El proceso para la delimitación del páramo de Santurbán enfrenta un nuevo capítulo judicial. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga admitió una acción de tutela presentada por líderes comunitarios de Vetas, quienes solicitan la protección de cinco derechos fundamentales que, aseguran, estarían siendo vulnerados durante el trámite adelantado por el Ministerio de Ambiente para expedir una delimitación parcial del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.
La acción constitucional fue interpuesta por cuatro representantes de organizaciones comunitarias del municipio minero y cuenta con el respaldo de algunos habitantes de Bucaramanga y de los municipios de Soto Norte. Los demandantes reclaman garantías para los derechos a la participación ciudadana, al debido proceso, al acceso a la información pública ambiental, a la igualdad y al derecho de petición, al considerar que el procedimiento no ha garantizado una participación efectiva de las comunidades involucradas.
De acuerdo con los accionantes, el Ministerio de Ambiente pretende avanzar en la expedición de una resolución de delimitación sin haber culminado el proceso de concertación ordenado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-361 de 2017, fallo que anuló la delimitación expedida en 2014 precisamente por irregularidades relacionadas con la participación ciudadana.
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En la tutela se solicita al despacho judicial ordenar al Ministerio abstenerse de expedir cualquier delimitación parcial o progresiva mientras no exista una decisión de fondo sobre la acción y hasta que concluya el proceso de concertación con los 40 municipios involucrados, tal como, según los demandantes, lo exige la Corte Constitucional.
La representante jurídica de los accionantes, Gloria Lucía Álvarez Pinzón, afirmó que el Gobierno estaría modificando las reglas del proceso al impulsar una figura denominada «delimitación progresiva«, creada mediante la Resolución 863 de 2026. Según sostuvo, ese mecanismo no está contemplado en la Ley 1930 de 2018 ni fue autorizado por la Sentencia T-361 de 2017, por lo que consideran que carece de respaldo legal y constitucional.
Los líderes comunitarios también cuestionan que la eventual delimitación solo abarcaría 19 de los 40 municipios vinculados al proceso, pese a que, aseguran, ya existen acuerdos de concertación con un número mayor de territorios. A su juicio, esta decisión fragmentaría un procedimiento que debía desarrollarse de manera integral.
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Otro de los argumentos expuestos en la tutela está relacionado con el acceso a la información. Los accionantes sostienen que la consulta pública se realizó principalmente mediante documentos técnicos y archivos especializados de sistemas de información geográfica, lo que, según indican, dificultó que campesinos y habitantes de las zonas afectadas comprendieran el alcance real de la propuesta y los posibles impactos sobre sus predios y actividades productivas.
Los habitantes de Vetas advierten que una delimitación parcial tendría efectos directos sobre la minería legal y otras actividades económicas desarrolladas históricamente en la región. Señalan que una decisión adoptada antes de finalizar el proceso de concertación podría afectar el sustento de cientos de familias de Soto Norte y generar consecuencias económicas y sociales para municipios con tradición minera.
Finalmente, los accionantes manifestaron su expectativa de que la justicia garantice el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional y evite que se adopten decisiones que, en su criterio, podrían afectar de manera irreversible a las comunidades asentadas en el área de influencia del páramo de Santurbán.
