El expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria, recibió dos días adicionales para presentar por escrito su apelación. La prórroga fue otorgada por la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, durante la audiencia de individualización de la pena, celebrada esta semana.
Aunque la ley establece cinco días hábiles para presentar el recurso, la jueza aceptó ampliar ese plazo, y ahora la defensa del exmandatario —liderada por el abogado Jaime Granados— tiene hasta el próximo 11 de agosto para radicar formalmente la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.
El fallo contra Uribe, revelado cuatro días después de ser declarado culpable, establece una pena de 144 meses de prisión (12 años), multa de 2.420 salarios mínimos e inhabilidad para ejercer funciones públicas por más de ocho años. La jueza lo encontró responsable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, aunque fue absuelto del cargo de soborno simple.
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Este caso marca un hecho sin precedentes en la historia del país: es la primera vez que un expresidente colombiano es condenado penalmente.
El proceso se remonta al año 2018, cuando la Corte Suprema abrió una investigación contra Uribe por presuntamente intentar manipular testigos que lo vinculaban con grupos paramilitares. Según la jueza, el exmandatario habría operado a través de terceros, como el abogado Diego Cadena, para influir en testimonios clave.
Durante el juicio, que duró 67 días, declararon testigos como Juan Guillermo Monsalve, Eurídice Cortés Velasco y Carlos Enrique Vélez, cuyas versiones fueron determinantes para la sentencia.
Pese a que el fallo no está en firme, Heredia ordenó que Uribe comience de inmediato a cumplir la condena en su finca de Llanogrande, en Rionegro (Antioquia), bajo supervisión de las autoridades. Según explicó, esta medida busca evitar un mensaje de impunidad y preservar la convivencia ciudadana.
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La jueza también argumentó que el exmandatario cumple con los requisitos de arraigo y proporcionalidad para acceder a la prisión domiciliaria.
De prosperar la apelación, el caso será revisado por el Tribunal Superior de Bogotá y, eventualmente, podría llegar a la Corte Suprema de Justicia en casación. Esta última deberá pronunciarse antes del 16 de octubre, fecha límite para que el proceso no prescriba.
Por ahora, la defensa insiste en que Uribe mantiene su presunción de inocencia. “Él ha estado muy activo en su defensa, dando ejemplo”, dijo el abogado Granados en declaraciones a El Tiempo.
La condena a Uribe ha generado un intenso debate nacional y ha sido calificada como un punto de quiebre en el tratamiento judicial de figuras de alto poder en Colombia.




