculado por apropiación, por presuntas irregularidades en la celebración del contrato 3835 de 2023 para la construcción de la nueva sede del tradicional colegio Lucas Caballero, a pesar de la oposición de la comunidad estudiantil y gran parte de los habitantes de Suaita.
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Aunque el contrato contemplaba un plazo de ejecución de 12 meses, tres años y medio después de firmado la Unión Temporal Colucas 2022 solo ha realizado movimientos de tierra y no ha puesto ni el primer ladrillo de lo que debería ser la nueva infraestructura educativa.
El ente acusador citó a audiencia de imputación de cargos en contra de Aguilar Hurtado como el presunto responsable del fracasado proyecto, que está ad porta de convertirse en un nuevo ‘elefante blanco’ en la región.
- Contexto:
- Megacolegio de Suaita: $16 mil millones para una obra que nunca se construyó
- Juicio disciplinario a contratista y supervisores del fallido megacolegio de $15 mil millones en Suaita, Santander
Obras en zona de reserva forestal
METROPOLITANO revisó el expediente contractual del fallido proyecto encontrando evidentes errores administrativos y presuntas irregularidades que explicarían el retraso de las obras.
Se trata de posibles fallas en los estudios y diseños de la megaobra, con origen en la consultoría contratada en su momento por el alcalde Javier Chacón (quien ya falleció), socio político y amigo personal del exgobernador Aguilar.
Aunque en el cronograma de la obra se estableció que el 13 de febrero del 2024 debía estar terminada, el 16 de febrero de 2024, tres días después de la fecha límite, la ejecución fue suspendida porque el contratista requería realizar el traslado de una red de media tensión y hacer un ajuste al proyecto para incluir actividades indispensables para la estabilidad y funcionamiento de la nueva infraestructura.
A pesar de ser una obra inconclusa que recibió de la administración anterior, el año pasado el gobernador Juvenal Díaz, con pocas semanas de haber asumido su cargo, anunció que en la primera semana de abril se reanudarían las obras.
Sin embargo, sin que pudieran reactivarse, la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, emitió la Resolución RCA No. 0071 mediante la cual impuso una medida preventiva de carácter ambiental, ordenando la suspensión inmediata de las actividades de tala, remoción de tierra y de capa vegetal en el predio ya que estaba afectando la franja forestal protectora de dos fuentes hídricas y solicitó el aislamiento y reforestación de 30 metros aledaños a cada una de las mismas.
METROPOLITANO confirmó que los estudios y diseños para el nuevo megacolegio contemplaron que las obras estuvieran a menos de ocho metros del cauce de las quebradas Chorreras e Inmaculada, que bordean el terreno establecido para la nueva sede del Lucas Caballero, lo que sería la génesis de los problemas que hoy tiene a esta ‘megapromesa’ empantanada desde hace más de un año.
Revisando el proyecto se encuentra que en su formulación no se tuvieron en cuenta las afectaciones ambientales a las dos corrientes hídricas identificadas por la CAS.
Se contempló la construcción de obras entre 4 y 8 metros de distancia desde el borde de la fuente hídrica, lo cual fue alertado por la autoridad ambiental en la Resolución 0071 del 23 de mayo de 2024, que impuso medidas preventivas por afectar la zona forestal protectora de las dos corrientes hídricas y no respetar los 30 metros de distancia para las obras.
Tras ser notificada, la Gobernación interpuso un recurso el cual fue negado por la CAS, que reiteró que por ser un predio rural la franja de protección no puede ser inferior a 30 metros.
Según los cálculos de la CAS, la franja forestal protectora ocupa 46 % del área total del predio, en otras palabras, el 38 % de las obras de la sede del Lucas Caballero están localizadas en una zona de protección ambiental.
El recurso de apelación de la Gobernación a la CAS buscaba que la autoridad ambiental permitiera que las zonas limítrofes con las fuentes hídricas pasaran de 30 a 15 metros de distancia, pero la corporación lo rechazó y ratificó que la franja forestal protectora debe ser de 30 metros.
Contrato a punto de la liquidación
Teniendo en cuenta que el 60 % de los recursos con lo que se financia el proyecto provienen del Sistema General de Regalías, el Gobierno nacional ordenó la cesación de pagos del proyecto hasta que no haya una decisión de fondo.
“La Subdirección de Control de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías del Departamento Nacional de Planeación el 25 de agosto de 2024 expidió el acto No. SDC 202444600, inicia el Procedimiento Administrativo de Control PAC- 2298-24 y mediante Resolución 2463 del 27 de agosto de 2024 impuso la medida de protección inmediata de suspensión inmediata de pagos”, dice la orden del DNP.
La situación es tal, que incluso la Nación puso a consideración de la Gobernación de Santander la posibilidad de contemplar la liquidación anticipada del millonario contrato, teniendo en cuenta las múltiples fallas y el letargo en las obras.
“Para el efecto, la entidad ejecutora deberá determinar la pertinencia de continuar con la ejecución del proyecto, o por el contrario si se comprueba que la continuación de la ejecución es inviable porque no cuenta con licencias o permisos, asimismo, el Acuerdo 007 de 2022, en su artículo 4.5.2.1. establece cuando, como consecuencia de una sustitución de fuentes proceda la liberación parcial de recursos, corresponderá a la secretaría técnica u oficina de planeación o la que haga sus veces, de la entidad o instancia que aprobó el proyecto de inversión, verificar que el valor por la fuente a sustituir no tenga pagos asociados”, propuso el DNP.
Desde junio de 2024 la Contraloría realiza seguimiento a la fallida obra del Lucas Caballero
Esta postura de la Contraloría fue respaldada por la Procuraduría, que en el marco del seguimiento que hace a este proyecto lo sugirió.
El pasado 6 de noviembre el Ministerio Público realizó una visita a la Gobernación, y dentro de los compromisos adquiridos por el gobierno seccional estuvo la definición final del alcance del proyecto, es decir si se da trámite a ajustes o, por el contrario, se realiza el proceso de desaprobación del proyecto y liberación de los recursos ante el SGR.
Lea también: Exgobernador Mauricio Aguilar, a punto de ir a juicio por presuntas irregularidades en contrato de plan de medios
Nueva imputación
Esta es la segunda imputación en contra del exgobernador Aguilar Hurtado ante la Corte Suprema. El año pasado, el ente acusador había hecho lo propio al endilgarle cargos a Mauricio Aguilar por las presuntas irregularidades en el contrato del Plan de Medios que su administración le entregó al Canal TRO por más de $2.500 millones.
Además, la Fiscalía también le imputó cargos por la presuntas irregularidades en un proceso de elección en la CDMB.
Aguilar Hurtado también está siendo investigado penalmente por las inconsistencias en el megaproyecto del Anillo Vial Externo Metropolitano; así como también por el despido irregular de Sergio Agón de la gerencia del RAP del Gran Santander.
