La violencia que marcó a Barrancabermeja entre finales de los años 90 y comienzos de los 2000 vuelve al centro de la justicia transicional tras conocerse que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 personas por su presunta responsabilidad en la toma paramilitar de la ciudad.
La decisión involucra a nueve antiguos integrantes del Ejército, dos de la Policía y un exfuncionario vinculado al área de seguridad de Ecopetrol. El caso hace parte del subcaso Magdalena Medio del Caso 08, que investiga posibles alianzas entre agentes estatales, paramilitares y terceros civiles.
De acuerdo con la JEP, la estructura habría buscado expulsar de Barrancabermeja a la guerrilla y a quienes fueran considerados sus supuestos colaboradores. La estigmatización alcanzó a habitantes de barrios populares, sindicalistas, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
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La investigación reconstruyó 14 masacres, además de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, seguimientos de inteligencia, amenazas y persecución contra organizaciones como la Unión Sindical Obrera (USO) y CREDHOS.
El expediente establece que, entre el 8 de enero de 1998 y el 29 de diciembre de 2000, al menos 431 personas fueron asesinadas y otras 85 fueron víctimas de desaparición forzada en Barrancabermeja.
La JEP también señaló posibles responsabilidades por omisión de antiguos comandantes militares. Según la Sala, algunos de ellos tenían información, recursos y capacidad de mando para prevenir los crímenes, controlar a sus subordinados y proteger a la población civil.
Entre los comparecientes aparecen los generales retirados Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez y Alberto Bayardo Bravo Silva, además de otros oficiales del Ejército y miembros retirados de la Policía.
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Para construir la decisión, la JEP recopiló durante tres años versiones de comparecientes y víctimas, documentos de archivos militares, policiales y de Ecopetrol, informes y sentencias de Justicia y Paz, entre otras fuentes.
La decisión constituye, según la propia jurisdicción, la primera imputación de este tipo dentro del Caso 08 contra integrantes de la Fuerza Pública por el conjunto de hechos asociados con la toma paramilitar de Barrancabermeja.
El proceso abre ahora una nueva etapa para determinar las responsabilidades individuales de los comparecientes y avanzar en el esclarecimiento de uno de los episodios más graves de violencia que sufrió el Puerto Petrolero durante el conflicto armado.
