En medio del cambio de Gobierno, el Inpec ejecutó una operación penitenciaria que pasó casi inadvertida: 167 internos fueron trasladados a diferentes cárceles del país, incluidos varios reclusos enviados a establecimientos de Santander y Cúcuta.
Los movimientos quedaron consignados en la Resolución 006052 del 6 de agosto de 2026, expedida un día antes de la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella. La medida fue independiente de los 117 traslados de internos de alto perfil vinculados a procesos de paz que se hicieron públicos durante la jornada del 7 de agosto.
El documento establece que las reubicaciones respondieron a diferentes circunstancias: solicitudes de los propios internos o sus familias, informes de seguridad y evaluaciones de riesgo realizadas por las autoridades penitenciarias.
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Entre los establecimientos que recibieron internos aparece la cárcel Palogordo de Girón, en Santander. Allí fue enviado Rafael Escobar Patiño, alias Monstrico, considerado en su momento uno de los hombres más buscados del bloque Meta de las disidencias de las Farc. Su nuevo destino es el pabellón de alta seguridad.
Girón también recibió a Marlon Herrera Zárate, alias W o Walter, señalado como uno de los líderes de una estructura criminal que posteriormente se convertiría en el Clan del Golfo y condenado por múltiples delitos cometidos en Barrancabermeja.
La lista de reubicados hacia el penal de Girón incluye además a Nick Ain Hernández Barrios, Albín Haminton Mejía Quiñones, Juan Pablo León Ruiz, Gilber Jarbey Suárez Mesa, Davinson Flórez Cuello, César Stiven Núñez Quiñónez, Cristian Armando Díaz Ibáñez y Diego Sebastián Ávila Ortiz.
Santander también recibió internos en el CPMS de Socorro. Entre los trasladados figuran William Giovanny Rodríguez Gómez y Carlos Andrés Ortiz Julic.
Los movimientos no se limitaron a esos establecimientos. En el caso de traslados individuales, Jefersson Steven López Rodríguez fue enviado a San Gil, mientras que Gabrielis Ojeda Osorio terminó en Cúcuta.
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Seguridad, el principal argumento
Según la resolución relevada por EL TIEMPO, una parte importante de los cambios de cárcel fue ordenada a partir de las llamadas “actas de seguridad”, documentos en los que las direcciones de los establecimientos reportan situaciones que podrían poner en riesgo a los internos o afectar la seguridad dentro de los penales.
Entre las razones aparecen conflictos entre estructuras criminales, amenazas y la necesidad de separar a integrantes de una misma organización para impedir que mantengan coordinación desde las cárceles.
La resolución también incluye el traslado de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, quien pasó de la Escuela de Carabineros de Bogotá a la cárcel de Ibagué. La empresaria cumple una condena de cinco años y tres meses por los hechos relacionados con la vandalización de una estación de TransMilenio durante el paro nacional de 2019.
La magnitud de la operación revela una amplia redistribución de internos por distintas regiones del país, justo en los días en que Colombia iniciaba una nueva etapa política con el cambio de Gobierno.
