La justicia colombiana dio un giro crucial en el proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Una jueza de control de garantías aprobó el principio de oportunidad solicitado por la defensa de Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la entidad, quien se convierte ahora en testigo clave contra 27 congresistas y altos funcionarios que habrían participado en la red de desvío de recursos públicos.

La decisión valida las más de 21 declaraciones entregadas por López y una matriz con detalles de la presunta red de corrupción. El exfuncionario aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación, pero la acción penal en su contra quedará suspendida por un año —con posibilidad de prórroga—, siempre y cuando cumpla con los compromisos de colaborar con la justicia, servir de testigo de cargo, expresar arrepentimiento y garantizar la no repetición de conductas ilícitas.

El abogado de López, José Luis Moreno Caballero, celebró la determinación y aseguró que se trata de un “paso histórico en la lucha contra la corrupción en Colombia”.

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En el proceso judicial se conoció que, entre marzo de 2023 y febrero de 2024, el exdirector de la Ungrd direccionó contratos de mitigación y atención de emergencias en varios departamentos, con el fin de beneficiar a contratistas específicos, congresistas y otros funcionarios. Según las investigaciones, los recursos destinados a la atención de desastres habrían sido desviados hacia sobornos, contratos irregulares y enriquecimiento ilícito.

Con la aprobación del principio de oportunidad, el caso Ungrd —considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la administración pública reciente— entra en una nueva fase.

La Fiscalía y la opinión pública esperan que las revelaciones de López permitan desentrañar la compleja estructura de corrupción y llevar ante la justicia a los demás responsables.

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El principio de oportunidad, una figura prevista en la legislación colombiana, busca privilegiar la obtención de verdad y pruebas contra estructuras criminales más amplias, a cambio de suspender o interrumpir los procesos contra quienes colaboren activamente.

En este caso, la expectativa está puesta en que la información de López sirva para imputar a congresistas, exfuncionarios y empresarios vinculados con la red.

Fuentes cercanas al proceso aseguran que la Fiscalía ya trabaja en nuevas líneas de investigación con base en los testimonios y documentos entregados. El reto será avanzar en las imputaciones contra los mencionados, sin que los procesos se dilaten o se caigan en instancias judiciales superiores.