Un reconocido complejo turístico de Santander quedó en el centro de una investigación judicial por presuntos vínculos con estructuras paramilitares del bloque Central Bolívar. Testimonios entregados ante Justicia y Paz señalan que el resort habría servido como refugio de cabecillas, escondite de armas y escenario de inversiones financiadas con dinero de extorsiones y actividades ilegales.

Se trata de La Posada Campestre, un hotel ubicado en la vía entre San Gil y Charalá, que ahora enfrenta un proceso de embargo y secuestre por presunto enriquecimiento ilícito, testaferrato y nexos con grupos paramilitares.

La decisión fue adoptada luego de que una magistrada de la Sala de Justicia y Paz compulsara copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al propietario del establecimiento, Óscar Ardila.

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El caso tomó fuerza por dos testimonios entregados ante la justicia por exintegrantes del frente Comuneros del bloque Central Bolívar, quienes aseguraron que miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia financiaron parte de la expansión del resort y utilizaron sus instalaciones como centro de operaciones, de acuerdo con un artículo publicado por la Unidad Investigativa de El Tiempo.

Uno de los declarantes es Gerardo Mateus, alias Rodrigo, quien aseguró que el hotel era conocido como ‘La Carbonera’ y que allí habrían comenzado las actividades ilegales del frente Comuneros en esa zona de Santander.

Según su versión, los paramilitares eligieron el lugar porque desde una habitación con balcón podían detectar movimientos militares y vigilar posibles operativos del Ejército en la región.

Alias Rodrigo también afirmó que en el hotel, al parecer, se habrían almacenado armas cortas utilizadas por estructuras urbanas del grupo armado ilegal y que posteriormente se propuso una sociedad con el propietario del establecimiento para ampliar el complejo turístico.

En su declaración aseguró que alias Víctor, comandante paramilitar, habría entregado dinero y materiales de construcción obtenidos presuntamente mediante extorsiones a comerciantes y empresas de la región para construir nuevas cabañas y una piscina.

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El exparamilitar señaló además que parte del cemento suministrado por una empresa presuntamente extorsionada terminó siendo utilizado en las obras del hotel.

Otro de los testimonios fue entregado por César Augusto Orduz Barraza, quien sostuvo que el propietario del resort colaboraba con operaciones relacionadas con la compra y venta de bienes que eran recuperados o apropiados por la organización ilegal.

Tras conocerse las declaraciones, la Fiscalía y las autoridades judiciales avanzan en la recolección de pruebas para determinar la posible responsabilidad penal y patrimonial dentro del caso.

Por su parte, Óscar Ardila negó a El Tiempo cualquier vínculo con grupos paramilitares y aseguró que, aunque integrantes de esas estructuras frecuentaban el restaurante del hotel, él terminó siendo declarado objetivo militar tras denunciar actividades sospechosas ante el Batallón Galán.

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El empresario afirmó además que años después recibió amenazas y presiones económicas desde prisión por parte de exparamilitares que buscaban extorsionarlo utilizando el nombre del hotel y los supuestos vínculos con las autodefensas.

Según explicó, las remodelaciones y ampliaciones del resort fueron financiadas mediante créditos bancarios que, asegura, se encuentran debidamente documentados desde mediados de la década de los noventa.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen bajo medida cautelar el complejo turístico, considerado uno de los destinos campestres más reconocidos de la región santandereana.