El cuestionado John Abiud Ramírez busca su cuarta reelección en la dirección administrativa de la Cámara

El exalcalde de Girón, John Abiud Ramírez, aspira a un cuarto periodo consecutivo al frente del manejo administrativo de la Cámara, cargo que ocupa desde 2020.

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Este 20 de julio, mientras se instala el nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República, se llevará a cabo una de las elecciones más estratégicas en el capitolio pero menos visibles para la opinión pública nacional: la del director administrativo de la Cámara de Representantes.

Entre los aspirantes al cargo, en el cual está ‘atornillado’ hace varios años, aparece un nombre que ya conoce bien la dinámica en la Cámara y ha tenido respaldo de los congresistas a pesar de cuestionamientos, el exalcalde de Girón, John Abiud Ramírez Barrientos, conocido en el mundo político como ‘John Avión‘. Ha estado en el cargo desde el 2020.

Ramírez ha logrado mantenerse en la secretaría administrativa de la Cámara durante tres periodos consecutivos de dos años cada uno.

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Su interés en permanecer en la dirección no es menor, pues este cargo es considerado uno de los más apetecidos del Estado, ya que tiene bajo su mando el manejo de una chequera presupuestal que supera los 500 mil millones de pesos. Sus funciones incluyen dirigir licitaciones, celebrar contratos, ordenar el gasto y ejercer la representación legal de la Cámara en materia administrativa.

Además, el cargo ofrece una remuneración anual de casi mil millones de pesos, sumando salario mensual, primas de gestión, bonificaciones y otros beneficios como esquemas de seguridad.

Sin embargo, para el periodo 2026-2028, el camino de Ramírez no parece estar despejado. Aunque por su influencia entre los congresistas y manejo de información privilegiada tiene mayores posibilidades, la lista de elegibles para este cargo está conformada por 32 aspirantes. Estos candidatos ya han sido citados para el próximo 13 de julio de 2026 por la presidencia de la Cámara para avanzar en el proceso de selección antes de la votación definitiva en la plenaria.

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Cuestionamientos y escándalo de la UNGRD

A pesar de su poder, la aspiración de John Abiud Ramírez está rodeada de fuertes cuestionamientos revelados en varios informes de METROPOLITANO.

Este medio ha documentado cómo el nombre de Ramírez ha sido salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Según reportes, los exdirectivos de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, habrían señalado a Ramírez como una «ficha clave» en el entramado de desvío de recursos.

Las sospechas se centran en el giro de más de $600 mil millones de pesos destinados a obras de emergencia en Girón y Oiba, municipios considerados fortines políticos de Ramírez.

Lo más alarmante, según las denuncias, es que muchos de estos contratos terminaron en manos de empresas vinculadas a cuestionados contratistas como Emilio Tapia y los primos Nule. Aunque Ramírez ha negado cualquier vínculo ilícito, la Fiscalía mantiene una línea de investigación activa para determinar su responsabilidad en estos hechos.

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Nepotismo y maquinaria en Santander

Otro eje de los cuestionamientos a Ramírez es el presunto nepotismo ejercido desde su cargo en la Cámara.

Se le señala de utilizar su posición para beneficiar con contratos a familiares de su pareja sentimental, Milena Garcés Acevedo. Entre los beneficiarios estarían sus cuñadas Liliana y Tulia Inés Garcés, y su cuñado Roque Garcés, quienes habrían recibido contratos por valor de decenas de millones de pesos para diversas labores de apoyo administrativo en la Cámara y otras entidades locales.

Además, se cuestiona el uso de la entidad como un fortín burocrático para fortalecer el clan Ramírez, su estructura política en Santander,

Un ejemplo es el caso de Sergio Isnardo Muñoz, socio político de Ramírez, quien recibió seis contratos que suman más de $817 millones en la Cámara antes de inscribirse como candidato a la misma corporación por el partido de la U. Muñoz se ‘quemó’ en las elecciones legislativas de 2026.

También se resalta su alianza con el representante Wilmer Carrillo, quien ha sido su principal impulsor en el Congreso y hoy es investigado por la Corte Suprema de Justicia.

La intención de Ramírez de quedarse en la Dirección Administrativa de la Cámara significaría que enfrenta un mal momento político por recientes golpes electorales y estaría descartando su aspiración a la Gobernación de Santander, una idea que ha venido tomando fuerza en círculos regionales así como había crecido rápidamente su poder como cacique electoral.

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