La audiencia en la que la Fiscalía pretendía imputar cargos a Juliana Guerrero por presuntamente presentar títulos académicos falsos no pudo realizarse este viernes debido a su inasistencia. El proceso fue aplazado y ahora deberá comparecer el próximo 10 de marzo ante un juez de control de garantías en Bogotá.
La diligencia estaba prevista en los juzgados de Paloquemao y sería liderada por el Juzgado 25 de Control de Garantías. Sin embargo, ante la ausencia de la exaspirante al Viceministerio de las Juventudes en el gobierno de Gustavo Petro, el despacho decidió reprogramarla.
La Fiscalía General de la Nación le atribuye a Guerrero la presunta presentación de dos títulos falsos registrados en el Sigep, supuestamente expedidos por la Fundación San José: uno como tecnóloga y otro como contadora pública. Según la investigación, los documentos presentarían inconsistencias graves.
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Los delitos que se prevé imputar son fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. En el mismo expediente aparece vinculado Luis Carlos Gutiérrez, quien se desempeñaba como secretario general de la Fundación San José al momento de los hechos. Su abogado tampoco asistió a la audiencia.
Expertos en derecho penal advierten que la inasistencia a la diligencia debe ser debidamente justificada. De lo contrario, la Fiscalía podría solicitar una orden de captura para garantizar la comparecencia. Incluso, el proceso podría avanzar en ausencia de la investigada, bajo la figura de contumacia.
El caso judicial se suma a cuestionamientos recientes en el ámbito fiscal. Tras una investigación de METROPOLITANO, la Contraloría de Santander confirmó irregularidades en dos contratos suscritos por Guerrero con la Universidad Industrial de Santander (UIS) durante 2023 y 2024.
El informe final de auditoría evidenció fallas en planeación, supervisión y ejecución de los contratos 306-2023 y 113-2024. Aunque existía soporte contractual, el ente de control concluyó que no se aportaron entregables verificables que demostraran el cumplimiento efectivo de las obligaciones pactadas.
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La Contraloría también cuestionó la redacción ambigua en los contratos, donde se utilizó la expresión “persona natural y/o profesional”, término que, según los auditores, carecía de precisión técnica sobre las competencias requeridas.
Como resultado, el ente fiscal confirmó hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $2 millones, señalando como posibles responsables tanto a la contratista como a los supervisores de los convenios.
Ahora, la atención está puesta en la nueva fecha de audiencia, donde Juliana Guerrero deberá explicar su ausencia y enfrentar formalmente los cargos que le formularía la Fiscalía.
