La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el senador santandereano Miguel Ángel Pinto Hernández por el presunto delito de acceso carnal violento, tras una denuncia presentada por una extrabajadora que asegura haber sido víctima de abusos durante el tiempo en que estuvo vinculada laboralmente con el congresista.
La decisión fue adoptada por la Sala de Instrucción luego de una etapa preliminar de indagación en la que se recopilaron testimonios y documentos que, según el alto tribunal, ameritan profundizar en el proceso judicial para establecer la veracidad de los hechos denunciados.
De acuerdo con la acusación, la mujer sostiene que Pinto habría aprovechado su posición de superior jerárquico para obligarla a sostener encuentros sexuales durante aproximadamente diez meses, mientras se mantuvo la relación laboral. Estos señalamientos son ahora materia de investigación por parte de la Corte Suprema.
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Como parte del avance del expediente, el magistrado instructor Misael Rodríguez citó al congresista a diligencia de indagatoria para este lunes. La defensa del senador solicitó aplazar la audiencia argumentando que el abogado principal se encuentra fuera del país y que el suplente tenía compromisos previamente adquiridos.
Sin embargo, el despacho judicial rechazó la petición y confirmó que la diligencia se realizará este lunes a las 2:00 de la tarde. Asimismo, autorizó que los representantes del senador participen de manera virtual mediante la plataforma Zoom.
La apertura formal de la investigación se produce en un momento clave para la carrera política de Pinto. El dirigente liberal presentó recientemente su renuncia al Senado de la República, decisión que puso fin a más de una década de actividad legislativa y que podría tener efectos sobre el curso del proceso judicial.
Con la pérdida de su condición de congresista, el caso podría salir de la órbita de la Corte Suprema de Justicia y pasar a la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumiría la investigación una vez deje de contar con el fuero constitucional que ampara a los miembros del Congreso.
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La salida de Pinto del Capitolio se dio en medio de una serie de renuncias de legisladores que decidieron apartarse de sus cargos antes de finalizar el actual periodo constitucional. En la comunicación enviada al Senado, el dirigente santandereano argumentó razones personales y familiares para justificar su retiro.
Su renuncia también coincidió con el cierre de una extensa trayectoria política dentro del Partido Liberal. Durante más de 12 años ocupó curules en la Cámara de Representantes y posteriormente en el Senado, participando en debates relacionados con asuntos constitucionales, laborales y de seguridad social.
Aunque decidió no aspirar nuevamente al Congreso, su influencia política se mantuvo en las elecciones legislativas recientes a través de la candidatura de su hijo, Miguel Ángel Pinto, quien resultó elegido senador para el periodo 2026-2030.
La investigación contra el dirigente liberal se suma a otros procesos recientes que involucran a congresistas por presuntos delitos de violencia sexual. Uno de los casos más recientes es el del senador Alirio Barrera, del Centro Democrático, quien también enfrenta una investigación en la Corte Suprema.
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En el expediente contra Barrera, los hechos denunciados se remontan a 2016, cuando ejercía como gobernador de Casanare. Según la denuncia, la presunta víctima habría acudido a una reunión en el despacho del entonces mandatario departamental para coordinar un evento de juventudes cristianas, escenario en el que supuestamente ocurrió la agresión.
Ese proceso es adelantado por el magistrado Marco Antonio Rueda y comenzó formalmente tras la recepción de la denuncia el pasado 6 de marzo.
Mientras avanza la investigación contra Miguel Ángel Pinto, la Corte Suprema deberá determinar si existen méritos para formular cargos y continuar con el proceso judicial. Por ahora, el congresista conserva la presunción de inocencia mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.
El caso ha generado amplia atención en el escenario político nacional, especialmente por tratarse de una de las figuras más visibles del liberalismo santandereano y por las implicaciones que podría tener tanto en el ámbito judicial como en el futuro de su movimiento político.
