Unas 800 personas de la etnia motilón-barí llegaron a Cúcuta para instalarse en plan de protesta indefinida, reclamando el cumplimiento de la sentencia T-052 de 2017 de la Corte Constitucional, que protege los derechos territoriales y colectivos de esta comunidad indígena.
Los representantes de 23 comunidades aseguran que el Estado ha incumplido compromisos fundamentales, como la delimitación de su territorio ancestral, lo que amenaza sus prácticas de caza y pesca y los pone en riesgo de desaparición. También denuncian la falta de acceso a agua potable y la ausencia de avances en materia de saneamiento básico, lo que los expone a graves problemas de salud.
Alexander Dora, vocero de las comunidades, advirtió que no se retirarán de la capital de Norte de Santander hasta ser escuchados directamente por el presidente Gustavo Petro. “Estamos preocupados por la falta de respuestas y de compromiso para cumplir las órdenes judiciales que garanticen nuestros derechos étnicos, sociales y territoriales”, señaló.
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La protesta incluye a hombres, mujeres y niños, quienes han levantado un campamento en la ciudad a la espera de soluciones. Entre sus exigencias figuran garantías de protección de su territorio frente a la deforestación, apoyo a las economías legales, atención integral en salud y educación, reparación a las víctimas y la implementación de planes de vida y justicia propia.
Aunque el gobernador William Villamizar sostuvo un primer encuentro con los líderes indígenas y ofreció una reubicación temporal, las comunidades insisten en que la decisión final depende de la respuesta que dé el Gobierno nacional.
El mandatario regional anunció que viajará a Bogotá para gestionar compromisos ante las autoridades, mientras busca con el alcalde de Cúcuta soluciones inmediatas para garantizar alimentación, condiciones dignas de alojamiento y apoyo logístico a los manifestantes.
