La Procuraduría General de la Nación requirió información urgente al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC) de San Gil tras conocerse un brote de tuberculosis que afecta a reclusos y funcionarios del Inpec, en medio de una creciente preocupación por el avance de esta enfermedad en Santander.

La intervención del Ministerio Público se produjo luego de que la Secretaría de Salud de San Gil confirmara cerca de 29 casos de tuberculosis dentro del centro penitenciario, situación que encendió las alertas sobre las condiciones de atención médica y aislamiento de las personas privadas de la libertad.

Ante este panorama, la Procuraduría Provincial de Instrucción de San Gil solicitó a las directivas del penal información detallada sobre el número de contagios registrados, el estado de salud de los pacientes y las medidas adoptadas para contener la propagación de la enfermedad.

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El ente de control también pidió establecer si el centro carcelario cuenta con zonas de aislamiento, cuál es su capacidad y en qué condiciones funcionan. Además, busca verificar qué entidad presta actualmente los servicios médicos y de enfermería dentro del establecimiento y cuáles son los protocolos sanitarios activados frente a la emergencia.

La situación ocurre en una temporada dificil para Santander, departamento que ya acumula 504 casos de tuberculosis y 30 fallecimientos durante 2026, según cifras de las autoridades sanitarias. El territorio se ubica como el cuarto con más contagios en Colombia, superado únicamente por Antioquia, Bogotá y Cali.

Los municipios con mayor número de casos son Bucaramanga, con 231 contagios; Floridablanca, con 78; Barrancabermeja, con 71; Piedecuesta, con 46; Girón, con 22; y San Gil, con 12 casos reportados oficialmente fuera del brote carcelario.

Las autoridades de salud han advertido que el hacinamiento, la falta de ventilación y las condiciones sanitarias en algunos centros de reclusión pueden facilitar la propagación de enfermedades respiratorias como la tuberculosis, razón por la cual la Procuraduría busca determinar si se están garantizando los derechos fundamentales y la atención adecuada a la población privada de la libertad.