El incumplimiento de una orden judicial que buscaba proteger la vida de cientos de campesinos terminó en una de las sanciones más severas de los últimos años contra autoridades de Santander.
El Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga impuso multas de 30 salarios mínimos —conmutables por tres meses de arresto— al gobernador Juvenal Díaz; a la secretaria de Infraestructura departamental, Jessica Juliana Mendoza y a los alcaldes de Mogotes, Leydi Johana Almeida, y Molagavita, Luis Arnulfo Ramírez por desatender el mandato de construir una estructura segura que reemplazara la tarabita artesanal con la que las comunidades cruzan el río Chicamocha.
En su fallo, que también afecta a los directores nacionales del Instituto Nacional de Vías (Invías), Jhon Jairo González, y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo(Ungrd), Carlos Alberto Carrillo, el juez compulsó copias a la procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que, dentro de sus competencias, inicien las investigaciones disciplinarias y fiscales a que haya lugar.
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#Santander l Tres personas sufrieron heridas leves al reventarse el rudimentario sistema de poleas que usan para cruzar el río Chicamocha entre veredas de Mogotes y Molagavita.
— Metropolitano Noticias (@metropolitano_X) April 27, 2025
Sobre el lugar pesan medidas cautelares de un juzgado que ha solicitado la construcción de un puente. pic.twitter.com/o3FjAykQLg
La decisión se produjo tras concluir que, pese a que la orden judicial fue emitida en diciembre de 2023 y ratificada en enero de 2024, durante 22 meses no se avanzó en la construcción de un puente temporal ni en la implementación de medidas que redujeran el riesgo para los habitantes de las veredas Felisco (Mogotes) y Río Chico (Molagavita).
En ese tiempo, la tarabita —un sistema precario improvisado hace seis años— continuó en uso sin garantías mínimas, incluso después de accidentes que dejaron personas lesionadas.
La crisis no es nueva. Desde 2019, líderes comunitarios como Marco Antonio Velásquez han acudido a acciones populares para exigir un puente que evite tragedias en un río cuyo caudal se incrementa con cada temporada de lluvias.
Aunque se solicitó ayuda al Ejército Nacional, esta institución aclaró que su capacidad se limita a instalar puentes vehiculares, no peatonales, como el que se requiere.
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Aunque en julio de 2024 Invías se comprometió a realizar estudios y la Gobernación y la Ungrd a financiar una estructura modular, los avances han sido mínimos y el costo estimado —13.000 millones de pesos— supera la capacidad presupuestal del departamento, de acuerdo con lo expuesto por Jessica Mendoza, secretaria de Infraestructura de Santander.
Mientras tanto, niños y adultos siguen arriesgando su vida para estudiar, trabajar o vender sus productos. “Tres personas, entre ellas un menor, se salvaron de ser arrastradas por la corriente. Las comunidades quedaron incomunicadas y aún esperamos que se construya el puente”, denunció Velásquez.
Aunque años atrás se logró trasladar a los estudiantes más pequeños a instituciones más accesibles, algunos niños y muchos adultos continúan utilizando el sistema improvisado para cruzar, ante la falta de alternativas seguras.
Con la sanción, el juzgado busca presionar la ejecución de una obra que la región reclama desde hace más de cinco años y cuya ausencia mantiene a cientos de habitantes en riesgo permanente.
